Los obispos peruanos reclaman orden y no violencia ante la protesta llamada «tercera toma de Lima»

Este miércoles 19 de julio acuden a Lima, la capital peruana, miles de manifestantes ligados a la izquierda, la extrema izquierda o grupos indigenistas en manifestaciones contra la actual presidenta Dina Boluarte y el Congreso, con el título de "Tercera Toma de Lima", en alusión a dos grandes jornadas de protestas anteriores que fueron acompañadas de muchos destrozos, violencia, empobrecimiento grave para miles de ciudadanos y hasta decenas de víctimas mortales en diciembre de 2022 y en marzo de 2023.

El Ministerio del Interior llamó a la población -que recuerda las anteriores olas de vandalismo- a mantener la tranquilidad, asegurando que quien se involucre en actos violentos recibirá una respuesta severa, y hablando de que "los más de 136.000 efectivos policiales que tenemos van a proteger a todos los peruanos, a los que quieren movilizarse y a aquellos que quieren trabajar. La Policía protegerá a todos. Tenemos 24.000 efectivos capacitados en todo el Perú, y 11.000 policías destinados para Lima. Todos capacitados para controlar el orden público, no caer en provocaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos", declaró el Ministro de Interior.

Por su parte, los obispos peruanos han publicado un comunicado conjunto defendiendo tanto el derecho a la protesta pacífica como la intervención de las autoridades para evitar la violencia. "La vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar los derechos ciudadanos. Ningún peruano tiene la potestad de levantar la mano contra otro". advierten los obispos..

Los obispos señalan que "se debe evitar el cierre de vías públicas, facilitar el traslado de emergencias de salud y el acceso al socorro de los bomberos". La nota de los obispos concluye haciendo "un llamado al diálogo a la gran familia peruana, un dialogo entre todas las Sangres, no a la indiferencia egoísta, ni a la violencia destructiva, es momento de unirnos para buscar el bien común de todos los peruanos. ¡Seamos constructores de paz, progreso y esperanza!".

El comunicado lo firman el arzobispo Cabrejos, de Trujillo, el cardenal arzobispo Barreto, de Huancayo y el obispo García Camader, de Lurín, como presidentes y vicepresidentes de la Conferencia Episcopal.

Por su parte, el arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, también difundió su propio comunicado, animando a orar por unas protestas pacíficas y respetuosas, señalando que "preocupa que se repitan también los actos de violencia que causaron tanto caos, zozobra y muertes, además de graves daños a la economía que siguen afectando a miles de familias económicamente más vulnerables, incluidos niños y ancianos".

"No queremos más muertos; tampoco queremos que se destruya la propiedad pública ni la privada, ni que se evite el libre tránsito de aquellos que necesitan circular por las calles o carreteras sea porque necesitan trabajar para llevar el sustento a su hogar o porque requieren atención médica o por otras razones", detalla el arzobispo de Arequipa.

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Nota completa de la Conferencia Episcopal Peruana: "¡No a la violencia destructiva, ni un muerto más!"

Ante la anunciada “tercera toma de Lima” la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana cree oportuno dirigirse al Pueblo peruano, para manifestarle cuanto sigue:

1. El derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente en el Perú (Art 28). En un estado de derecho la protesta es un pilar democrático de quienes no están de acuerdo con una determinada gestión política o administrativa.

2. Por otro lado, la violencia y/o el vandalismo, vengan de donde vengan, deslegitiman el derecho a la protesta. Coincidimos con el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el caso peruano (abril, 2023): “los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta” (párr. 240). Por ello, la vulneración de la paz social y el orden público exigen la intervención de las instituciones responsables de garantizar
los derechos ciudadanos. Ningún peruano (a) tiene la potestad de levantar la mano contra otro (a).

3. El respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, de ciudadanos y agentes del orden, y todos debemos ser rigurosos en su estricto cumplimiento; así mismo, debemos respetar y velar la vida, el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la salud.

4. Igualmente, el respeto a los bienes públicos y a la propiedad privada es una exigencia, no una alternativa; en este sentido, se debe evitar el cierre de vías públicas, facilitar el traslado de emergencias de salud y el acceso al socorro de los bomberos.

5. El Gobierno Peruano, en todas sus instancias, tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajenos a sus urgentes necesidades y justos reclamos, porque no hay democracia sin presencia y participación de la población; pero ésta tiene que estar organizada con presencia activa, debe tener dirigentes con nombre y rostro propios; solo así, las autoridades con la ciudadanía podrán estar legitimadas para el logro y progreso del Perú.

6. Hacemos un llamado a no perder la esperanza. El Perú es nuestro y nosotros somos los únicos responsables de sacarlo de la crisis política, social, económica y moral; así mismo, estamos llamados a respetar y proteger la gran riqueza cultural de nuestro pueblo.

7. También hacemos un llamado al diálogo a la gran familia peruana, un dialogo entre todas las Sangres, no a la indiferencia egoísta, ni a la violencia
destructiva, es momento de unirnos para buscar el bien común de todos los peruanos. ¡Seamos constructores de paz, progreso y esperanza!

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, arzobispo metropolitano de Trujillo, Presidente de la CEP
+ Pedro Cardenal Barreto Jimeno, SJ, arzobispo metropolitano de Huancayo, primer Vicepresidente de la CEP
+ Carlos Enrique García Camader, obispo de Lurín, Segundo Vicepresidente de la CEP