No es el único caso. En otras comunidades autónomas, las asociaciones provida son marginadas de las ayudas. El primer protagonista de este maltrato es el propio gobierno del Estado. Obsesionados con el aborto, cometen el trágico error de subvencionar el homicidio del que ha de nacer y dejar sin ninguna clase de ayuda a las madres que quieren tener a su hijo.
De esta manera se niega a las madres la libertar de optar entre realizar su maternidad o rechazarla.
Desde nuestra perspectiva cristiana, esta situación define una estructura de pecado a la que es necesario enfrentarnos y transformar a favor de la vida.
Desde nuestra perspectiva cívica, esta situación define una irresponsabilidad monstruosa que castiga el futuro del país, es decir, castiga a nuestros jóvenes y adolescentes con una losa insoportable. ¿Por qué es así?:
Lo definía muy bien el profesor Alessandro Rosina, Director del Departamento de Ciencias Estadísticas de la Universidad Católica de Milán en el periódico El País (10/12/18): Las poblaciones por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, sufren un proceso de envejecimiento de la población, lo que determina que el coste de aumento de la longevidad en términos de pensión y sanidad pública se convierta en insostenible. Crece el número de personas jubiladas que debe soportar cada persona en edad de trabajar. A este hecho se le añade el endeudamiento público (prácticamente del 100% del PIB en el caso español).
Significa que con el paso de los años por falta de nacimientos, habrá menos personas en edad de trabajar que soportarán un mayor endeudamiento por cápita. Condenamos así a todos los menores de 65 años a una pesada losa. Más personas mayores que dependerán de los impuestos y cuotas de menos trabajadores, y más coste de la deuda pública por cada trabajador. Esta es la herencia colectiva que dejamos a nuestros hijos.
España está muy lejos de la tasa de reemplazo. Necesitaríamos 0,75 nacimientos adicionales por mujer en edad de dar a luz.
Y además han convertido el aborto en bandera, incentivándolo económica, cultural y políticamente. Ya significa del orden de 1 de cada 4 nacimientos, en imputación directa, más del 30% con la adición indirecta.
Es necesario poner fin de inmediato a este estado de cosas injustas, perjudiciales, suicidas, contrarias al bien común.
Pedimos:
Todas las administraciones públicas deben aportar con normalidad, cuando no con prioridad, recursos a las entidades provida y a todas aquellas que se dedican a ayudar a las madres que quieren realizar su maternidad, en forma de convenios o subvenciones, empezando por el gobierno español, junto con los autonómicos y poderes locales, diputaciones y ayuntamientos.
Los servicios sociales deben presentar a las mujeres que acuden a ellos la opción de tener el hijo como vía alternativa al aborto y, dirigirlas a las entidades sociales que vienen desplegando este servicio impagable.
