Estado de desecho

Se ha divulgado en estos días un vídeo en el que Alfonso Guerra revela que miembros del Tribunal Constitucional prevaricaron bajo presiones, avalando la constitucionalidad de la llamada ley de violencia de género, que desde entonces permitió elevar las penas en los casos en los que el varón sea el agresor y la mujer la víctima, en flagrante conculcación del principio de igualdad ante la ley.

Desde esta modesta tribuna de papel y tinta hemos denunciado en reiteradas ocasiones que en España el Derecho ha dejado de ser determinación de la justicia, para convertirse en un barrizal positivista nacido del arbitrio del poderoso de turno, que utiliza las leyes y las sentencias judiciales para imponer su voluntad. Este uso arbitrario del Derecho es, sin duda alguna, el problema político más grave que padecemos; pero se trata de un problema que no conviene airear, no sea que las masas cretinizadas se percaten de que somos víctimas de la más terrible forma de totalitarismo, que es la que convierte el ordenamiento jurídico en una monstruosa «Gorgona del poder», según la célebre expresión de Kelsen.

España, repiten cínicamente nuestros políticos, es un «Estado de Derecho». Pero esto no significa, como piensan con ingenuidad las masas cretinizadas, que en España rija el clásico «imperio de la ley»; y mucho menos que el poder político esté sometido a un sistema de leyes. «Estado de derecho» alude a la capacidad demiúrgica del poder político para crear leyes a su conveniencia (leyes que respondan a la ideología reinante en cada coyuntura); «Estado de derecho» alude a la ilimitación jurídica del poder político, que para imponer sus designios se convierte en una fábrica de leyes cambiantes y a menudo incongruentes; «Estado de derecho», en fin, expresa que las leyes (y sólo ellas, sin fundamento alguno en un orden del ser) determinan lo que es justo, de tal modo que, al legislar, el Estado se convierte en creador caprichoso de la justicia.

En algún artículo anterior hemos citado esa frase estremecedora (por proterva) de Gregorio Peces-Barba, en la que explica que en España la interpretación de las leyes está al albur del poder político, mediante el control que éste ejerce sobre el Tribunal Constitucional (aunque, en realidad, este control se extiende también al Tribunal Supremo y a toda la administración de justicia, donde cada vez más jueces son meros jenízaros de la ideología reinante). Este vídeo pavoroso de Alfonso Guerra nos confirma, en efecto, que el Tribunal Constitucional no es más que un instrumento en manos del poder político para la conversión del Derecho en arbitraria voluntad de poder. Y lo mismo que el Tribunal Constitucional amparó en su día el aborto, como profetizase Peces-Barba, avaló esta llamada ley de violencia de género, que no sólo conculca el principio de igualdad ante la ley, sino también la presunción de inocencia.

Y lo hizo porque estamos en un «Estado de derecho», en el que el poder político configura arbitrariamente y sin relación alguna con una idea de justicia (es decir, de forma totalitaria) el horizonte vital de las personas sometidas a su dominio. Se unen así el nihilismo jurídico (barrizal positivista cambiante, tribunales lacayos que interpretan las leyes a gusto del que manda) y el nihilismo existencial, que nos obliga a vivir según establezcan los ingenieros sociales de turno. Así, el Derecho degenera en puro ejercicio de la fuerza, como en el célebre verso de Juvenal: «Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas». O, en román paladino: «Lo quiero, lo mando, sirva mi voluntad de razón». Llamadlo «Estado de derecho», si os apetece. Pero es un sórdido Estado de desecho.

Publicado en ABC.