Este martes ha comenzado en el Vaticano un juicio con gran relevancia internacional y catalogado como histórico en el que se juzgará por primera vez a un cardenal y a otras nueve personas por delitos de corrupción y relacionados con inversiones inmobiliarias.

El cardenal Angelo Becciu, que fue despejado de sus derechos cardenalicios, llegó a ostentar en un primer lugar el cargo de secretario de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y posteriormente prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Tal y como informa la agencia Efe en el juicio comparecen el cardenal Becciu y otras nueve personas, entre los que hay trabajadores laicos y religiosos del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades.

El proceso trata de esclarecer si se cometieron delitos de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres.

Los hechos que juzga ahora el Vaticano se remontan a 2013, cuando la Secretaría de Estado compró un edificio en Londres y destinó fondos del Óbolo de San Pedro, institución que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad.

Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado desde 2011 a 2018. En mayo de 2018, el Papa Francisco le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos.

Sin embargo, el año pasado y tras verse salpicado por este escándalo, el propio Francisco le obligó a presentar su renuncia a este cargo y a sus derechos como cardenal. De esta manera, Becciu conserva su título, pero no podrá participar en un futuro cónclave.

El purpurado, de 73 años, se convierte en el más alto funcionario vaticano acusado de delitos financieros. Siempre ha mantenido su inocencia y ha asegurado ser “víctima de una maquinación deliberada” que le ha expuesto «durante estos largos meses» a una «picota mediática sin igual (…), sufriendo en silencio, incluso por el respeto y la tutela de la Iglesia», a la que ha dicho dedicar toda su vida.

Una de las novedades del juicio es que se regirá por las nuevas normas emitidas por el Papa el pasado 30 de abril en un motu proprio que asigna a la Justicia ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, hasta ahora competencia del Tribunal Supremo.

En las audiencias de este martes y miércoles se abordarán solamente cuestiones preliminares, como las objeciones técnicas de las defensas. El juicio en sí comenzará en octubre con dos sesiones semanales. Tendrá lugar en un tribunal provisional ex profeso, instalado en los Museos Vaticanos, pues debido a las restricciones por la pandemia las salas ordinarias no podían acoger al elevado número de acusados, abogados y periodistas.