Los obispos argentinos denuncian la saturación de las cárceles del país y la corrupción que sufren
La Iglesia en Argentina culpó a sectores de la Justicia por “el encubrimiento de graves hechos de corrupción” en el país. Lo hizo en una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina sobre las cárceles en la que critica severamente las condiciones de detención, lamenta “la multiplicación de los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la muerte”, y el crecimiento de “la amenaza de hacer justicia por mano propia”.
En ese contexto, advierte que “la paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada”, por lo que considera que “urge recorrer caminos de reconciliación y de amistad social”.
También advierten sobre “la sobrepoblación que existe hoy en la mayoría de las cárceles que dificulta e impide proporcionar los medios, las posibilidades y las propuestas formativas que debe tener todo detenido para su recuperación y futura inserción positiva en la sociedad”. Como también refieren a la cantidad de presos sin condena y dicen que la presunción de inocencia “no siempre es suficientemente tenida en cuenta”.
En ese contexto, advierte que “la paz social que tanto anhelamos se ve fuertemente afectada”, por lo que considera que “urge recorrer caminos de reconciliación y de amistad social”.
En el pronunciamiento, de tres carillas, titulado con la frase de Jesús en el Evangelio “Estuve preso y me viniste a visitar”, los obispos de todo el país expresan que, ante el aumento de los delitos, “la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles”.
Y señalan su convencimiento de que “el camino es otro: concretar y profundizar políticas de inclusión social, que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral”.
Y señalan su convencimiento de que “el camino es otro: concretar y profundizar políticas de inclusión social, que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral”.
La declaración fue aprobada por el casi centenar de obispos de todo el país en su plenario de noviembre pasado, pero su difusión fue postergada para evitar una lectura electoralista ante la campaña con vistas al ballotage presidencial que se estaba desarrollando en ese momento.
Se optó, entonces, por hacerlo durante la primera reunión de la cúpula del Episcopado, que se reunió el lunes y ayer en la Capital Federal. No será el único texto que se difunda esta semana: se espera para hoy otro sobre el tercer aniversario del papado de Francisco, que se cumplió el domingo.
Se optó, entonces, por hacerlo durante la primera reunión de la cúpula del Episcopado, que se reunió el lunes y ayer en la Capital Federal. No será el único texto que se difunda esta semana: se espera para hoy otro sobre el tercer aniversario del papado de Francisco, que se cumplió el domingo.
Los obispos comienzan diciendo que basan sus reflexiones en “la presencia pastoral (de la Iglesia) en las cárceles”. En ese sentido, señalan que “el anhelo de construir una Argentina en paz y justicia exige abordar esta realidad, buscar un cambio de mentalidad y generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de su libertad y, particularmente, de quienes pertenecen a los sectores sociales más vulnerables. Como también de todo el personal comprometido en esta tarea de servicio social”.
Subrayan que, “cualquiera sea su situación, nadie por haber delinquido pierde su condición de persona, Hijo de Dios y miembro de la familia humana. Por lo tanto, debe ser tratado como tal”. Y dicen que “debe afirmarse el valor de la justicia custodiando en toda circunstancia las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, en la conciencia de que la efectiva respuesta judicial a las personas, grupos sociales y a la sociedad toda libera de la discriminación y el espíritu de venganza”.
Denuncian, por otra parte, que “parte de los recursos económicos presupuestados por el Estado para satisfacer las necesidades básicas (de las cárceles) se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos”.
Consideran, además, “inadmisible la existencia de celdas de ‘aislamiento total’ que, sin embargo, siguen existiendo” y critican que las familias de los internos “sufren con frecuencia tratos inhumanos y humillaciones para poder visitar a sus familiares”.
Consideran, además, “inadmisible la existencia de celdas de ‘aislamiento total’ que, sin embargo, siguen existiendo” y critican que las familias de los internos “sufren con frecuencia tratos inhumanos y humillaciones para poder visitar a sus familiares”.
También advierten sobre “la sobrepoblación que existe hoy en la mayoría de las cárceles que dificulta e impide proporcionar los medios, las posibilidades y las propuestas formativas que debe tener todo detenido para su recuperación y futura inserción positiva en la sociedad”. Como también refieren a la cantidad de presos sin condena y dicen que la presunción de inocencia “no siempre es suficientemente tenida en cuenta”.
“Muchas personas son encarceladas por la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, y luego por la lentitud de la justicia u otros intereses, como el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción, o simplemente porque son pobres, pasan largo tiempo detenidos sin condena. Esta situación, que muchas veces se da bajo el matiz de legalidad, sin embargo, es il{icita”.
Finalmente, cuestionan el hecho de “personas a las que se les debería dar un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel, dado que padecen enfermedades graves o terminales, o son mujeres embarazadas, o personas con capacidades diferentes, o o adultos de edad avanzada previstos en la ley”.
Piden, en fin, un “salario digno” para el personal penitenciario.
Piden, en fin, un “salario digno” para el personal penitenciario.
Y concluyen anhelando que, frente al delito, “la respuesta no es sólo el encierro y el olvido en las cárceles”.
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