Poco a poco el doctor Rodríguez Lastra se convierte en un símbolo ético y moral en Hispanoamérica

El caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra puede convertirse en un tiro en el pie para el abortismo en Hispanoamérica. Es un caso histórico y emblemático porque, como declaró Fernando Secín, de Médicos Provida de Argentina, es la "primera vez en Argentina que hay una condena por salvar una vida".

El médico explicó que “la situación legal en la provincia de Río Negro es que un juez en primera instancia ha decidido que soy culpable de haber incumplido los deberes de funcionario público”. “Ahora estamos a la espera de la siguiente etapa del juicio que es para establecer la pena que se me va a aplicar”, explicó. La sanción podría conocerse entre el 11 y 12 de julio.

En 2018, cuando su caso llegó al debate judicial, el doctor Rodríguez Lastra declaró: "matar bebés no es mi trabajo", como recogió ReL.

Independientemente de la pena (que puede recurrirse) el doctor Rodríguez Lastra, al no amilanarse, saliendo en televisiones, en manifestaciones y en marchas, se ha convertido en un icono provida y de la verdadera ética médica. Los estudiantes de medicina se hacen fotos y selfies con él y cientos de médicos se ponen batas blancas para apoyarlo.

Rodríguez Lastra, en el centro, está inspirando a toda una generación de jóvenes médicos, sanitarios y provida; es ya un símbolo de la ética médica frente al poder

La ley puede aplicarle tal o cual castigo administrativo más o menos fastidioso durante unos meses o años, pero él seguirá siendo un icono, un símbolo.

Puede que un día se haga una foto con el bebé que salvó, que en 16 años ese joven se abrace con él ante las cámaras y le diga "gracias por salvar mi vida pese a que te juzgaran". El bebé fue dado en adopción y hoy tiene dos años de edad, mientras que la madre está estudiando y es apoyada por psicólogos.

La fuerza de esta historia, el símbolo del doctor Rodríguez Lastra, y sus imágenes valen la pena por su ejemplaridad, y para la causa provida hispana compensan con mucho la sanción legal que le pueda llegar (y que, además, puede atascarse en recursos). 

Si el objetivo de la denuncia abortista era asustar a los médicos provida, no lo han conseguido. El sábado 7 de junio una multitud de médicos, sanitarios y activistas marchó en distintas ciudades de Argentina en apoyo al doctor Leandro Rodríguez Lastra. En Internet su historia se difundía con lemas como #DefenderLaVidaNoEsDelito y #SomosTodosRodriguezLastra.

El ginecólogo refirió que el juez de su caso consideró como delito “haber recibido a una paciente que estaba en peligro y no haber hecho una conducta (aborto) que la pusiera más en peligro aún, que tal vez hubiera terminado con la vida de la paciente”.

En la marcha provida en Buenos Aires habló Lucía Álvarez, de Secundarios por la Vida: “la mayor meta del movimiento provida es salvar las dos vidas. Hoy la mujer está sana, el niño tiene dos años y está en una familia adoptiva. El doctor lo que hizo es salvar las dos vidas. Pedimos la absolución del doctor porque hizo lo que tenía que hacer un médico. “El doctor se merece estar libre. ¿Qué queremos de los médicos? Que salven vidas. Él hizo eso y la justicia lo condenó".

Para muchos Rodríguez Lastra es un gran ejemplo e inspiración y buscan hacerse fotos con él 

Desde que se supo de la acusación contra el médico, miles de personas lo han apoyado con gestos espontáneos en las calles, en las redes sociales y a través de campañas de firmas digitales. Además de la marcha en Buenos Aires, miles salieron a las calles en Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Posadas, Corrientes, Formosa, Córdoba y Punta Alta. El 1 de junio ya se habían realizado distintas marchas en otras 11 ciudades como Jujuy, Tucumán, Mendoza, Río Gallegos, Rosario, Bariloche, Escobar, La Paz y Comodoro Rivadavia.

Fernando Secín, de Médicos Provida., denunció que la sentencia contra el doctor Rodríguez Lastra, en realidad, "está avalando el aborto clandestino", puesto que "la víctima llegó (al hospital) con una infección, una organización ilegal le había dado pastillas abortivas".

