Valoración de las propuestas en educación del PP (I)

Una vez publicado el programa electoral del Partido Popular, y en lo tocante a sus ofertas en política educativa, podemos realizar una primera valoración de conjunto bastante positiva sobre los principios que inspiran las mismas, y que se encuentran contenidos en su introducción. A modo de resumen, esos principios serían los siguientes:

1.- Garantizar una mayor exigencia académica.

2.- Reconocimiento del mérito y el esfuerzo.

3.- Desarrollo de programas que garanticen de un modo real el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales.

4.- Autonomía de los centros combinada con una rendición de cuentas

5.- Refuerzo de la autoridad del profesorado.

6.- Libertad de elección de centro para los padres.

7.- Desideologización de la escuela en aras a la obligada neutralidad del Estado.

8.- Libertad de elección de la lengua vehicular de la enseñanza.

9.- Fomento de una educación bilingüe en inglés y español

10.- Oferta de plazas de 0 a 3 años para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

11.- Revitalización y orientación hacia el empleo de la formación profesional.

12.- Reformas en la universidad tendentes a mejorar su gobernanza, financiación, gestión y rendición de cuentas.

Ahora bien, estos principios se encuentran desarrollados a continuación mediante la formulación de unos objetivos, que reproducen punto por punto los mismos, y sobre todo en la enumeración de las medidas concretas que se acometerían para llevarlos a la práctica. Y aquí es donde el grado de generalidad que por definición caractariza a los programas electorales hace temer que no sea más que una simple declaración de intenciones. Por esta razón conviene repasar esas medidas concretas una por una, aportando el tipo de legislación real que debería llevarse a la práctica para que tales medidas pasen a ser efectivas y duraderas.
 

MEDIDAS PROPUESTAS

01.- Mejoraremos la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, reformando su estructura para reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos. La educación secundaria tendrá una organización más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. El bachillerato constará de 3 cursos, el primero de los cuales tendrá carácter de curso de iniciación.

Esta primera medida exigiría ni más ni menos que la derogación de la LOE si pretende ser real y efectiva. Si el bachillerato va a constar de tres años, es evidente que el primer año, definido como de carácter introductorio, tendría que ser el actual 4º de la ESO. Sólo este cambio ya obliga a derogar la LOE. ¿Está dispuesto el Partido Popular a llevar a cabo tal acción?. Por otra parte ¿Sería capaz de consensuar el Partido Popular una nueva Ley Orgánica con el PSOE, de forma que la legislación educativa básica deje de cambiar cada vez que se produce un cambio en el partido en el gobierno y se establezca de una vez por todas un marco estable y con vocación de larga duración para el sistema educativo, lo que además implicaría que la educación quede al margen de una vez del debate ideológico y político?. Habrá de verse tal cosa.

En segundo lugar, decir simplemente que “ La educación secundaria tendrá una organización más flexible, que ofrezca vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos” debe entenderse como una vuelta a los itinerarios educativos que recogía la LOCE de Pilar del Castillo, que sí eran una solución directa a la nefasta calidad de los aprendizajes que contiene la ESO, pero ¿se permitirá el acceso a esos itinerarios desde los catorce años, como aconseja la realidad de las aulas? ¿Se mantendrá el absurdo “derecho” a permanecer escolarizado en los niveles obligatorios hasta los dieciocho años? ¿Se facilitará una vía de acceso y salida hacia la formación profesional ya desde los catorce años? (lo que en definitiva no sería sino una vuelta a la ley Villar Palasí) ¿Se reformarán los programas de diversificación curricular de forma que no se conviertan en “cubos de basura” como sucede en la actualidad? ¿Se suprimirá esa auténtica tomadura de pelo que son los “grupos de apoyo a alumnos con conductas disruptivas que no son más que horas de vigilancia y custodia de alumnos con tendencias delictivas?

Igualmente, la recuperación de los itinerarios implica la derogación de la actual LOE ¿hay o no hay? ¿es posible algún consenso con los partidarios de la educación como cauce de su ideología? Es real todo ésto?

