Julián Lozano, delegado de comunicación de la diócesis de Getafe, explica la ley de privilegios y multas LGTB impuesta por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid (con el apoyo del resto de partidos), que le ha costado una multa de 20.000 euros a la coach Elena Lorenzo por ayudar a personas a disgusto con su atracción por el mismo sexo y que voluntariamente acuden a ella para ser acompañadas en ese proceso. El sacerdote recuerda que el articulado de esa ley hace mención explícita a la prohibición de la ofrecer orientación religiosa, pero tranquiliza a las numerosas personas en esa situación que acuden a la Iglesia buscando consejo: «Que la gente sepa que es libre de pedir estas ayudas y que la Iglesia está aquí para hacerlo. Yo no me voy a plegar a una ley profundamente injusta y liberticida». Este mismo jueves, el portavoz de la conferencia episcopal, Luis Argüello, consideró también que esa norma es anticonstitucional y que «para la Iglesia es importante afirmar la libertad de las personas».