El 29 de noviembre, tras cinco horas de debate, el Parlamento británico aprobó, por 330 votos a favor y 275 en contra, una proposición de ley que permitiría el suicidio asistido a los enfermos terminales en Inglaterra y Gales cuya esperanza de vida sea inferior a seis meses, siempre que cuente con la aprobación de dos médicos y un tribunal. En Escocia se está debatiendo una ley similar.

Aún puede pasar mucho tiempo antes de su entrada en vigor. De hecho, la parlamentaria que la ha impulsado, la laborista Kim Leadbeater, se ha dado un plazo de dos años para concluir el trámite parlamentario. Cuenta con el respaldo del primer ministro Keir Starmer, pero no con el de los dos ministros principalmente afectados, el de Sanidad, Wes Streeting, y la de Justicia, Shabana Mahmood. 

Eutanasia y suicidio para ahorrar coste sociales

La experiencia de otros países dice que una ley de esta naturaleza supone un incentivo del suicidio para todas las personas a las que lo permite -quieran o no-, no reduce las demás modalidades de suicidio y abre el tradicional plano inclinado que en pocos años convierte el caso excepcional en la norma. Así ha sucedido, por ejemplo en Suiza, donde se aprobó en 2004 para casos similares a la ley británica, para irse ampliando a casos no terminales en 2007, a patologías de la edad en 2014, a sufrimientos insoportables en 2018 y a sufrimientos morales en 2024 (al ser absuelto un médico que mató a un paciente que no soportaba la viudedad).

¿Qué mueve entonces a los países a moverse en esa dirección? Cada vez es más claro que el hundimiento de la natalidad y la mayor esperanza de vida están envejeciendo la población a ritmos insospechados, multiplicando las cargas sociales y sanitarias sobre el llamado Estado del Bienestar hasta hacerlo inviable.

Muchos Gobiernos optan entonces por facilitar la eliminación de población anciana, y en el caso británico el diario Telegraph sugiere que la forma de hacerlo es una coacción económica insoportable sobre los herederos del 'beneficiario' de la ley del suicidio asistido.

El cebo fiscal

Actualmente, según el sistema inglés, las pensiones heredadas no inciden sobre el impuesto sobre la renta si el tenedor muere antes de los 75 años, pero sí en caso de que fallezca después de esa edad, lo que multiplica la carga fiscal. Según el experto en pensiones Andrew Tully, el tipo impositivo podría ascender hasta el 45%: "Por ejemplo, heredar 500.000 libras después de ese límite de edad podría suponer una factura fiscal de 225.000 libras, frente a cero en caso de que el tenedor muerta antes".

¿Qué haría entonces una persona de 74 años y medio aquejada de una enfermedad terminal? ¿No se sentiría presionada a solicitar la muerte por suicidio asistido, para evitar que su muerte, pocas semanas después del término fatídico, suponga para sus seres queridos una merma económica de esa magnitud?

De ahí que desde compañías de inversión se estén ya pidiendo salvaguardas legales para impedir factores financieros en una decisión de suicidarse o no.

Pero, además del impacto sobre el impuesto sobre la renta, está el impacto sobre el impuesto de sucesiones, que actualmente no se aplica a las pensiones en el Reino Unido. Esto, sin embargo, cambiará a partir de abril de 2027, según anunció la ministra de Hacienda, Rachel Reeves. Por lo cual, según calculan expertos para el Telegraph, algunos parientes podrían tener que pagar hasta un tipo del 91% por la pensión recibida.

Argumentos en el debate

Durante el debate en el parlamento británico, opositores a la ley de ambos partidos expresaron su inquietud por la situación que crea la permisión del suicidio asistido.

Lo hizo el nuevo líder conservador en la oposición, Robert Jendrick, pero también la diputada laborista Diane Abbott, quien lo hizo en términos muy expresivos: "Habrá quienes se digan a sí mismos que no quieren ser una carga. Puedo imaginarme a mí misma diciéndole en determinadas circunstancias. Otros se preocuparán por la merma que supondrá el coste de su cuidado en el capital que esperaban dejar a sus nietos. Los habrá que piensen que ni siquiera deben ocupar una cama de hospital".

"Se nos dice que no hay pruebas de coacción allí donde el suicidio asistido es posible, pero es que la gente no suele escribir cartas a sus pacientes enfermos instándoles a pensar en el suicidio asistido para luego ponerlas en el correo", ironizó Abbott: "En el contexto familiar, la coacción puede consistir no en lo que dices, sino en lo que no dices: la coacción es algo de lo que tal vez no haya pruebas materiales ni pueda verse".