El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado el intento de la Generalitat de quitar el concierto a los colegios de educación diferenciada. El pasado mes de mayo, la Consejería de Educación anunció que no renovaría los conciertos educativos a once colegios catalanes que optaron por la educación diferenciada por lo que les daba un año de prórroga para aplicar los cambios.

Sin embargo, este lunes la Justicia ha admitido las medidas cautelares contra esta resolución del gobierno catalán y además de manera paralela ha ordenado renovar dichos conciertos de forma inmediata por un periodo de seis años a partir de este mismo curso.

La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá el fallo judicial y según recoge Europa Press, fuentes de la Consejería de Educación afirman que mantienen su voluntad de no renovar estos conciertos. "Y más ahora cuando hay un consenso mayoritario en el Estado demostrado la semana pasada con la aprobación en el Congreso de la nueva ley de educación", han insistido esas mismas fuentes.

Nada más lejos de la realidad puesto que la Ley Celaá pasó su filtro en el Congreso sin consenso ni debate profundo saliendo adelante con tan sólo un voto de diferencia. Además, esta sentencia resulta una clara advertencia a los promotores de esta nueva ley, que pretendían igualmente retirar los conciertos a los colegios que opten por la educación diferenciada.

Una resolución que avala el derecho de las familias

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel) se ha felicitado por este fallo judicial y ha destacado que el tribunal ha sido “muy claro” al ratificar “de forma inequívoca” el derecho de las escuelas concertadas a seguir recibiendo financiación pública como todos los otros centros del Servicio de Educación de Cataluña independientemente de cuál sea la configuración de sus aulas.

“Esta resolución avala, nuevamente, el derecho de las familias a poder elegir cualquier centro del Servicio de Educación de Cataluña, y garantiza la pluralidad. Además, hay que recordar que el Tribunal Constitucional reconoce que los centros de educación diferenciada deben poder acceder al sistema de financiación pública 'en condiciones de igualdad respecto al resto de centros educativos', sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda convertirse en un 'obstáculo' para dicho acceso”, ha añadido Fapel en un comunicado.

También esta asociación ha recordado que La LOMLOE “también deniega el derecho a la financiación de estas escuelas, y esperamos que los tribunales así lo determinen nuevamente”.

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se une a otras emitidas estos últimos años por otros tribunales de este tipo además del propio Tribunal Supremo y el Constitucional a favor de los conciertos a este tipo de centros.