Daniela Seguí, integrante de la organización Abogados por la vida, declaró que "todos los protocolos hechos a partir de ese fallo son inconstitucionales". Se refiere a la resolución de la Corte Suprema conocida como "fallo FAL" que en 2012 dictaminó que no es punible el aborto cuando se trata de una violación.

Así ha sido la última manifestación de apoyo al doctor Rodríguez Lastra

A continuación, publicamos dos análisis jurídicos y políticos del caso, por su detalle y profundidad.

El falso relato que condenó a Rodríguez Lastra

Ana Belén Mármora, abogada y periodista, portavoz de Frente Joven

publicado aquí en Infobae.com, el 24 de mayo de 2019

Llegó a la guardia embarazada y al borde de la muerte. Tenía 39 grados de fiebre y una infección generalizada por un intento fallido de aborto. Así fue como en 2017, el médico Leandro Rodríguez Lastra recibió a la joven en el Hospital Moguillansky de Cipolletti. El ginecólogo le salvó la vida pero hoy pelea contra una sentencia injusta, consecuencia de un relato muy distinto de los hechos.

El problema había comenzado con las nueve pastillas de Oxaprost, una dosis excesiva, que el colectivo feminista La Revuelta le había suministrado a la joven ilegalmente. Pero a pesar de eso, no tenía sangrado vaginal, contracciones de parto ni el cuello uterino dilatado. No se estaba produciendo un aborto y el niño seguía vivo.

Fue entonces cuando Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología, decidió estabilizar a la paciente para no complicar el cuadro y administrar antibióticos. Ya fuera de riesgo, el equipo de profesionales, la Dirección del Hospital y el Ministerio de Salud de Río Negro analizaron la situación. Lo mejor para la madre y el niño era continuar el embarazo hasta la semana 35. La joven de 19 años aceptó y unas semanas después el niño nació sano. Fue adoptado y hoy tiene dos años.

No fue la joven sino Marta Milesi, diputada provincial e histórica militante abortista, quien generó el relato de que el ginecólogo "se negó" a realizar un aborto y quien lo denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La diputada abortista Marta Milesi, y no la joven madre del bebé, fue la que decidió usar el caso y llevarlo a los tribunales con fines políticos pro-aborto

No había tal proceso de aborto. Si lo hubiera habido, tampoco se habrían seguido las prescripciones del Protocolo de Aborto No Punible. Es el reglamento provincial, impulsado por la misma diputada en 2012, el que establece que el aborto debe ser realizado por un médico diplomado y no de manera clandestina.

Además, estaba fuera del plazo que establece la medicina para hacer abortos. Y sobre todo, hacerlo con un cuadro infeccioso ponía en riesgo grave la vida de la madre. El argumento ni siquiera se pudo fundamentar debidamente durante el juicio. Pero Milesi logró construirlo e instalarlo.

A su vez, fuentes cercanas a la causa aseguran que la diputada habría manipulado a la joven para que testifique en contra del ginecólogo a cambio de una vivienda vinculada a fondos públicos. Esto explicaría por qué el testimonio de la víctima fue tan confuso e incongruente. En su declaración, dudó, fue monosilábica y aseguró que el médico le mintió pero no precisó en qué.

Mientras que su familia, donde ocurrió el abuso sexual de la muchacha, mantuvo un discurso más militante en la causa, con frases muy características del lobby abortista.

Esto deja claro que no hubo interés genuino en la joven, sólo ensañamiento contra el médico que le salvó la vida. No se actúo contra quienes siguen siendo una amenaza, cometieron delitos y causaron la tragedia: El violador sigue impune y sin denuncia; también la organización feminista que puso en riesgo la vida de la joven y el personal estatal que promovió la práctica clandestina.

Es natural que la diputada protagonice este entramado en el cual se promueve y financia el aborto. Hace más de 10 años trabajó junto a Fundación Huésped y Católicas por el Derecho a Decidir en proyectos provinciales contra el derecho a la vida. De hecho esta última ONG y Amnistía Internacional se presentaron como colaboradoras del Tribunal en la causa bajo la figura jurídica de amicus curiae. Es de público conocimiento que estas tres organizaciones recibieron millones de dólares de la multinacional del aborto IPPF, que busca instalar su negocio en la región.

