Desde principios de noviembre, el grupo de presión Back Off Scotland está buscando apoyos para implantar en Escocia buffer zones , es decir, zonas alrededor de clínicas abortistas en las que esté prohibido que se acerquen rescatadores provida o , simplemente, personas que acudan a rezar.

Sin embargo, las autoridades escocesas, aunque sean de izquierdas, no aprueban la idea: la ven “desproporcionada”. 

Implantar estas zonas, afirmó el diputado socialdemócrata John Mason, limitaría la libertad de expresión y circulación de los ciudadanos provida que, cuya expresión, además, suele darse “de forma pacífica y sin incidentes”.

Una medida "desproporcionada" a juicio del gobierno escocés

Los conservadores, lejos de estar solos en su oposición a esta medida, cuentan con el apoyo de los mismos miembros del partido de gobierno (SNP), de tendencia progresista y socialdemócrata.

Así lo demostró el pasado 4 de noviembre Maree Todd, ministra de Salud Pública y Salud de la Mujer. Zanjó la discusión promovida por el Partido Verde al anunciar que su gobierno no apoyaría “la introducción de las buffer zones alrededor de las clínicas donde se practican abortos”.

“Es importante que cualquier acción que se tome sea proporcionada y acorde a los derechos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirmó Todd, tanto “al acceso a la atención médica como los derechos de quienes protestan”.

Por ello, prosiguió, “el gobierno escocés no considera apropiado imponer una zona de amortiguación –buffer zone– en torno a las clínicas donde se practican abortos”.

La portavoz de la asociación provida Right To Life UK, Catherine Robinson, secundó y celebró la decisión de la Ministra de Salud de la Mujer al reconocer "que sería completamente desproporcionado e injusto introducir una prohibición general de cualquier tipo de protesta fuera de las clínicas de aborto en Escocia. Dondequiera que tenga lugar el acoso, puede y debe ser castigado con arreglo a la legislación vigente. No es necesario introducir más legislación”.

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon (izquierda) con la ministra de Salud Pública y Salud de la Mujer, Maree Todd. 

Los testigos y asistentes lo confirman: actos pacíficos y sin incidentes

La declaración de intenciones del SNP ha sido especialmente decepcionante para los partidarios de las zonas de exclusión, ya que el SNP es favorable al aborto.

El mismo diputado Mason, que estuvo presente en una de las vigilias frente a las clínicas, admitió que se llevó a cabo a distancia, con una carretera de por medio y “sin estar cerca de las instalaciones médicas. Una docena de personas estaban rezando de forma pacífica, sin agresividad”, recuerda.

“Se le preguntó a la policía de Escocia si había habido algún incidente y, aparte de dos incidentes en 2020, donde no se tomó ninguna medida, no hay ningún problema grave, por lo que las leyes existentes son efectivas”.

Por “incidentes” se refiere a una mujer presente en la vigilia que “dijo que estaba allí para las mujeres que en el fondo de su corazón no estaban en paz con un aborto y necesitaban una última señal para quedarse con su bebé”.

Las zonas de exclusión no prosperarán en Escocia

Hasta ahora, el proyecto de ley ha pasado la segunda lectura, pero debe superar varias etapas más antes de que se convierta en ley, por lo que es poco probable que haya tiempo para aprobarla antes de las elecciones locales de 2022.

Ya en 2017, el anterior Ministro de Interior del Reino Unido, Sajid Javid, expresó las zonas de exclusión junto a clínicas no eran "una respuesta proporcionada, considerando que la mayoría de los eventos [que ocurren ante clínicas y hospitales] son de naturaleza pasiva. Al tomar esta decisión”, añadió, “soy consciente de que ya hay legislaciones para restringir las protestas que pueden causar daño a otras personas”.

¿Próximamente en España?

La libertad de expresión junto a clínicas abortistas se está debatiendo también en España.

El gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos amenaza con multas y penas de prisión a los grupos provida que lleven a cabo sus actividades en las inmediaciones de las clínicas abortistas. 

De salir adelante el cambio del Código Penal que pretenden, el artículo quedaría así: 

“El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.

Tomislav Cunovic, abogado internacional del apostolado internacional 40 Días por la Vida, comentó con ReL esta propuesta en España y en otros países.

De la propuesta del PSOE-Podemos dijo: "Es un juego psicológico del gobierno para amenazar a la gente, quieren que se asusten y dejen de ir a las vigilias. Desde el punto técnico-legal, la propuesta es muy mala, porque no es concreta, no se puede saber qué se prohíbe exactamente. En Alemania dicen que hay 150 metros donde no puedes rezar. En Francia hay una ley muy fuerte pero que no ha castigado a casi nadie. Aquí en España no ves nada concreto. Es activismo del gobierno para tener resultados rápidos para su gente y la industria del aborto y poder decir que han hecho algo. No creo que se atrevan a encarcelar la gente por rezar en espacio público. Las multas sí, puede ser".

Y en cuanto a las sentencias en otros países detallaba: "Varias sentencias de los tribunales en Alemania han recogido que cada persona o grupo tiene derecho a reunirse fuera o enfrente de un abortorio de manera pacífica. También se puede rezar y hablar con la mujer pacíficamente: acercarse, darle los buenos días, preguntar si están embarazadas y si necesitan ayuda... Los tribunales han aceptado que si la gente se comporta así, es legal estar en estas zonas".