Aborto: ¿brotes verdes?

Imaginábamos que el gobierno Rajoy iba a ser similar al de Aznar: eficaz en lo económico, timorato en lo moral-cultural. Ambas expectativas se están viendo desmentidas. Desgraciadamente, Rajoy no termina de dar con la tecla económica (no ha abordado las verdaderas reformas estructurales pendientes: adelgazamiento de una administración hipertrofiada y replanteamiento de un sistema autonómico que ha terminado traduciéndose en 17 miniestados manirrotos, redes clientelares, universidad y aeropuerto en cada provincia, etc.). Y, sin embargo, está haciendo concebir esperanzas a los que pensamos que las batallas culturales relativas al concepto de persona o el modelo de familia son tan importantes como las económicas.

Aunque había afirmado durante la campaña “la economía lo es todo”, Rajoy está atreviéndose a cuestionar el legado cultural del PSOE en algunos aspectos, poniendo así las bases de una derecha que sea algo más que un contable que enmienda los entuertos económicos de la izquierda. Wert ha anunciado una reforma ilusionante, que incluye por fin las claves para la regeneración de la enseñanza (que no estriban en “más inversión”, sino en exámenes externos de reválida y bifurcación de itinerarios curriculares –uno orientado a la universidad y otro a la FP- a partir de los 14 años). Pero ninguna cuestión tiene un calado moral tan relevante como la del aborto, donde está en juego el concepto mismo de ser humano.

Aún no conocemos la nueva regulación, pero Gallardón va ofreciendo pistas: sus últimas declaraciones permiten inferir que será suprimido el supuesto de “malformación del feto” (según la ley Aído, a un niño normal “sólo” se le puede abortar hasta las 14 semanas; a uno con malformaciones, hasta las 22). Este supuesto viene siendo utilizado en la práctica para exterminar in utero a los síndrome de Down (se ha calculado que un 95% de ellos son abortados: apenas se ven ya niños Down por las calles), y hasta a los afectados por problemas menores, como el labio leporino. La lógica del ministro es aplastante: ¿qué sentido tiene que España suscriba convenios internacionales de protección de los discapacitados, si permite que sean aniquilados antes de nacer? Zapatero se mostró encantador con aquella joven Down en el programa televisivo… pero aprobó una ley que permite matar a las personas como ella hasta las 22 semanas de embarazo (a esa edad, un feto se chupa el dedo y tiene sensibilidad al dolor).

El debate suscitado por Gallardón es valioso por sí mismo, pues aventa hipocresías y arranca máscaras. Ya sabemos, por ejemplo, lo que piensa Rosa Regás sobre los niños con deficiencias: son “monstruos”, según ha declarado en su blog, en pleno rapto de furor gallardófobo. Sin duda, Regás y demás entusiastas de la eugenesia habrían sido felices en la Alemania nazi, donde la Aktion T4 (1939-41) limpió el país de “monstruos”. PSOE e IU han llamado a la resistencia: esto confirma que la ley del aborto (como la Educación para la Ciudadanía o el matrimonio gay) no era una “cortina-de-humo-para-que-la-gente-se-olvide-de-la-economía”, sino un aspecto esencial del programa de la nueva izquierda postsocialista. En unos meses sabremos si la derecha gobernante tiene una visión propia sobre estas cuestiones, o si se limita a convalidar servilmente todo lo que invente la izquierda.

El debate está siendo esclarecedor, también, porque permite comprobar una vez más la sonrojante inanidad de la argumentación pro-aborto. “Se admite en todos los países avanzados”: justo lo que se decía hacia 1935 para justificar la eugenesia o las “políticas raciales” (el “país avanzado” del momento era Alemania); por lo demás, es mentira: países democráticos desarrollados como Irlanda, Polonia o Chile rechazan el aborto libre (en Polonia, la restricción del aborto coincidió precisamente con el paso de la dictadura comunista a la democracia). “Las ricas podrán seguir abortando en Londres”: por esa lógica, debería legalizarse el asesinato, ya que los ricos disponen de más medios para contratar sicarios…; en realidad, si la eventual prohibición del aborto termina protegiendo de esta práctica más a la clase baja que a otras, ello debería ser visto como una medida “social” (el aborto es malo para la mujer, no sólo para el niño: síndrome post-aborto, mayor probabilidad de suicidio, riesgo de secuelas físicas…). “Volverán a morir mujeres en abortos clandestinos”: no es verdad; en Polonia ha descendido el número de muertes anuales por causas obstétricas desde que el aborto fue severamente restringido en 1993.

Pero no hay que cantar victoria prematuramente. La discriminación de que son objeto los discapacitados (abortables hasta la semana 22, en lugar de hasta la 14) podría ser engañosamente superada mediante la equiparación de ambos plazos. A nadie se le oculta que, en tal caso, los discapacitados seguirían siendo abortados en mayor proporción que los “normales” (sólo que se haría en las primeras semanas).

La única forma eficaz de proteger in utero a los deficientes estriba en abolir la ley de plazos. Si ésta sea sustituida por una ley de supuestos, no se debe incluir la “malformación” entre ellos. Y es preciso establecer controles dirigidos a impedir que, en caso de que permanezca el supuesto de “peligro para la salud de la madre”, éste vuelva a ser un coladero fáctico para el aborto libre, como ocurría en 1985-2010: por ejemplo, comisiones médicas que acrediten de manera científica que la mujer corre riesgos físicos graves si prosigue el embarazo (ocurre poquísimo en la medicina moderna).

Si se hiciera todo esto, España se uniría a Polonia, Hungría (que ha incluido la protección del nasciturus en su Constitución) y parte de Hispanoamérica en la vanguardia de un cambio de tendencia histórico. Rajoy quizás no consiga reflotar la economía, pero tiene en su mano reflotar la civilización.