El Gobierno de Países Bajos prohíbe móviles, tabletas y relojes inteligentes en todos los colegios

Cada días son más las administraciones públicas que se plantean prohibir los dispositivos electrónicos inteligentes dentro de las aulas. Esta vez ha sido el Gobierno de Países Bajos el que ha emitido una directiva nacional para todas sus escuelas.

En él señala que los estudiantes no deben llevar a las aulas el teléfono móvil, la tablet o los relojes inteligentes, a menos que haya una razón especial para hacerlo, porque "distraen y hacen que los alumnos rindan peor". Entrará en vigor a partir del próximo uno de enero.

Su lugar no son las aulas

Se trata de una directiva nacional, pero no de una prohibición a través de una legislación, por lo que depende de las propias escuelas acordar las reglas exactas con los profesores, padres y alumnos. El centro educativo puede tomar su propia decisión de prohibir completamente los móviles.

Los estudiantes que dependen de su teléfono por razones médicas o debido a una discapacidad pueden usarlo, y se harán acuerdos ajustados para los centros que ofrecen una educación especial. Esta directiva no se extiende a las universidades y centros de educación superior.

Robbert Dijkgraaf, ministro de Educación, Ciencia y Cultura, ha admitido que los teléfonos "están casi entrelazados con nuestras vidas, pero su lugar no está en las aulas. Los estudiantes deben poder concentrarse y tener todas las oportunidades para aprender bien". El político ha recordado que investigaciones científicas alertan de que los teléfonos "interrumpen esto, con todas sus consecuencias" dañinas para los estudiantes.

Según los informes que maneja el Gobierno neerlandés, los teléfonos inteligentes son "altamente adictivos" para los jóvenes, cuyos cerebros están poco desarrollados como para resistir los estímulos, las vibraciones y los sonidos, y los estudiantes que pasan un tiempo excesivo en su teléfono obtiene calificaciones de hasta 1,5 puntos menos.

Puedes ver aquí un vídeo sobre los peligros de las pantallas en las aulas.

En septiembre, los profesores, estudiantes y padres discutirán las reglas, de tal manera que ya haya unas normas definidas antes del 1 de enero de 2024, y la idea es que, al finalizar el próximo curso escolar, se pueda evaluar el efecto real de esta directiva y si es necesario recurrir a una prohibición legal a nivel nacional, que requiere de trámites más lentos.