02.- Promoveremos el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo desde el segundo ciclo de educación infantil. Reforzaremos la enseñanza de un segundo idioma extranjero. Impulsaremos la opción de una educación trilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial, hasta el final del bachillerato.

De acuerdo, nada que objetar salvo el modo de llevarlo a la práctica, Si esta medida no comienza por cualificar durante varios años previamente al profesorado en el dominio del inglés y la docencia de su materia en dicho idioma, se quedará en un completo fiasco como vienen sucediendo en la actualidad en aquello lugares donde se lleva a cabo. En lo que dura una legislatura, cuatro años, la única medida realista y eficaz sería exigir a todo el profesorado la obtención del nivel B2 de inglés. Sólo entonces y en una hipotética segunda legislatura, se podrían poner en marcha los programas de enseñanza bilingüe correspondiente. Lo demás son quimeras al alcance de unos pocos.

03.- Pondremos en marcha un nuevo modelo de selección y formación de carácter nacional para el acceso a la profesión docente, que atraiga a los mejores expedientes académicos y tenga como criterios de selección el mérito y la capacidad. Promoveremos el reconocimiento por ley del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su actividad e impulsaremos la introducción de incentivos a su labor.

Esta medida sí puede ofrecer buenos resultados, resaltando sobre todo el término “nacional”, dotando al profesorado de una movilidad por todo el territorio nacional de la que ya gozó antaño. Su consideración como autoridad pública no será más que un brindis al sol si no fuera por las medidas siguientes, las relativas a la creación de una verdadera carrera docente y a la autonomía de los centros, sin las cuales tal “autoridad” no es más que palabra hueca.

Por otra parte, un proceso de selección en base al mérito, los expedientes académicos y la capacidad implica la apertura de una guerra declarada a los sindicatos, los grandes protectores de los interinos que no conseiguen demostrar, convocatoria tras onvocatoria, ni la excelencia académica ni el mérito y la capacidad. Habrá que afinar mucho en lo relativo a la valoración de la experiencia docente. Por otro lado, el proceso de selección del profesorado deberá contemplar un nuevo requisito al hilo de lo expuesto en el apartado anterior: estar en posesión del nivel B2 de inglés.

04.- Estableceremos una carrera docente, constituida por el conjunto de grados y funciones que cada profesor pueda alcanzar como consecuencia de la evaluación de su desempeño, del reconocimiento de su ejercicio profesional y de las actividades de formación, innovación e investigación. Impulsaremos la movilidad en todo el territorio nacional de todos los cuerpos docentes.

El establecimiento de una carrera docente es una vieja reivindicación desde hace bastantes años. Y dicha carrera exige el reconocimiento de una serie de niveles dentro de la misma, de igual forma que en los tramos superiores se pueda acceder a escalas superiores equiparables a las del resto de la función pública. Estos niveles, que deben tener su corespondiente reducción horaria y complemento salarial significarían la dignificación de algunas de las funciones actualmente desempeñadas por ciertos profesores de forma completamente desinteresada y gratuita.

En el primer nivel estaría el docente de reciente incoprporación, con su asignación de grupos y horarios conforme al reglamento vigente o el de nueva redacción. En un nivel superior debería aparecer la figura del tutor, cuy labora sigue estando denigrada y olvidada por toda la legislación, pese a la palabrería que inunda a sindicalistas y demás vividores del cuento. Esta tarea suele quedar reservada a los profesores de menor antigüedad en el centro, mientras que los de mayor antigüedad huyen como de la peste de desempeñarla. Su desempeño debería constituir un nivel superior dentro de una hipotética carrera docente.

El siguiente nivel ya debe estar constituido por los jefes de los departamentos didácticos, de orientación, de actividades extraescolares, responsables de bilioteca, comedores, residencias y medios audiovisuales.

El último nivel sería el del equipo directivo, más concretamente el cargo de jefe de estudios y jefes de estudios adjuntos. El director y el secretario deben tener una consideración diferente, deberían pertenecer a una escala superior y deberían constituir la culminación de la carrera docente, paso previo al deempeño de otras labores directamente relacionadas con la administración educativa.

