Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en los micrófonos de Cadena Cope ha reiterado que el Gobierno español debería preocuparse de "todas las víctimas de abusos", y no solo de los abusos que se producen en entornos eclesiales. Lleva desde 2022 declarándolo.
En una entrevista con Carlos Herrera, Argüello ha recordado hace unos días se reunió con el equipo del Defensor del Pueblo que hizo su propio (y polémico) informe sobre abusos, por encargo del Congreso (aunque no es función del Defensor del Pueblo recibir encargos del congreso ni tampoco investigar entidades no públicas). Asociaciones como E-Cristians pidieron al Defensor investigar todos los abusos, no solo los eclesiales.
Hay que recordar que pese a toda la campaña de El País, el Informe Gabilondo encontró sólo testigos de 27 abusos a menores en el siglo XXI en España (en el marco de 23 años, en un país con 23.000 parroquias y entre 1,2 y 1,5 millones de menores en las escuelas católicas).
Este informe del Defensor del Pueblo aún no se ha presentado como tal a los diputados. La cúpula de Conferencia Episcopal también se reunió con muchas asociaciones de víctimas y de acompañamiento a víctimas.
Y ahora Argüello ve que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, acusa a la Iglesia de "unilateralidad" al abordar la atención y compensación a víctimas.
"Esta acusación de unilateralidad por parte del Gobierno en realidad es un halago porque si la Iglesia en las diócesis y congregaciones religiosas no reconociera una suerte de obligación moral para abrir esta puerta a víctimas de abusos que tienen las vías jurídicas cerradas, si nosotros por propia iniciativa no hubiéramos tomado esta decisión las víctimas se encontrarían con las puertas cerradas que nosotros queremos abrir dado que las jurídicas están clausuradas", ha declarado en COPE el líder del episcopado español. Ya dijo algo similar al presentar el plan ante la prensa el martes.
Y ha insistido: "El Gobierno de la nación debe preocuparse de todas las víctimas de abusos". Argüello ha añadido que la Iglesia pone a disposición del Gobierno su experiencia si el Gobierno quiere trabajar en "un plan que abarque a todas las víctimas", no solo a las de entornos eclesiales.
Argüello explicó que en reunión presencial con Bolaños ya le dijo que "si el Gobierno hacía algo solo pensando en las víctimas de la Iglesia como una especie de señalamiento público, no íbamos a estar de acuerdo y no nos íbamos a sentar en esa misma mesa y también se lo hice saber por escrito".
El ministro Bolaños con el arzobispo Argüello y el portavoz episcopal García Magán el 18 de abril de 2024 en La Moncloa:
Argüello señala las contradicciones que ve en el Gobierno: "En un momento desde el Gobierno se nos ha dicho que no hacíamos nada y ahora que hacemos una propuesta integral proponiendo este plan de reparación cuando las vías de derecho se habían cerrado se nos acusa de unilaterales, pero este reproche lo convierto en un halago".
Ante la pregunta de Carlos Herrera sobre si el Gobierno trata de hacer una causa política con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el presidente de la CEE reconocía abiertamente que «da esa impresión». También lamentaba que este asunto haya sido utilizado «tanto mediáticamente como políticamente».
Reparar más allá de lo que pide la justicia civil
Sobre el plan de atención a víctimas, detalló que "quiere abrir una puerta para la reparación integral de aquellas víctimas de abusos cuyos procedimientos jurídicos por prescripción o por muerte del victimario ya han concluido". El presidente de la CEE ha subrayado que con este plan de reparación abren «un cauce en el que la víctima esté en el centro de la reflexión y busquemos la verdad y al justicia».
La reparación incluye, dijo, "el aspecto económico", también "un acompañamiento y se pide perdón como institución". Sobre la indemnización, ha puntualizado que será "bien por el daño moral producido o bien por los gastos que se hayan podido propiciar por los tratamientos que esa persona haya podido necesitar".
