"Si no quieres ser padre o madre, adonde no tienes que ir es a una clínica a donar esperma u óvulos", afirma en El Nacional Miquel Roura, uno de los fundadores de la Asociación de Hijas e Hijos de Donantes, junto con María Sellés, quien considera que esta cuestión se plantea "exclusivamente desde el punto de vista de los adultos": "Existe el derecho a la familia, sí, pero para los niños, no para  los adultos", añade.

Ambos han sido víctimas, sobre todo en el adolescencia pero con secuelas que se mantienen, de la angustiosa falta de identidad que les produce la protección legal del anonimato que garantizan las leyes españolas a los donantes.

"La pregunta de cuál era mi origen genético estaba siempre ahí y afectó a todo mi desarrollo psicosocial, algo de lo que me di cuenta después. A los 25 años empecé una terapia sistémica y pude entender que había una pieza descolocada", declara Miquel, de 41 años, a La Razón. A él le contaron la verdad siendo adolescente. Le habían dicho que su padre adoptivo había muerto de una enfermedad degenerativa hereditaria y quiso saber si él podría padecerla también. Saber que no le tranquilizó al principio, pero enseguida apareció la ansiedad de desconocer sus propios orígenes.

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Lo que están pidiendo ahora es un cambio legislativo que les permita acceder a los datos sobre sus progenitores. La Ley de Reproducción Asistida de 2006 protege el anonimato de los donantes sin consideración a las repercusiones que tiene para sus hijos biológicos. No se trata solo de una cuestión psicológica, sino que es determinante para saber si tienen otros hermanos, o cuál es su familia biológica, aparte de para su propio historial médico o el de sus hijos.

"Cuando yo he sido padre me pregunto de dónde vienen muchos de los rasgos de mis  hijos, o cuando me siento delante del pediatra y me preguntan por mi historial médico siento como un golpe", lamenta Roura: "Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y es difícil entender que nos ocurren".

En febrero de 2020, el Comité de Bioética de España, ante las denuncias que recibía en este sentido, recomendó al Gobierno un cambio legislativo que levantase el anonimato sobre las donaciones en reproducción asistida, pero se trata de un órgano consultivo y por el momento nada ha cambiado. Salvo, eso sí, la creciente presión social de los afectados.