La asociación E-Cristians denuncia que en Cataluña no hay ayudas públicas a las embarazadas, que por el contrario sí se subvencionan los abortos (pero no se apoya a las embarazadas que quieren dar a luz) y que en la Barcelona de Ada Colau no solo no hay ayudas municipales (hubo alguna durante los pocos años que Convergencia gobernó la ciudad) sino que ahora, con presiones de la izquierda radical de la CUP, a los funcionarios y asistentes sociales se les exige que no remitan nunca a las embarazadas hacia asociaciones provida.
E-Cristians promueve una recogida de firmas denunciando la situación aquí en Change.org.
Como ya recordamos aquí en ReL durante 30 años, la Fundación Provida de Cataluña ha ayudado a ser madres a unas 7.000 embarazadas en apuros. Cada año, la Fundación recibe a unas 140 mujeres que llegan derivadas de los asistentes sociales del Ayuntamiento de Barcelona, sea con alcaldes socialistas, convergentes o con la populista Ada Colau.
La Generalitat no ha ayudado nunca a las embarazadas; Provida sí
También el Informe 2017 de Red Madre denunciaba que aunque España se define como un "Estado social" dedica (incluyendo todas sus administraciones públicas) 10 veces más dinero a pagar abortos que a ayudar a embarazadas en apuros (34 millones de euros para pagar abortos, solo 3,6 millones para ayudar a embarazadas... La administración autonómica en Cataluña, Aragón, Murcia, Navarra, Asturias y Cantabria dedica 0 euros (cero) a las embarazadas en apuros.
Este es el texto de E-Cristians que denuncia la situación.
Declaración de e-Cristians: En favor de la vida, la responsabilidad y la justicia
13 diciembre, 2018
La Fundación Pro Vida de Cataluña ha hecho público su malestar por el trato discriminatorio al cual se ve sometida por el Ayuntamiento de Barcelona, y la Generalitat:
En la sesión de control del Parlament del pasado 21 de noviembre, la CUP preguntó al consejero del Departamento de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias, por qué motivos se habían otorgado subvenciones por valor de 30.000€ a una entidad que “actúa en contra del derecho a decidir de las mujeres”.
En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Barcelona del 23 de noviembre, se aprobó la propuesta de la CUP-Capgirem Barcelona, de hacer un informe sobre las derivaciones de mujeres gestantes desde los Servicios Sociales en el Ayuntamiento a la Fundación Pro Vida de Cataluña y “poner los mecanismos necesarios para dejar de derivar mujeres a esta Fundación de manera inmediata”.
Pero la realidad es que la Generalitat no otorga ayuda para la atención de mujeres embarazadas que quieren tener a su hijo, y el gobierno municipal de Ada Colau no renueva el convenio firmado en la época del alcalde Trias con la misma finalidad, y no únicamente esto sino que da instrucciones a los servicios sociales para que no envíen mujeres necesitadas que no quieren abortar a los servicios sociales.
No es el único caso. En otras comunidades autónomas, las asociaciones provida son marginadas de las ayudas. El primer protagonista de este maltrato es el propio gobierno del Estado. Obsesionados con el aborto, cometen el trágico error de subvencionar el homicidio del que ha de nacer y dejar sin ninguna clase de ayuda a las madres que quieren tener a su hijo.
De esta manera se niega a las madres la libertar de optar entre realizar su maternidad o rechazarla.
Desde nuestra perspectiva cristiana, esta situación define una estructura de pecado a la que es necesario enfrentarnos y transformar a favor de la vida.
Desde nuestra perspectiva cívica, esta situación define una irresponsabilidad monstruosa que castiga el futuro del país, es decir, castiga a nuestros jóvenes y adolescentes con una losa insoportable. ¿Por qué es así?:
Lo definía muy bien el profesor Alessandro Rosina, Director del Departamento de Ciencias Estadísticas de la Universidad Católica de Milán en el periódico El País (10/12/18): Las poblaciones por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer, sufren un proceso de envejecimiento de la población, lo que determina que el coste de aumento de la longevidad en términos de pensión y sanidad pública se convierta en insostenible. Crece el número de personas jubiladas que debe soportar cada persona en edad de trabajar. A este hecho se le añade el endeudamiento público (prácticamente del 100% del PIB en el caso español).
Significa que con el paso de los años por falta de nacimientos, habrá menos personas en edad de trabajar que soportarán un mayor endeudamiento por cápita. Condenamos así a todos los menores de 65 años a una pesada losa. Más personas mayores que dependerán de los impuestos y cuotas de menos trabajadores, y más coste de la deuda pública por cada trabajador. Esta es la herencia colectiva que dejamos a nuestros hijos.
España está muy lejos de la tasa de reemplazo. Necesitaríamos 0,75 nacimientos adicionales por mujer en edad de dar a luz.
Y además han convertido el aborto en bandera, incentivándolo económica, cultural y políticamente. Ya significa del orden de 1 de cada 4 nacimientos, en imputación directa, más del 30% con la adición indirecta.
Es necesario poner fin de inmediato a este estado de cosas injustas, perjudiciales, suicidas, contrarias al bien común.
Pedimos:
Todas las administraciones públicas deben aportar con normalidad, cuando no con prioridad, recursos a las entidades provida y a todas aquellas que se dedican a ayudar a las madres que quieren realizar su maternidad, en forma de convenios o subvenciones, empezando por el gobierno español, junto con los autonómicos y poderes locales, diputaciones y ayuntamientos.
Los servicios sociales deben presentar a las mujeres que acuden a ellos la opción de tener el hijo como vía alternativa al aborto y, dirigirlas a las entidades sociales que vienen desplegando este servicio impagable.