Este lunes, el Tribunal de Casación de París volverá a tener en sus manos el destino de Vincent Lambert, el hombre de 42 años que desde hace diez se encuentra en un estado de conciencia mínima por las lesiones cerebrales sufridas tras un accidente de tráfico, y cuya vida depende ahora más de una cuestión de derecho internacional que de un análisis médico.

Este mismo tribunal decretó el 20 de mayo, cuando todo parecía perdido y decretada su muerte, que Vincent fuese realimentado y rehidratado. Pero fue solo una medida cautelar antes de estudiar el fondo de la cuestión, a saber: si la resolución, también cautelar, del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es o no de inmediata aplicación por el Estado francés. 

Eso es lo que tiene que decidirse ahora. Para Jean Paillot, abogado de los padres de Lambert, Pierre y Vivienne, no hay duda: la posición del gobierno francés, expresada por la ministra de Sanidad, Marisol Touraine (partidaria de suspender la alimentación), y por el presidente Emmanuel Macron (quien se lavó las manos en el asunto, alegando que no es competencia suya), es "inadmisible".

"El gobierno francés pretende responder al Comité de la ONU sobre el fondo pero rechazando las medidas cautelares, sin tan siquiera utilizar el mecanismo previsto para alegar una imposibilidad de aplicar las medidas cautelares. ¡Se convierte en juez y parte! Es inadmisible... No se trata de una querella familiar. Se trata de un asunto de Estado: el gobierno francés rechaza aplicar una convención internacional en el ámbito de los derechos humanos. ¡Es asombroso!", dijo Paillot a Gènétique, portal de noticias de bioética.

Pierre y Vivienne Lambert.

En efecto, tras agotarse las vías legales en Francia, los padres acudieron a la ONU y el comité correspondiente aceptó estudiar el caso, algo que puede durar años. Mientras, determinó que Lambert sea mantenido con vida. Vincent no está en estado terminal, ni siquiera está enfermo ni recibe un tratamiento: es una persona cuyo nivel de actividad cerebral, mínimo y oscilante pero existente, no le permite alimentarse por su cuenta, aunque sí puede deglutir. Sin embargo, el Estado rechazó aplicar esas medidas cautelares e inició el 20 de mayo el proceso para matarle, rápidamente detenido por los jueces que deben ahora pronunciarse de nuevo.

Se calcula que en Francia hay unas 1500 personas en situación similar a la de Lambert, y cuyos familiares esperan este fallo con aprensión. Las leyes francesas Léonetti y Claeys-Léonetti, que alega el gobierno, se refieren al ensañamiento terapéutico, y como explica Paillot, no es el caso: "Estamos ante una eutanasia por omisión de cuidados". Si se aplicasen a Vincent esas leyes, se estaría produciendo "una discriminación contra las personas discapacitadas", pues en su caso se estaría considerando ensañamiento terapéutico la simple atención de cuidados básicos, que incluyen la alimentación e hidratación.

Lo único que justificaría (ante la ley) abandonar esos cuidados sería la voluntad del paciente, pero en este caso, explica Paillot, dicha voluntad solo ha sido "presumida e interpretada", según declaraciones verbales que habría hecho Vincent a su esposa antes del accidente, en el sentido de que, de verse como está ahora, preferiría morir. "¿Qué valor real tiene la expresión de la voluntad de una persona antes de ser discapacitada?", se pregunta Paillot: "Nadie quiere ser discapacitado. Nadie querría estar en la situación de Vincent. Así que, como el 100% de las personas no quiere estar en su situación, ¿debemos matar sin dilación a todas las personas que se encuentren en un estado de conciencia alterada?"

"Soy de aquellos que creen que no existen infra-humanos", concluye Paillot, "que no existen seres humanos que no merezcan vivir por la única razón de ser discapacitados. Estamos ante un combate por la civilización".