La pobreza y la izquierda: unión inseparable

Para ahorrar gasolina o para recaudar fondos, el Gobierno recurre a medidas a la desesperada. Siguiendo modelos ya aplicados para hacer frente a la crisis del petróleo de 1973, ahora se reduce el límite máximo de velocidad en las autovías en España de 120 kilómetros hora a 110.
 

Buena parte de los periodos que en nuestra más reciente historia han transcurrido bajo el signo de gobiernos socialistas, han significado graves retrocesos económicos como los que se produjeron durante la década de los ochenta y los noventa con cortos paréntesis.

Recordemos la situación a la que nos llevó Felipe González en 1995; para entonces se había documentado una larga lista de escándalos y corrupciones. La trama de las escuchas telefónicas ilegales no era un caso aislado y recordaba la existencia de una banda criminal organizada por cuya actuación cumplieron condena miembros del Gobierno sin que nunca se llegara a establecer la última responsabilidad. Un caso más de corrupción como la financiación ilegal del PSOE, o los que llevaron a prisión al director de la Guardia Civil, al Gobernador del Banco de España y a la directora del Boletín del Estado, y provocaron el cese del Gobierno a dos vicepresidentes y cinco ministros.

En este contexto se situaba la cifra récord del paro que alcanzó España, la progresiva desaparición de la industria, los daños sufridos por la pesca y la agricultura… ya para entonces habíamos quedado reducidos al escape turístico y de servicios de la Unión Europea. Todavía no se podía pensar en la ampliación a los países del Este y nos llegaban algunas migajas que luego irían a otros destinatarios. Al mismo tiempo, las formas de dependencia generadas en España a través, sobre todo, de las Autonomías y Ayuntamientos llevan a un reparto indiscriminado de fondos públicos a quien nadie ha puesto coto.
 

El socialismo crea y reparte pobreza. Y nada sustancial cambió en este panorama en los años de bonanza económica que siguieron a 1996. Con una administración incomparablemente más honrada y brillante, el Gobierno del PP se reveló incapaz de asumir los importantes cambios estructurales que reclama una economía sólida en el siglo XXI.
 

Pero, la crisis económica no es un accidente que ha llegado a la España socialista sin saber cómo; ni es responsabilidad exclusiva del marco internacional.
 

Probablemente el caso español, junto con el de otros países como Italia y Argentina, sea uno de los que permiten comprobar con más claridad que la crisis que atravesamos es fundamentalmente moral, referida a la ética y a las conductas, a los valores y a los principios que el país ha ido perdiendo durante años de ejercicio político al servicio de intereses personales, partidistas y económicos.

Educación para la ciudadanía, memoria histórica, diálogo con los terroristas, despenalización del aborto concebido como un derecho, “matrimonio” de homosexuales, feminismo radical, reformas educativas… no son simples cortinas de humo para disimular la crisis económica como pretende la versión oficial del centro-derecha. Son los pilares irrenunciables de una obra de Gobierno que se inició en 1982.

Los Gobiernos de UCD y del PP, fugaces en el tiempo y en las realizaciones, habían renunciado a cualquier fundamentación de su labor en una concepción del hombre y de la sociedad —más allá de las mezquinas consignas liberales— y se limitaron a una gestión de los recursos económicos más o menos brillante en el segundo caso y desastrosa en el primero. Por el contrario, el Partido Socialista de González y de Rodríguez, fiel a una estrategia gramsciana, ha laborado tenazmente y en la misma dirección para provocar un cambio social de tal naturaleza que las citas electorales se acaben convirtiendo en una simple convalidación de su presencia en el poder por parte de una colectividad configurada a imagen de los deseos del Gobierno.

Por eso, no creo en la esperanza que radica en una segunda edición del liberalismo aznarista. Y dudo mucho que sea viable una reconstrucción que no pase por una revisión a fondo del marco político impuesto por la Constitución del 78 y del modelo económico adoptado acríticamente desde mucho antes.