Un político trans pide cambiar su partida de bautismo: «No es posible», zanjan Iglesia y Justicia

En Argentina, quienes hablan del representante de Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, se refieren a él como "Alba Rueda". Eligió este nombre a los 16 años, cuando empezó a decir que era una mujer, y desde entonces no ha cesado de intentar que todo documento le reconozca como tal. Su última pretensión es que la Iglesia católica, a la que pertenece por estar bautizada, ceda ante sus demandas y cambie los nombres de registro y de la partida de bautismo. Tal es así que ante una primera negativa ha llevado el caso a los tribunales, pero el máximo organismo de justicia también le ha negado esta posibilidad.

El caso comenzó cuando Rueda reclamó que el Arzobispado de Salta cambiara la forma en que había cumplimentado sus certificados de bautismo y confirmación cuando era menor de edad. El arzobispado declinó la petición, argumentando que el cambio era algo inadmisible para el derecho canónico y que no tenía derecho "a imponer la negación de la realidad". Esta, zanjó el arzobispado, consiste en que es "una persona de sexo masculino".  

Ante  la negativa de la Iglesia, Rueda llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia para que obligase al Arzobispado de Salta a modificar el registro del mismo modo que había sucedido en documentos civiles como su DNI.

Sin embargo, el pasado jueves la Corte confirmópor unanimidad lo expuesto por las autoridades de la Iglesia, su inadmisibilidad, argumentando que hacerlo "conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional".

Se trataría de una "imposición inadmisible" a la Iglesia

"No es posible imponer a una autoridad religiosa como la Iglesia Católica la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento", destacaba el fallo de la Corte Suprema firmado por los jueces los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Basándose en el principio constitucional de la separación entre la Iglesia y el Estado, los jueces sentenciaron que "no es admisible que se pretenda canalizar todo disenso individual planteado por algún fiel sobre ciertos aspectos del dogma, doctrina, culto o disciplina a través del accionar de órganos estatales". De hacerlo, añadieron, se daría "una interferencia inaceptable en la autonomía interna reconocida a la demandada".

En este sentido, señalaron que los registros sacramentales que Rueda pretende modificar "se encuentran exclusivamente regulados por el derecho canónico en tanto dan cuenta de actos eminentemente religiosos y su utilidad se limita a la comunidad religiosa, por cuanto reflejan la pertenencia y estado sacramental de las personas que forman parte de dicha comunidad". Por ello, "son conservados en libros de uso propio y no tienen efectos sino dentro del seno de la Iglesia Católica".

En otro tramo de la argumentación, la Corte subrayó que "el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa no solamente impide que el Estado adopte una determinada posición religiosa sino que también le impone tolerar el ejercicio público y privado de una religión". Una "exigencia" que "fulmina cualquier intento de inmiscuirse en los asuntos que no exceden del ámbito de la competencia de la iglesia en cuestión".

Según se advirtió, "es esa libertad, precisamente, la que protege a las comunidades religiosas de todos los credos para que puedan decidir por sí mismas, libre de la interferencia estatal, los asuntos de su gobierno, fe o doctrina".

En numerosas declaraciones el político ha afirmado que tal decisión por parte del Arzobispado supone una discriminación por su condición sexual. Algo en lo que también difiere el máximo tribunal, que subraya asimismo que Rueda, "no ha logrado demostrar que la negativa de rectificar los registros sacramentales importen un trato discriminatorio respecto de otros miembros de la Iglesia Católica".

Representante de "les argentines"

En declaraciones al diario La Nación, el funcionario se ha  presentado como parte de un sector de "argentines" que desean compaginar su autodiagnóstico como transgéneros con su profesión de la religión católica.

"Muchos creemos que la Iglesia y la ley de identidad de género pueden convivir. Así lo expresó el papa Francisco en un documental, en el que indica que la Iglesia no le puede cerrar las puertas a nadie", argumentó.

Ante una demanda que no ha prosperado, Rueda ha asegurado que seguirá "exigiendo justicia" a través de organismos internacionales, ante los que denunciará a su país "porque no reconoce nuestras luchas históricas [de los trans]".