El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha dictado una sentencia según la cual “es muy improbable que un niño de 13 años o menos tenga capacidad para dar un consentimiento a la administración de bloqueadores de la pubertad”, y “es dudoso que un niño entre 14 y 15 años pueda comprender y sopesar los riesgos a largo plazo y las consecuencias de la administración de bloqueadores de la pubertad”.

En cuanto a los menores de 16 o más años, los jueces consideran que “puede presumirse que tienen capacidad para consentir al tratamiento médico”, pero “dadas las consecuencias a largo plazo de las intervenciones clínicas, y dado que el tratamiento es todavía innovador y experimental, los médicos pueden considerar que en estos casos debe procurarse la autorización del tribunal antes de comenzar el tratamiento clínico”.

La sentencia especifica que los jueces no han decidido “sobre los beneficios o perjuicios de tratar a niños con disforia de género con bloqueadores de la pubertad, tanto a corto como a largo plazo". Han recibido durante el juicio "gran número de pruebas" en un sentido u otro, pero no se pronuncian al respecto: " Eso no es asunto nuestro. El único aspecto legal en este caso son las circunstancias en las que un niño o joven tiene capacidad para dar un consentimiento legalmente válido a un tratamiento”.

El caso de Keira

El origen de esta sentencia se encuentra en la demanda de Keira Bell, de 23 años, contra Tavistock, el centro británico de "perturbadora historia" donde se llevan a cabo tratamientos de 'reasignación de sexo" a menores de edad. En los últimos años, hasta 18 médicos han abandonado voluntariamente el centro por razones éticas. Consideran que el centro deriva menores que padecen disforia de género hacia tratamientos hormonales de 'reasignación' sin suficiente asesoramiento psicológico que permita plantear alternativas.

Keira es una joven de 23 años que cuando tenía 16 quiso ‘cambiar de sexo’ y empezó a recibir bloqueantes de la pubertad. A los 17 le inyectaron testosterona y a los 20 fue sometida a una doble mastectomía. Posteriormente quiso recuperar su sexo biológico (‘detransición’), y demandó a Tavistock por no haber recibido un asesoramiento psiquiátrico adecuado que podría haberla convencido de no llevar a cabo la ‘transición’.

“Esta sentencia protege a niños vulnerables y estoy muy satisfecha de que haya prevalecido el sentido común”, dijo Bell al concluir el proceso, según recoge Daily Mail: “Yo tomé una decisión impulsiva cuando era adolescente, como hacen muchos adolescentes, intentando encontrar la confianza y la felicidad, y ahora me veré afectada negativamente el resto de mi vida”.

Dos etapas de un único proceso

Uno de los puntos en disputa era el vínculo entre la administración de bloqueadores de la pubertad y la administración de hormonas sexuales cruzadas, que producen “cambios irreversibles”, como infertilidad o disfunciones sexuales.

Tavistock sostenía que son procesos separados. Pero los jueces han dado la razón a los abogados de Keira, en el sentido de que la probabilidad de que un niño que inicia un tratamiento pase al siguiente es “muy alta” porque “forman dos etapas de un proceso clínico, y una vez en ese proceso es extremadamente raro que un niño lo abandone… La evidencia muestra que la inmensa mayoría de los niños que reciben bloqueadores de la pubertad reciben luego hormonas sexuales cruzadas”.

Protección a los menores

El abogado de Keira, Paul Conrathe, calificó la sentencia como “histórica en la protección de los niños que padecen disforia de género”. De hecho, el Reino Unido está comenzando a reaccionar ante la epidemia de casos de 'transición' de menores (incremento del 2496%) producida por el adoctrinamiento escolar y mediático en ideología de género. Se produce una gran confusión en los menores que les introduce en tratamientos sin base experimental fiable y cuyas consecuencias todavía son en buena medida desconocidas.

Por todo ello, la ministra para la Mujer y la Igualdad, Liz Truss, se comprometió en la Cámara de los Comunes a "asegurarse de que los menores de 18 años estén protegidos de las decisiones que puedan tomar que sean irreversibles en el futuro".