Tanto el juez de Zaragoza Luis Carlos Martín Osante como el alcalde zaragozano Jorge Azcón (PP) y su equipo de gobierno saben que en los Ayuntamiento no deben colocarse banderas y emblemas que no sean los oficiales, y lo saben porque lo ha recordado recientemente una famosa sentencia del Tribunal Supremo del 26 de mayo.

Pero a ellos les da igual y parece que tanto el juez como el alcalde se niegan a aplicar la ley y apoyan la bandera del lobby gay, una bandera de un grupo de intereses particulares que no representa a las ciudadanos y que los contribuyentes ni han elegido ni han decidido.

Zaragoza es una ciudad importante con casi 970.000 habitantes, gobernada por Jorge Azcón desde mayo de 2019 con el apoyo de Ciudadanos (el PP obtuvo solo 8 de los 31 concejales). Este viernes el alcalde ha colocado la bandera del lobby gay en la fachada de la Casa Consistorial (frente a la Basílica del Pilar) dando aplausos entusiastas y acompañado de otros concejales, pese a que ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que lo impide.

El Gobierno del PP y Ciudadanos de Zaragoza pone la bandera gay pese a la sentencia del Supremo que exige que los espacios públicos sean neutrales y usen solo banderas oficiales

La Asociación de Abogados Cristianos recurrió esta acción pero el juez titular del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Zaragoza, Luis Carlos Martín Osante, aunque admite que la jurisprudencia prohíbe colocar banderas no oficiales, ha decidido que no procedía prohibir la colocación de la bandera escudándose en defectos de forma en la petición de Abogados Cristianos.

Así, tanto el juez como el Ayuntamiento perseveran en mantener algo que saben que es contrario a la ley.

El Tribunal Supremo a finales de mayo declaró que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

El juez Martín Osante reconoce en su auto que «la doctrina del Tribunal Supremo se convierte en una suerte de prohibición para los entes públicos, y en especial para los Ayuntamientos, a la hora de colocar banderas no oficiales, como en el caso que nos ocupa, y también en relación con la bandera gay o LGTB a la que se alude».

Pero después de admitir eso, el juez enumera «determinados defectos de orden procesal» que «no permiten la estimación de la medida cautelarísima que se pide», es decir, la orden de retirar la bandera. El juez no ve que Abogados Cristianos esté legitimado para pedir la retirada de la bandera. Y dice que la parte recurrente "se limita a formular una solicitud de medidas cautelarísimas (…), pero no formula, a la vez, un escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo".

El caso contrario: una juez de Cádiz retira la bandera de forma cautelarísima

Mientras el juez de Zaragoza no admite la petición de Abogados Cristianos, una juez de Cádiz admite un texto prácticamente idéntico para el mismo tema: retirar la bandera gay del Ayuntamiento de Cádiz (116.000 habitantes).

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Cádiz ha ordenado este viernes al Ayuntamiento de la ciudad retirar la bandera LGTBI colocada en el balcón del Consistorio con motivo del "Día del Orgullo" convocado para el domingo. La juez accede a la petición de medida cautelarísima solicitada por la asociación Abogados Cristianos, que interpuso una querella contra el alcalde de Cádiz, José María Gónzalez, "Kichi" (de Podemos). Abogados Cristianos lo acusa de prevaricación administrativa por actuar en contra de lo acordado por el Supremo (la sentencia del 26 de mayo).

La juez de Cádiz detalla que en la sentencia del Supremo “se diferencia de las banderas oficiales, las banderas que corresponden a instituciones privadas, y que pertenecen a asociaciones, sociedades, agrupaciones con fines deportivos, ideológicos, religiosos, étnicos , culturales, o de determinadas reivindicaciones sociales, etc… que no son consideradas oficiales, aunque sí representan los intereses de grupos y organizaciones, es el caso de la bandera arcoíris símbolo del movimiento LGTBI que se ha ubicado en el Ayuntamiento con ocasión del Día del Orgullo Gay, que se celebra el 28 de junio”. Y añade la juez: “no es la bandera oficial por lo que no puede atribuírsele la representatividad de todo un pueblo o nación”.

¿Y tiene sentido actuar con medidas cautelares tan deprisa? Sí, dice la juez, porque “se trata de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción de un perjuicio de imposible o de difícil reparación, como dice expresivamente el artículo 129 de la Ley de la Jurisdicción, asegurando la efectividad de la sentencia”. En definitiva, añade, “se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil”. Que es exactamente lo que ha impedido el juez Martín Osante en Zaragoza. Así, la juez de Cádiz ordena la retirada de la bandera.

¿Y Conrado Íscar (PP) en la diputación de Valladolid? "No es bandera, es colgadura"

El presidente de la diputación de Valladolid, Conrado Íscar, político del PP, también ha colgado la bandera del lobby LGTB en la diputación y se ha hecho fotos en el acto con otros concejales, uno de ellos con la bandera de ideología transexual.

Conrado Íscar, político del PP, presidente de la Diputación de Valladolid, también ha colocado en 2020 el emblema de los lobbies LGTB y se niega a retirarla, pese a la sentencia del Tribunal Supremo

Abogados Cristianos también ha protestado y la Diputación, controlada por el Partido Popular, ha respondido: ""La bandera LGTBI sólo se retirará si lo ordena un juez", para matizar luego que "no se trata de una bandera que ondea junto a las oficiales, ni siquiera en otro balcón, sino que se trata de una colgadura con los colores arco iris, no bandera".

(Con el mismo argumento, los independentistas catalanes podrían decir que cuando colocan la bandera estelada independentista no es una bandera sino una colgadura con los colores de Cataluña y una estrella añadida, roja o blanca).

"Hacen con la bandera gay lo que criticaban con la ikurriña o estelada"

Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, pide que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”.

Critica además que “muchos políticos hacen con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra”, "las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo", insiste.

En otros lugares hay alcaldes que sí acatan la sentencia del Supremo. El alcalde de Madrid, José-Luis Martínez Almeida, que en 2019 presumía de que ondearía la bandera gay, este año no la ha colocado debido a la sentencia del Supremo.

En el pueblo de Villanueva de Algaidas, el alcalde Juan Antonio Cívico explica que “nosotros habíamos colocado la bandera en el balcón del consistorio, como habíamos hecho los dos años anteriores. Y el lunes llegó la Guardia Civil al ayuntamiento y me comentan los agentes que tres vecinos se habían quejado y que querían que se retirara. Yo lo consulté con distintas fuentes y me dijeron que en los edificios oficiales solo se pueden colocar banderas constitucionales. Así que decidí quitarla”. El alcalde hizo bien en cumplir la normativa sobre banderas.

Un entusiasta de la causa LGTB en este pueblo regaló 400 banderas a algunos vecinos (muchas banderas en cada una de las casas que las aceptaron). Pero no es lo mismo pagarlo del propio bolsillo que usar el Ayuntamiento de todos los contribuyentes.