La Conferencia Episcopal encargó en febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo una auditoría sobre casos de abusos a menores en la historia de la Iglesia española. El despacho animó a todas las víctimas y personas con información a contactar con ellos en el correo electrónico denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com .

En estos 5 meses de trabajo han recibido bastantes informaciones, pero los casos "nuevos" (que no estuvieran ya contabilizados por Conferencia Episcopal, las diócesis o en los listados del diario El País") son unos 100.

Así lo explica Javier Cremades, presidente del despacho de abogados, en una entrevista con Europa Press. Cremades detalla que su equipo -compuesto por 28 miembros, de los que  12 son personalidades internacionales y 6 de ellos representan a despachos especializados en el tema- todavía está clasificando y cuantificando los casos.

Sobre el perfil del abusador, no da muchos datos, excepto que el abusador casi nunca se limitan a una sola víctima. También cree que en la sociedad española hoy "hay más conciencia, pero me temo que los niños no están más seguros". De hecho, su equipo quiere ofrecer unas líneas de acción para mejorar la prevención.

Cifras: saldrán, como en Francia, entre 1.000 y 2.000 víctimas

Cree que en total (contando todas las investigaciones en marcha) habrán salido a la luz "entre 1.000 y 2.000 casos", de los que la mayoría se habría producido entre los años 70 y 80. Las fechas contrastarían con la investigación de abusos en Francia, donde la inmensa mayoría se produjeron entre los años 50 y 60 (y hubo 1.440 víctimas que hablaron, de los que sólo un 17% lo contaba por primera vez).

Hacer cifras, dice, es complicado. "Identificar el volumen, el número de casos, la extensión del fenómeno no va a ser nada fácil porque muchas víctimas no han denunciado, permanecen en el silencio y las comprendemos también", añade.

Asegura que la Iglesia ha mostrado una "enorme colaboración" en la investigación y un "deseo verdadero" de abrir los archivos. Por ejemplo, está programada una visita al archivo de la Archidiócesis de Madrid.

Cremades piensa que en primavera de 2023 podrá presentar su investigación a todo el mundo, al público y a los obispos.

Adelanta que las cifras serán de los datos concretos conocidos: no harán cálculos hipotéticos ni extrapolaciones dudosas como en la investigación francesa (en la que contabilizaron 1.440 víctimas, pero los periódicos hablaban de 300.000, inventándose cifras de casos 'ocultos'").

La investigación incluirá todas las denuncias en entornos eclesiales, también las anónimas (señalando que lo son), e incluyendo a trabajadores de todo tipo, no solo clérigos, como "el servicio de seguridad o de limpieza, no solo en los colegios, no vamos a ser nada restrictivos, no vamos a intentar paliar ni minimizar la dimensión del daño sino presentar la cruda realidad, ni nos vamos a limitar solo a casos jurídicos o prescritos", ha detallado Cremades.

Cremades piensa que los casos que salen a la luz son "la punta del iceberg; creo que hay mucho silencio, venimos de una cultura del encubrimiento y una cultura del silencio, en la que las instituciones ponían la institución antes que el individuo y, por otro lado, las personas sentían un enorme desamparo", advierte.

Su despacho trabaja con expertos de otros despachos y países y con órdenes de la enseñanza con experiencia internacional para ofrecer tanto medidas de prevención y mejorar la seguridad para los niños, como para compensar a las víctimas. Le parece muy interesante el trabajo del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl, que investiga a la diócesis de Múnich y ha emitido ya 3 dictámenes.

La vía penal no siempre es adecuada, asegura

Cremades ha analizado casos de acuerdos extrajudiciales y no los critica en sí mismos, sino que considera que son una posibilidad perfectamente adecuada para muchas personas.

Ha revisado 30 de estos acuerdos que ya se han dado en España, en su mayoría referentes a personal docente laico: la víctima renuncia a la vía judicial y recibe unas compensaciones. Lo considera "sistemas muy interesantes que pueden ofrecer una referencia para modelos de reparación futura" para aquellos casos en los que la víctima demanda "un sistema mucho más discreto y privado de resolución del conflicto". Estos procedimientos, afirma, ya
existen en Alemania y se están implementando en Francia.

"Hemos aprendido de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio", ha apuntado Cremades.

Pero, "en ningún caso", según ha especificado, se está hablando de "baipasear o de eludir" con estos acuerdos la responsabilidad.

La horquilla de indemnizaciones analizada en estos acuerdos oscila entre 9.000 y 50.000 euros, tal y como ha explicado, una cantidad que ha de ser asumida por la orden religiosa o diócesis responsable. Otra cosa es, según añade, que la Conferencia Episcopal Española "pueda y deba proponer modelos de reparación". 

Aprender de los modelos de otros países

Por ahora, el equipo de expertos aún no tiene una propuesta firme sobre sistemas de reparación y aún investiga las experiencias en otros países. "Hay modelos interesantes a estudiar", insiste. Pero no descarta que la Iglesia española venda patrimonio para pagar estas indemnizaciones a las víctimas, como se ha hecho en otros países.

Cremades cree que la Iglesia debe investigar porque "tiene una responsabilidad moral agravada porque asumió esa responsabilidad de tutela, de catequesis de los niños y algunos de sus ministros y empleados han traicionando a la institución", pero cree también que en el futuro habrá también investigaciones sobre abusos a menores en otros ámbitos distintos al eclesial (no dice quién hará esas investigaciones).

De la investigación que el Parlamento encargó al Defensor del Pueblo sobre abusos en ámbitos católicos (y solo católicos, lo cual ha llevado a dos entidades cristianas a presentar un recurso de amparo al Constitucional, por discriminación), Cremades piensa que probablemente ambas investigaciones logren resultados "parecidos" y piensa que son complementarias. "Hemos hablado por teléfono en dos ocasiones y estamos todos alineados en el esclarecimiento de la verdad", ha subrayado.