Entre los actores más importantes para construir el delito inexistente de impedir un aborto, estuvieron la psicóloga y la asistente social del Hospital Fernández de Oro. Como aseguraron en la causa, fueron ellas quienes contactaron a la joven con La Revuelta para conseguir ilegalmente misoprostol.

Otro papel destacado fue el de Gustavo Breglia. Un médico traumatólogo especialista de manos, autor del informe de la fiscalía, que nunca realizó abortos y aseguraba consecuencias inofensivas para una intervención mayor a las 22 semanas.

Como si fuera poco, la acusación de Milesi fue encauzada por el fiscal Santiago Márquez-Gauna, tristemente conocido como juez de garantías por desestimar la denuncia contra un padre que castigó con puñetazos, patadas y estrangulamiento a sus hijos menores de edad.

Médicamente, no había un aborto en curso y tampoco se podía hacer en ese momento por el proceso infeccioso. Durante el juicio un perito, el médico Ernesto Beruti, confirmó que, de haberlo hecho, las probabilidades de muerte por shock séptico serían del 70 al 80%.

Además el caso quedaba fuera de lo que se considera aborto ya que excedía las 22 semanas y los 500 gramos. Es el límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud descarta todo procedimiento porque el bebé ya puede sobrevivir fuera del vientre materno.

Para interrumpir el embarazo en ese momento -con o sin aborto- las opciones eran inducir el parto o hacer una cesárea. Hacerlo de manera instantánea y prematura, como se hizo en los casos en que fallecieron Esperanza (Jujuy) y Faustina (Tucumán), era riesgoso para el niño y especialmente, para la mujer. En esa etapa el cuello del útero no está en condiciones para un parto y las contracciones que causa el Oxaprost podrían provocar un estallido uterino. Una cesárea, también en el segundo trimestre, es muchísimo más riesgosa que una intervención de término. Por el grosor del útero y su cercanía con arterias de gran envergadura, el riesgo de hemorragias incontrolables es un hecho conocido en la práctica y literatura médica.

Pero con una decisión así, la madre no sería la única afectada. Por su edad gestacional, el niño podría sufrir graves secuelas: desde parálisis cerebral hasta muerte prematura, dado que no sería capaz respirar por su cuenta, regular la temperatura ni defenderse de las enfermedades.

Todo esto no sólo fue evaluado por Rodríguez Lastra, el equipo de profesionales y la Dirección del hospital. También fue ratificado por el Ministerio de Salud de Río Negro: no era posible realizar un aborto en esa situación.

Después de la denuncia, todos los ginecólogos y obstetras de Cipolletti, salvo uno que se jubiló hace unas semanas, se declararon objetores de conciencia.

Los profesionales de la salud tienen miedo. El abortismo está infectando el sistema judicial e impone a la fuerza sus veredictos, a costa de la vida y la libertad de las personas.

Con esta sentencia, no sólo se promueve el aborto clandestino, dejando impunes a quienes lo causan y a quienes lo practican. También se somete a la medicina a intereses políticos y económicos. Pero no podemos dejar que la ideología tome el lugar de la ciencia en el consultorio. Y mucho menos en el sistema de salud.

El caso de Rodríguez Lastra pone en evidencia que estos grupos de poder no sólo están dispuestos a perseguir a los que quieran ejercer con dignidad la Medicina. Tampoco les temblará el pulso para manipular y poner en riesgo la vida de los más vulnerables.

Médicos y activistas provida explican por qué apoyan al Dr. Rodríguez Lastra

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"Lo que no se tolera, es que el niño haya nacido", dice el abogado del médico

Análisis aquí en BarilocheOpina.com, el 23 de mayo de 2019

El abogado Diego Breide, que fue parte de la Defensa del médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, dijo tras el fallo que lo declaró penalmente responsable por negarse a realizar un aborto que en la sentencia "no se tolera que un niño haya nacido".

En diálogo con Bariloche Opina, Breide afirmó que el fallo "nos dejó una sensación de tristeza, porque tanto el equipo de la Defensa como todos los que seguimos las instancias en los cuatro días del juicio, estuvimos convencidos que no había ningún elemento para la condena. Ni fáctico, ni jurídico".

Consideró que el trabajo del abogado defensor Damián Torres "fue impecable" ya que "cada punto de la acusación, cada argumento fue desmontado paso por paso y en cada día del juicio".

