Este martes, el Gobierno hizo oficial el nombramiento de Isabel Celaá como embajadora de España ante la Santa Sede.

Han pasado treinta y seis años desde que en 1985 Felipe González impusiera a un ateo, Gonzalo Puente Ojea, como embajador ante la Santa Sede.

No es el caso de Celaá, quien se define como católica. Pero como ministra de Educación dejó (además de una ley orientada a imponer la ideología de género a los niños y a estrangular económicamente la enseñanza religiosa, concertada en su abrumadora mayoría) dos frases para recordar.

Una: "No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres", pronunciada desde La Moncloa como portavoz del Gobierno el 17 de enero de 2020 en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, como argumento contra el pin parental.

Y otra anterior, el 14 de noviembre de 2019, durante una intervención leída en el acto de inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, al afirmar que los derechos de los padres a elegir colegio para sus hijos no están amparados en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza la libertad de enseñanza.

Celaá ya era también conocida por considerar la educación de iniciativa social subsidiaria de la estatal (y no al revés, como sostiene la doctrina social de la Iglesia) y por suspender la «demanda social» como criterio para el establecimiento de conciertos económicos con los colegios.

También fue célebre su frase despectiva hacia el diputado Juan José Matarí, cuando este hizo referencia a su hija con síndrome de Down al criticar la ofensiva del Gobierno contra los colegios de educación especial.