Bolaños quiere controlar el plan episcopal contra los abusos: es «oportunismo», responde la Iglesia

El País desveló este domingo que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha escrito una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la que le informa de que "no aceptará" que la Iglesia indemnice a las víctimas de abusos de forma "unilateral", es decir, sin el control del Ejecutivo.

Además el Gobierno anuncia una reunión con las víctimas este lunes, un día antes de que los obispos aprueben en asamblea plenaria extraordinaria su Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (Priva), en un claro intento de boicotearlo.

Estrategia de hostilidad y señalamiento público

De esta forma da un paso más en su estrategia de convertir a la Iglesia ante la opinión pública en única responsable de los abusos a menores (aunque los sacerdotes son solo el 0,2% de los abusadores) y torpedear todas las iniciativas de prevención y reparación que emprende, generando insatisfacción y polémica en torno a ellas.

De hecho, apenas una semana después del primer encuentro "cordial" de Bolaños con los obispos Luis Argüello y César García Magán, presidente y secretario general, respectivamente, de la Conferencia Episcopal Española, que tuvo lugar el 18 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan de indemnización solo para las víctimas atribuidas a la Iglesia cuyos casos hayan prescrito. Y anunció un acto público de reconocimiento y reparación que enseguida fue denunciado por parte de los obispos como "un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado".

Ahora el Ejecutivo da un paso más para alentar un clima de hostigamiento, al pretender intervenir en la gestión de lo que los obispos decidan hacer como institución ajena a la Administración, en lo que desde la Iglesia consideran "una muestra clara de oportunismo". Según recoge Ecclesia, las fuentes consuladas consideran la carta de Bolaños "inaceptable en el fondo y en la forma" y ven su filtración por el Ministerio una "deslealtad personal e institucional".

Además, lo que pretende el Gobierno es "monopolizar el trato con las víctimas" para utilizarlas en su propio interés político. Inmiscuirse en el plan de la conferencia episcopal supone "una amenaza para la vida y misión de la Iglesia y para su independencia".