"Se demostró:
- la clandestinidad previa;
- que había un riesgo para la salud;
- que la decisión no fue exclusivamente del doctor;
- que intervino el Ministerio de Salud;
- que hubo un aval a todas las decisiones a través de un equipo médico;
- y que no se trataba de un aborto en curso", enumeró.

"Pero el juez Álvaro Meynet no vio el caso. Falló la causa sobre la discusión ideológica del aborto", sentenció. "Yo lo titularía como "el juicio de Milesi" [la diputada abortista que lo promueve] en defensa del aborto, como el "bien jurídico" y el "bien moral" a defender en la provincia de Río Negro. No se defendieron los derechos de la joven. Pero ya saldrá a luz la verdad".

Para Breide, si hubiese resultado en una absolución o un veredicto de no culpable, "eso sellaba la suerte del juicio. Eso significa que por las características del delito y el monto máximo de pena, el fiscal (Santiago Márquez Gauna) no tenía recurso y quedaba sentencia firme".

"El imputado fue el único que cumplió con la ley. Pero aquí hubo presiones políticas y uno puede constatar el poder de la doctora Milesi solo con ir a Cipolletti", afirmó. "Su declaración en el juicio fue una proclama política que tanto el juez como el fiscal toleraron, y durante el contrainterrogatorio de la Defensa, ella siguió con la misma declaración, hablando de toda su lucha por el aborto".

El abogado señaló que la pregunta del Ministerio Público Fiscal "que sobrevoló durante todo el juicio y luego fue explicitada en su alegato fue "¿Porqué no lo mató?". Las explicaciones médicas de la situación de la joven, de las circunstancias y de la definición del aborto no sirvieron de nada".

"En su alegato final el fiscal dijo que debería haber hecho el aborto, aún el aborto quirúrgico, habiéndole explicado un perito en qué consiste y cómo se hace, y aún a riesgo de salud de la mujer. "Usted debió haberlo hecho igual. Si no tenía el consentimiento lo hubiese hecho firmar, donde la joven asumía el riesgo para su salud y su vida, y si ella se moría, usted no tenía ninguna responsabilidad porque ella lo asumió como puede pasar en otro tipo de operación", citó.

"Por lo tanto, el delito no es el de Rodriguez Lastra. Lo que no se tolera es que el niño haya nacido", subrayó. "A medida que se le iba cayendo el caso al fiscal, éste terminó diciendo: "Usted debió hacerlo igual" y el juez asumió esa propuesta, hizo caso omiso de lo que escuchó los cuatro días y terminó dictando una sentencia de muerte a un niño que ahora tiene dos años".

Y continuó: "Él (juez) afirma que entre las 20 horas del 2 de abril y las 9 de la mañana siguiente, el doctor Leandro Rodriguez Lastra debió matar a ese niño, y de esa manera convertirlo en un sicario autómata, sin libertad, sin conciencia y sin sentimientos, ni compasión".

En cuanto a los pasos a seguir, Breide dijo que "seguramente nos reuniremos el equipo de Defensa y el doctor Torres tendrá la última palabra junto a Leandro para ver de qué manera se va a encarar esto".

Ahora viene un juicio de censura, donde se fija la pena. Pero esta Defensa no viene a regatear como en un bazar a ver si es más o es menos. Venimos a defender a un inocente y ahora, frente a este fallo, más que nunca. Y está el otro inocente, que camina por las calles de Cipolletti y tiene dos años".

"¿Qué va a pensar ese chico cuando escuche esta realidad?", se preguntó. "No solo es una aberración la postura del fiscal y del juez, sino que además es inconstitucional. Se trata de la obsesión de una legisladora sobre el tema, y que no tolera que alguien se haya atrevido a nacer en contraposición al contenido y sentido de su ley".

"Con esto, ¿qué médico va a actuar?, volvió a cuestionarse. "No importó ni al Ministerio Público ni al juez el antecedente de la clandestinidad. Para ellos, igual debió haber obrado. Pero ahora cualquier persona va a poder darle a una joven mizoprostol oxiaprost y que se arregle el sistema de Salud", finalizó.

Minuto 1:47: "Matar a bebés no es mi trabajo"

“Volvería a actuar de la misma manera, porque matar bebés no es mi trabajo. No me arrepiento de nada, hice lo mejor que se podía en una situación así",declaró en LMCipolletti.com.

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