Ha nacido algo completamente nuevo en la historia de la relación Iglesia-Estado en España: una comisión mixta de cooperación con representantes de un Gobierno autonómico y representantes de las diócesis de esa región.

Ha nacido en Valencia. Un espacio estable para llegar a acuerdos conjuntos sobre, dice el acuerdo, "patrimonio cultural, enseñanza y educación, asistencia sanitaria en centros hospitalarios del Sistema Valenciano de Salud, asistencia social y justicia". Es decir, excepto protocolo y liturgia, de todo. 

Algo así no existía en ninguna comunidad autónoma española.

Y ha nacido ahora en la Comunidad Valenciana, gobernada por una alianza de socialistas, nacionalistas valencianos e izquierda populista. Con el cardenal Cañizares retirándose por edad... pero dejando esta inédita comisión. Con obispos "nuevos" en Valencia (Enrique Benavent) y en Alicante (José Ignacio Munilla cumplirá un año en el cargo dentro de una semana).

¿Será un milagro por el Año Jubilar Mariano de la Virgen de los Desamparados?
¿O tiene que ver con que hay elecciones autonómicas en mayo?
Pero siempre hubo elecciones autonómicas, y en toda España, y nunca antes hubo una comisión mixta de cooperación entre una autonomía y sus diócesis regionales. Eso es novedad absoluta.

Hablamos de la Comunidad Valenciana, donde:

- las asociaciones educativas católicas llevan varios años en pie de guerra, coordinadas en una Mesa de Educación en Libertad,
- donde 40.000 manifestantes llenaron la capital protestando por los recortes a la escuela concertada en 2016;
- donde nació en abril de 2021 una (insólita) asociación de padres católicos de la escuela pública,
- donde los políticos prohibieron los carteles de la campaña Cancelados que decían "rezar ante clínicas abortistas está genial";
- donde en 2017 la Universidad Católica de Valencia y la diócesis tuvieron que crear un Observatorio de la Libertad de Enseñanza
- donde en 2016 el Cardenal Cañizares denunció "una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el imperio gay y ciertas ideologías feministas"... y lobbies LGTB, sindicatos y formaciones de izquierdas pidieron que se le juzgara en los tribunales, mientras los fieles le aplaudían en la plaza;
- donde Cañizares lanzó un vídeo en 2016 pidiendo a los fieles salir a las calles en desagravio por un cartel grosero con la Virgen, y efectivamente llenó la plaza y la catedral...



Gran concentración en Valencia en defensa de la escuela concertada, en su mayoría católica en 2016.



Acto masivo de desagravio a la Virgen en Valencia por un cartel grosero que difundieron unas juventudes políticas de extrema izquierda.


Ahí, tras toda esa movilización, se ha creado ahora la primera comisión mixta que coordina relaciones -y probablemente lime asperezas- entre un Gobierno autonómico y la Iglesia regional.

Lo crea un decreto de la Generalitat

Este jueves 1 de diciembre se ha celebrado en el Palau de la Generalitat valenciana la sesión constitutiva que oficializa la creación de este órgano, que tiene representantes del Gobierno regional y de las diócesis de Valencia, Alicante, Castellón y Tortosa (que tiene unas 40 parroquias en la Comunidad Autónoma de Valencia). Se crea mediante el decreto 37/2022 de 25 de noviembre del president de la Generalitat Valenciana.

Su objetivo declarado es "el asesoramiento y la consulta en materia de patrimonio cultural, enseñanza y educación, asistencia sanitaria en centros hospitalarios del Sistema Valenciano de Salud, asistencia social y justicia". Es decir, todos los temas de relación, y a veces de fricción, en lo que respecta a servicios y colaboración Iglesia-poder autonómico.

El presidente será quien presida la Generalitat; el vicepresidente, el arzobispo de Valencia; habrá cinco vocales de la generalitat (titulares de las Consellerias competentes en cultura, sanidad, asistencia social y justicia) y otros cinco por parte de la Iglesia católica.

En la sesión constitutiva han participado el President de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, el cardenal Cañizares, los cinco consellers, el obispo Munilla de Alicante, el obispo Casimiro López de Castellón; el representante de Tortosa (Víctor Manuel Cardona, ecónomo diocesano), el Vicario general de Valencia, Vicente Fontestad; y el Canciller Secretario del arzobispado, José Francisco Castelló.

La Comisión se reunirá una vez cada seis meses con carácter ordinario. Asimismo, se crearán comisiones delegadas de cada uno de los ámbitos de actuación.

Cañizares y Ximo Puig: evitar problemas, colaboración, diálogo...

El cardenal Cañizares se ha mostrado muy optimista y satisfecho y ha dado ideas para otras regiones: "Si todas las Comunidades Autónomas tuviesen una comisión así, se evitarían muchos problemas en estos momentos. Es un anticipo y un signo de futuro", ha declarado. "Tendremos siempre la disposición de colaborar y buscar acuerdos".

Aseguró que la comisión “expresa las relaciones existentes entre los Obispos de las diócesis de la Comunitat Valenciana y la Generalitat, relaciones de concordia, de colaboración y de estudio de los temas que afectan a la sociedad y a todos los valencianos”.

A la derecha, los consellers... en los cuadros, también vemos políticos del pasado.

A la izquierda, obispos y vicarios... y en los cuadros de su lado, también clérigos. Es la primera vez que un Gobierno autonómico y unos obispos crean una comisión de coordinación conjunta estable en España.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que esta novedosa comisión “refleja una actitud de diálogo constante entre la Generalitat Valenciana y las distintas diócesis de la Comunitat Valenciana” y este nuevo órgano “es necesario por la voluntad de institucionalizar ese diálogo” porque “el valor de la convivencia es el valor fundamental de una sociedad”.

En los ámbitos que trata la Comisión “podemos acelerar y acrecentar la colaboración y cooperación, a través de distintas comisiones, y cuando surja una divergencia de opiniones, lo intentaremos solucionar. Se trata de afianzar un diálogo que siempre da buenos resultados”, ha señalado Puig.

¿Seguirán el ejemplo en las otras comunidades autónomas de España?