Stop Ley Celaá: crece la movilización ante una ley sin consenso, contra las familias y la concertada

En Internet, pero también en la calle con protestas ajustadas a las normas sanitarias contra el coronavirus, enarbolando como emblema un lazo naranja, la escuela concertada y las familias españolas se han manifestado esta semana contra la llamada "Ley Celaá", una ley de educación en trámite en el Congreso de los Diputados que recorta o directamente ignora el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Además de las protestas con tuits y hashtags, la campaña en Internet Más Plurales ha iniciado una recogida de firmas virtual a nivel nacional que, según la organización, ya habría sumado más de 300.000 firmas.

Una ley contra la escuela concertada

La ley Celaá elimina del artículo 109 de la Lomce (ley vigente que se pretende derogar) la alusión a la «demanda social», que recogía la necesidad de que las plazas escolares en centros públicos y concertados se acomodasen a la demanda que las familias hicieran.

Además, PSOE y Podemos quieren potenciar desproporcionadamente la escuela pública legislando un «incremento progresivo» de plazas públicas (y no de plazas en general donde sea necesario).

También contra la escuela diferenciada

Una enmienda reciente a la ley, pactada con ERC por PSOE y Podemos, no establece solo una preferencia para el concierto educativo para los centros mixtos, sino que directamente expulsa a los que no lo sean. «Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas», señala la enmienda pactada y «no separarán al alumnado por su género», dice la enmienda aprobada.

Así, las escuelas que hagan educación diferenciada -la mayoría, pero no todas, cristianas- quedarán sin fondos públicos, y sólo las familias más pudientes podrán optar a ellos. Muchos tendrían que cerrar o dejar de ser diferenciados. Hay que recordar que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 ya declaró que la educación diferenciada por sexos «no causa discriminación» y es «respetuosa con la Constitución».

Protestas en la calle y en Internet

Bajo el lema «Más plurales, más libres, más iguales», la Plataforma Concertados, (integrada por las patronales Escuelas Católicas y CECE; los sindicatos FSIE y FeUSO y las organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA, junto a otras entidades) ya ha realizado algunos actos en las calles y quizá lleguen a convocar alguna caravana de coches en protesta.

Por el momento, este jueves en Internet volvió a impulsar la campaña online StopLeyCelaa, su tercera campaña digital. El 4 de mayo ya fueron tendencia en Twitter con 100.000 tuits y el 20 de mayo, en una "cacerolada digital" alcanzaron unos 115.000 tuits.

"La campaña Más Plurales es una gran movilización en defensa de la libertad de enseñanza y de la pluralidad de nuestro sistema educativo. La LOMLOE es una amenaza que incrementa el intervencionismo del Estado en nuestro sistema, una ley escrita contra los centros concertados, que escolarizan a un 25% del alumnado", advierten los comunicados de la escuela concertada.

Quitar poder a las familias, los niños en manos del Estado

"Estamos ante una maniobra política que pretende hurtar a las familias el papel protagonista que les corresponde legítimamente en la educación de sus hijos para trasladárselo a las administraciones. Estamos ante una ley que siembra la cizaña y la discordia entre las redes de centros, el profesorado y las familias; que introduce la sospecha como medida del sistema educativo para reivindicar después una justicia social basada sólo en prejuicios políticos e ideológicos», añaden las protestas.

No sólo la escuela concertada -tanto católica como no confesional- se ha activado contra la ley, sino también los centros de educación especial (para niños con discapacidades, sobre todo), que quedan dañados por esta ley. Luis Rojo, portavoz de la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, asegura que "esta ley va a privar de la educación especializada a muchos niños con discapacidad intelectual, tanto en estos centros como en los públicos".

Una ley que se hace sin consultar a profesores, escuelas, sindicatos...

Además, el Gobierno está diseñando y tramitando la ley sin consultar ni dejar participar a asociaciones de escuelas, de maestros ni sindicatos. El pasado jueves 15 en la votación de la Comisión de Educación se mostraron contrarios a la intervención de la sociedad civil en la discusión legislativa (al igual que el resto de grupos parlamentarios con la excepción de PP, Cs, Vox y UPN). En total, hubo 16 votos a favor y 20 en contra. Es la primera vez en la historia moderna de España que una ley educativa no tiene comparecencias de los que de verdad saben sobre educación.

Hay que recordar que desde la instauración de la Democracia se han aprobado siete leyes sobre educación, y cada una suele derogar y derribar muchos pasos de la anterior (una de 1980 que no se llegó a aplicar, y otras que sí entraron en vigor en 1985, 1990, 1995, 2002, 2006 y 2013).

La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en Aragón (Fecaparagon) resumía en El Heraldo de Aragón la postura de muchas asociaciones de padres en toda España: "Es importante que los padres podamos elegir dónde queremos llevar a nuestros hijos; no existe un derecho a la educación pública, sino el derecho a la educación", detallaba su presidenta, Concepción Ibáñez.

También los sindicatos se oponen a la norma, que eventualmente dejará sin trabajo a muchos profesores y personal no docente. Miguel Malla, secretario general del sindicato FSIE en Aragón, lo explicaba así: "Si se impide la libre elección de centro y la Administración decide dónde matricular a los alumnos, los centros concertados irán perdiendo alumnado y posteriormente tendrán que cerrar, provocando muchos despidos".

9 causas para oponerse a la ley Celaá

1. Está siendo tramitada «de forma exprés sin negociación, diálogo ni consenso».

2. Es «partidista, injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina derechos y libertades individuales y colectivos».

3. Adjudica un papel subsidiario a la enseñanza concertada con relación a la pública, condenándola a una progresiva desaparición.

4. Pretende imponer un único sistema gratuito de carácter público que elimina la pluralidad y la libertad de los padres de elegir otro tipo de educación.

5. Omite cualquier mejora para los profesionales del sector de la enseñanza concertada.

6. Relega la asignatura de Religión dificultando el derecho a la formación religiosa por parte de las familias.

7. Condena al cierre a los centros de educación especial.

8. Es «inoportuna y tramposa» y se aprovecha de la pandemia para cambiar «radicalmente» el modelo de la educación sin debate social.

9. Siembra la cizaña y la discordia entre las redes de centros, el profesorado y las familias.

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