RedMadre atendió en 2018 a 25.698 embarazadas, 7.000 más: el 92% que se planteaba abortar no lo hizo
La Fundación RedMadre, una de las organizaciones más activas y efectivas de a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, sigue cada año asistiendo a un número cada vez mayor. Así se desprende de la memoria de actividades de este 2018, que muestran que desde esta fundación prestaron asistencia a 25.698 mujeres, 7.000 más que el año anterior.
Además, el 92,71% de estas mujeres embarazadas que se planteaban abortar ante la situación que vivían optó por seguir adelante con el embarazo y con la maternidad al poder recibir la ayuda concreta necesaria. Esto significa que más de 9 de cada 10 mujeres que reciben apoyo siguen adelante con su embarazo.
La mujer quiere seguir adelante, pero necesita ayuda
La experiencia de esta fundación muestra que son muchas las madres que, afrontando un embarazo en circunstancias difíciles, quieren seguir adelante con su embarazo, pero necesitan apoyo para remover los obstáculos a que se enfrentan.
Durante 2018 la oficina de Fundación RedMadre recibió 4.485 llamadas de teléfono, 3.290 mensajes de WhatsApp y 1.690 correos electrónicos de mujeres que solicitaban información y ayuda sobre el embarazo, además de las solicitudes a las 40 Asociaciones locales de RedMadre.
"El Estado ha renunciado a implicarse"
Las cifras evidencian la carencia de apoyos a la mujer en situación de vulnerabilidad por su embarazo por parte de las Administraciones públicas. “El Estado ha renunciado a implicarse en la protección y auxilio de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y ha dejado solas a las ONG de apoyo a la maternidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos y voluntad de todos los voluntarios y sociedad civil comprometida, no llegamos a la totalidad de las mujeres que lo necesitan. Es imprescindible el compromiso real del Estado con estas mujeres a las que ha dejado abandonadas y a las que está enviando el mensaje de que la solución a un embarazo imprevisto es el aborto”, señala Amaya Azcona, Directora General de Fundación RedMadre.
En cuanto al perfil de mujeres que solicitaron apoyo, la mayoría tenían entre 18 y 29 años (47,78%), seguidas de las de 30 a 39 (40,67%), y un 4,70% eran menores de edad. De ellas, el 47,23% eran españolas y el 52,77% extranjeras. El 75% estaba en situación de desempleo.
Es significativo el aumento de mujeres que señalaron haber sufrido malos tratos por parte de sus parejas a causa del embarazo; la cifra ascendió de un 2% en 2017 a un 6,68% en 2018. “El embarazo es una de las causas de violencia contra la mujer y es doblemente grave al haber dos víctimas. Muchas mujeres acaban sufriendo abortos que pasan por espontáneos no siéndolo”, precisa Azcona.
Un dato esperanzador, que refleja mayor compromiso de la sociedad con la mujer embarazada frente al desinterés del Estado, es el incremento de mujeres apoyadas por su pareja (59,85%) y familia (58,89%). Las cifras suben en torno al 19% con respecto al año anterior.
En cuanto a la ayuda prestada, Fundación RedMadre ofreció auxilio material, afectivo, económico o legal a las mujeres embarazadas que son penalizadas a causa de su maternidad en el ámbito laboral, familiar y social.
La urgencia de una Ley de Apoyo a la Maternidad
En este sentido, todas las madres recibieron orientación e información acerca del embarazo, el 65% asistió a cursos de formación, el 75% necesitó acompañamiento emocional y la mitad requirieron de asesoramiento legal y psicológico. Un 65% necesitó recibir pañales, el 20% canastillas de recién nacido, el 10% otros enseres como carritos, cunas, etc. y un 5% leche maternizada.
Ante las necesidades emocionales, legales, médicas y económicas que necesita este grupo de riesgo, Antonio Torres, presidente de Fundación RedMadre reclama a los representantes políticos que “se pongan de acuerdo y aprueben una Ley de Apoyo a la Maternidad, libre de prejuicios ideológicos y ampliamente consensuada, que considere el embarazo y el nacimiento como hechos estratégicos para nuestro país, porque influyen decisivamente en el devenir de la sociedad española y hay que protegerlos con políticas activas y de impacto real e inmediato”.
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