Los niños muertos de las residencias canadienses: el nuevo pretexto anticatólico de Trudeau

El pasado 27 de mayo, Rosanne Casimir, jefa de una reserva de indios shuswap, anunció el hallazgo de 215 cuerpos de niños indígenas en una fosa del Kamloops Indian Residential School (Columbia Británica, Canadá). Localizaron los restos gracias al empleo de radares de penetración terrestre y se desconoce la causa de sus muertes.

Pero como esa residencia del gobierno canadiense había sido gestionada por una congregación católica, este hecho está sirviendo para una nueva campaña de los medios de comunicación laicistas, con el apoyo del primer ministro Justin Trudeau, contra la Iglesia, exigiéndole disculpas por hechos aún no esclarecidos y que no le afectan solamente a ella, y que algunos consideran ya "genocidio". 

La campaña está siendo eficaz, pues según una encuesta el 66% de los canadienses culpa a la Iglesia (de qué, exactamente, es otra cuestión) y solo el 34% al gobierno. Y, de hecho, dos representantes de las principales asociaciones indígenas de Canadá, Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, y David Chartrand, vicepresidente del Consejo Nacional Métis, quieren visitar al Papa para que se disculpe.

Residencias del gobierno

El sacerdote Jorge Enrique Múgica, L.C. ha analizado en un artículo en Zenit el alcance de lo sucedido.

Entre 1883 y 1996, explica, unos 150.000 niños indígenas pasaron por 130 residencias instituidas por el gobierno canadiense, cuando todavía formaba parte del Imperio Británico, para asimilar a la población indígena. La gestión de las residencias fue confiada a diversas asociaciones religiosas, entre ellas, pero no solo, instituciones católicas, y finalmente también se hicieron cargo de ellas instancias oficiales de forma directa. La residencia de Kamloops fue confiada a los Misioneros Oblatos durante buena parte del periodo en que estuvo operativa y fue la que mayor número alumnos acogió.

"Ante todo", señala el padre Múgica, "habría que recordar que las residencias no fueron iniciativa de la Iglesia ni de ninguna otra confesión religiosa sino totalmente proyectos del gobierno civil... Las asociaciones religiosas se ocupaban de la disciplina en las escuelas, de la educación y de la organización del día a día al interior de las mismas". 

Fue el gobierno quien en 1920 declaró obligatorio para los niños indígenas acudir a esas escuelas, "no fueron las iglesias las que arrebataban a los niños a algunas familias sino el gobierno por medio de una ley. Por otra parte, algunos niños ya eran huérfanos, lo que facilitaba aún más el traslado por parte del gobierno a una de las residencias".

Una comisión que estudia el caso ya había establecido en 2015 las causas de las muertes en las residencias:  al menos la mitad de los niños murieron de tuberculosis y otros de gripe y neumonía. Otras causas de muerte son ahogamiento, hipotermia y algunos por suicidio.

"Es legítimo preguntar", señala el padre Múgica, "si los niños que morían entonces tenían acceso a vacunas que en todo caso debería proporcionar el gobierno -piénsese la fácil correspondencia que se puede hacer entre tiempo y aparición de las mismas- o en los enseres necesarios como ropa adecuada y alimentos que también el gobierno debía -¿y daba?- a niños en un país donde las temperaturas no son las de Cancún y las residencias eran su propiedad".

El politólogo Pablo Muñoz Iturrieta ofrece otro análisis sobre esta cuestión, complementario al del padre Múgica.

"¿Qué hay entonces detrás de toda esta campaña emotivista que se aprovecha de la muerte de niños y que abandera Justin Trudeau?", se pregunta Múgica.

Intereses poco respetuosos de la población autóctona

Y apunta a una causa política: "A finales de junio de 2021 vence el plazo para que el primer ministro saque iniciativas legislativas en un congreso en el que no tiene mayoría su partido (el Partido Liberal de Canadá). Entre las iniciativas de ley en puerta está la aprobación de leyes indigenistas como la Ley C15 por la cual se sustrae de la soberanía del país a las poblaciones indígenas. Esa es una política impulsada por la ONU para un objetivo muy sencillo y que no es el de proteger al indígena: posibilitar que las empresas entren directamente, y sin mediación del Estado, en contacto con la población autóctona sustraída del poder del gobierno del país para poder quitarles sin trabas sus tierras a través de 'proyectos' que explotan la biodiversidad, minerales o petróleo. Después de todo eso es más sencillo que hacerlo por medio de las instancias gubernamentales y toda su burocracia".