Respecto al secretario, urge crear un cuerpo profesional de gestores en centros de enseñanza, no vinculados a la carrera docente y con unos perfiles profesionales más directamente vinculados a la administración y gestión de empresas. Por último, urge crear un cuerpo profesional de directores de centros educativos, cuyos miembros sí deberían proceder directamente de la carrera docente pero que pasarían a constituirse en un cuerpo diferente, sin docencia directa, con toda la movilidad y disponibilidadterritorial que requieran las necesidades del servicio educativo. Sería oportuno también dejar que cada Consejo Escolar eligiera su propio director de entre los miembros de ese cuerpo profesional, desvinculando por completo a la administración educativa de turno de su posible designación.

05.- Evaluaremos los conocimientos de los alumnos con una prueba de carácter nacional. Haremos públicos los resultados de los centros para estimular la calidad educativa en todas las comunidades autónomas. Introduciremos incentivos que premien la mejora de la calidad a centros y profesores. Garantizaremos que todos los alumnos, con independencia del lugar en que residan, tengan una formación común con un currículo básico en todas las etapas educativas.

De lo que parece tratarse es de acabar con la existencia de diecisiete sistemas educativos deslabazados e inconexos, donde los niveles de competencia que puedan alcanzar los alumnos dependen demasiado de la comunidad autónoma que les haya caído en suerte o en desgracia. En este sentido, todo esfuerzo por homogeneizar un mismo sistema educativo a nivel nacional es bienvenido e imprescindible. Aquí el inconveniente será de nuevo la oposición frontal de las fuerzas nacionalistas.

Es de anticipar que la política educativa del Partido Popular, con todas sus excelencias, seguirá el mismo rumbo que la malograda Ley de Calidad de la Educación de Pilar del Castillo. Sólo podrá ser llevada a cabo mediante una mayoría absoluta y con el resto de fuerzas políticas enfrentadas a esas iniciativas. Y nada ni nadie garantiza varias mayorías absolutas seguidas. De nuevo vuelve a aparecer como una urgencia nacional un gran pacto por la educación entre las dos fuerzas mayoritarias al menos: de los nacionalismos marginales se puede prescindir, siempre que el Estado recupere sus verdaderas funciones, aplique la Constitución y suspenda el autogobierno de las autonomías que incurran en desacato de, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional. Escenario harto complejo el que se avecina.

Y este pacto por la educación sólo será posible cuando uno de los dos grandes actores, el PSOE, renuncie de una vez por todas a hacer de la educación el cauce privilegiado de adoctrinamiento e ideologización de las nuevas generaciones.

06.- Impulsaremos la autonomía de los centros educativos públicos con nuevos modelos de gestión que faciliten la innovación educativa en el plano organizativo, curricular y de gestión económica. Para ello incrementaremos las competencias de los equipos directivos, y promoveremos la profesionalización de la dirección y gestión de los centros.

Profesionalización de la dirección es directamente la creación de un cuerpo nacional de directores, como ya se ha apuntado. Sin complejos. Profesionalización de la gestión es la creación de un cuerpo de gestores en centros de enseñanza de perfil administrativo-empresarial, ajenos a la docencia. Y el incremento de las competencias debe pasar necesariamente por la posibilidad de ampliar el currículo mínimo, en la línea que ya apuntó Esperanza Aguirre el pasado 7 de julio cuando mencionó la posibilidad de ceder a los centros educativos el desarrollo del 35 por ciento del currículo; debe pasar por adjudicar a los equipos directivos la posibilidad de contratación directa del profesorado; debe pasar por permitir a esos mismos equipos directivos la realización y puesta en práctica de todas las iniciativas posibles para generar recursos propios con la colaboración voluntaria de los padres, así como permitirles la realización y contratación directa de obra, reparación o ampliación sin ningún tipo de autorización administrativa previa, tras consulta sobre las posibilidades presupuestarias de la administración y con una rendición de cuentas puntual y completa.

En definitiva, debe ir encaminada hacia una autogestión de vada centro, sujeta a control y transparencia, pero con la libertad de fijar su propio modelo educativo, que podrá basar en los modelos que considere oportunos. Todo ello vinculado al punto once de estas medidas, que es el de la libre elección de centro por parte de las familias, al que llegaremos en su momento.