Ha recordado que en muchos casos la vía jurídica está cerrada. La vía de Derecho Canónico, con las nuevas normas, puede levantar prescripciones caso por caso.
La Confer explica el Plan Priva y su Comisión
El Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos es ahora conocido, para abreviar, como Plan Priva. Es fruto de años de colaboración entre los obispos y las congregaciones religiosas coordinadas en la Confer.
El secretario general de Confer, Jesús Miguel Zamora, indicó en Mediodía COPE que este plan permite actuar también "en los que el victimario ha fallecido o el caso ha prescrito". Jesús Miguel Zamora explicó que la víctima puede presentar su caso a la diócesis o congregación implicada, y que el caso será analizado también en la Comisión Asesora de 8 expertos creada por los obispos y la Confer.
“Puede haber víctimas que no quieran hablar ni con la diócesis ni la congregación, y que tampoco lo haya hecho con el Defensor del Pueblo, y pueden dirigirse directamente a la Comisión Asesora", explicó.
Esta comisión se dotará de un correo electrónico y de personas que acojan a las víctimas para estudiar su caso. “Una vez que la comisión asesora compruebe que la persona pueda provenir de un abuso ocurrido en una diócesis o congregación, se las informará tanto a una como a otra, pero la persona concreta va a tener información directa”, ha aclarado.
La Comisión tendrá "un reglamento interno de trabajo en la que tendrá que haber un presidente, un relator que estudie los casos y aprender la forma de trabajo concreta por que no es fácil saber cuántas peticiones de consulta va a tener". Lo que los obispos han aprobado esta semana son unos criterios orientadores para la Comisión.
Para elaborar el Priva, dijo, "se han tenido en cuenta muchos de los encuentros con víctimas a las que se ha escuchado y de ahí han nacido las cosas concretas que luego se reflejan en el documento. Decir que una persona por el hecho de no haber estado presente a la hora de la redacción o de poner una coma en ese documento ya no se tiene en cuenta a las víctimas me parece que eso es dudar de que no se las haya tenido en cuenta".
Bolaños y sus declaraciones: nada constructivo
El pasado lunes, justo antes de reunirse los obispos para aprobar y presentar su Plan Priva, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños acogió en la Moncloa a delegados de distintas asociaciones ligadas a la lucha contra el abuso infantil (no todas centradas en los abusos eclesiales).
De forma desconcertante para los obispos y las reglas de separación y colaboración entre Iglesia y Estado, Bolaños hizo difundir que "el Gobierno no aceptará en ninguna circunstancia un sistema unilateral como el propuesto".
La realidad es que ante casos no prescritos, está la vía judicial, y ante casos prescritos el Gobierno no tiene mucho que decir, y es la Iglesia, por propia iniciativa, la que busca formas de ayudar a las víctimas.
Bolaños hizo circular declaraciones incendiarias ante la prensa como "ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado".
Ese "estar de vuestro lado" no está claro en qué se concretaría, ni si se refiere a las víctimas de todo tipo (de abuso en el deporte, la escuela pública, entornos criminales, en la familia...)
En su informe sobre abusos eclesiales, el Defensor del Pueblo hacía una serie de recomendaciones al Gobierno, que en teoría el Ejecutivo asumió formalmente en un "plan de implementación" aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2024. Pero parece que lo único que el Gobierno entiende de este plan es pedir cosas a las entidades eclesiales y nada más.
La sensación que se tiene en la Iglesia es que el Gobierno no va a hacer nada útil ni concreto por las víctimas ni contra los abusos, en ningún entorno, pero que se va a dedicar a decir una y otra vez que la Iglesia no lo hace suficientemente bien, que nada de lo que haga la Iglesia es "adecuado". Es decir, criticar, sin construir.
Las asociaciones que acudieron a la reunión con Bolaños fueron la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA); la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR); Justice Initiative España; Asociación contra los Abusos Sexuales en la infancia (ACASI); Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (LULACRIS); la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA); Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet. En Moncloa hablaron con el ministro Bolaños, el subsecretario, Alberto Herrera, y la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.