Javier de la Torre Díaz es doctor en Derecho, licenciado en Filosofía y Teología Moral, director de la Cátedra de Bioética y presidente del Comité de Ética en la Universidad Pontificia de Comillas. A lo largo de una década, ha publicado y editado decenas de libros de Bioética -uno de los últimos, Los Santos y la enfermedad (PPC)-.
Pese a su amplia experiencia en el análisis del sufrimiento y el dolor al final de la vida, es uno más de las miles de autoridades en la materia que no han sido consultados para aprobar la Ley de Eutanasia hace poco más de un año.
En lugar de médicos, sanitarios, filósofos como Díaz y otros profesionales relacionados con la materia, los políticos, casos concretos con información opaca y reducida y encuestas de dudosa elaboración han sido las fuentes principales para la redacción de la ley.
Eskarne, una anciana de 86 años de Durango (España) fue la primera vida que se cobró la ley el 23 de julio de 2021. Desde entonces, 172 personas han sido asesinadas por sus propios médicos en el primer año de vigencia. Veintidós de ellos expresaron su deseo de ser donantes de órganos, y solo han hecho falta algunos meses para que la muerte no solo sea un derecho, sino que llegue a ser considera como "un acto de generosidad" en palabras de la Ministra de Sanidad Carolina Darias.
La realidad, sin embargo, es muy distinta a las filantrópicas declaraciones del Gobierno o a las mismas intenciones expresadas en el texto legal.
El pasado 14 de julio de 2022, durante los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, De la Torre intervino en el Congreso Autonomía y libertad. Límites bioéticos para confrontar la realidad de los datos y las cifras frente a una ley plagada de mentiras y errores de contenido, forma y fondo en su elaboración.
Todos ellos, explica Diaz, giran en torno a uno de los primeros párrafos de la ley, que dice: "Que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso de decisiones apresuradas".
1º La "absoluta libertad", imposible "sin información"
Uno de los primeros errores que resalta Díaz es que los supuestos fines de la legislación son, en sí mismos, imposibles de lograr.
"Las decisiones al final de la vida en un contexto eutanásico tienen una autonomía muy vulnerable y limitada en su mayoría de casos", explica. En primer lugar, porque el responsable de administrar la eutanasia "nunca o casi nunca es un especialista en cuidados paliativos". Por ello, la información ofrecida al paciente "no es de un especialista, detallada y que pueda informar de las ayudas a la dependencia", ni con datos reales de un país donde "80.000 personas al año mueren sin cuidados paliativos de calidad". "Sin información de calidad, no es posible una elección libre y absoluta", remarca.
La falta de información no solo afecta al responsable de administrar la eutanasia y la información pertinente. También afecta al paciente, a través de los medios de comunicación: "En España no tenemos encuestas serias sobre este tema. Tenemos muchas ideologizadas, pero no sabemos qué opinan los españoles en este tema. Sí sabemos que los medios de comunicación nos intentan influir con encuestas, y esa persona al final de la vida escucha que la mayoría de los médicos están a favor de la eutanasia y ve un conjunto de casos presentados de una manera enormemente positiva desde hace años -como el de Ramón Sampedro, en Mar Adentro-".
2º Tampoco es posible proteger la decisión "de presiones externas"
Otro de los aspectos en los que incide es que la legislación va contra sí misma al tratar de proteger la solicitud del paciente de "presiones externas".
Primero porque estas directamente "no se evalúan" y segundo, porque "los factores culturales influyen, y mucho".
Para el especialista, uno de los factores que más influyen es el de la propia cultura, ya sea en su "negación y tabú de la muerte", en las series y películas -la famosa Mar Adentro-, en una sociedad envejecida o en la propia crisis económica, ya que "el 51% del gasto sanitario [de cada paciente] se produce precisamente al final de su vida".
Si la ley expresa la intención de proteger la decisión del paciente de recibir la eutanasia parece hacerlo únicamente en caso de que las injerencias sean para no tomar la decisión. De hecho, una de las mayores "presiones externas" es la familiar -"el 20% [de los que solicitan la eutanasia] están coaccionados de manera sutil por familiares" para tomar la decisión- y pocos o nadie tratan de impedirla.
3º Los enfermos, ¿quieren derechos o cuidados?
Esos casos presentados como positivos por los medios de comunicación o las presiones culturales externas de los mismos encuentran su nexo en casos concretos de eutanasia que Díaz, lejos de juzgarlos, se limita a mencionarlos.
Muestra de ello es el de Ramón Sampedro, cuya película fue ampliamente difundida por políticos y por los grandes medios. Un caso que, sin embargo, contrasta con otros 30.000 pacientes con su misma enfermedad -tetraplejia- "que no se sentían como él, que no aparecían en los medios y que luchaban por superar su situación y por ayudas públicas, no por un derecho".
4º La eliminación de los enfermos por los fracasos del Estado
También es representativo el de María José Carrasco, una mujer con esclerosis múltiple que fue asistida por su marido durante 10 años, que le denegaron una residencia especializada durante 8 y con "enormes dificultades para acceder a las ayudas a la dependencia".
Finalmente, su marido la mató con el consentimiento de la paciente y después de juicio, quedó absuelto. Un suceso que, para el especialista, "no es un caso de eutanasia, sino un fracaso social", porque se negó a la difunta todo lo que necesitaba en vida. En este punto, citó al jesuita Francesc Abel: "Es mejor preguntarnos porque no creamos aquellas condiciones sociales que posibiliten una mejor atención para estas personas. Triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes causados por problemas de tipo social".
5º La eutanasia, ¿un proyecto social?
También se refirió al de la segunda eutanasia que se practicó legalmente en España, en el hospital alicantino de San Juan. El día anterior, la mujer se alegró de que por fin podría conseguir su deseo de desaparecer, pero Díaz se pregunta: "¿Qué sabemos del caso?". Realmente, pocos datos pero reveladores: "No tenía apoyo familiar, era viuda, no tenía familia ni relaciones, se sentía sola… Lo que hay aquí detrás ¿es un caso de eutanasia o un caso dramático de una persona sola y sin familia?", plantea.
Este es solo uno de los cientos de casos en los que Díaz confirma que muchas solicitudes de eutanasia "no piden la muerte, sino otras muchas cosas" como "vivir de otra manera". En el caso de esta mujer vivía sola y lejos de ser una excepción, su situación es la de otros dos millones de personas que viven solos, muchos de ellos sufriendo depresiones características de las etapas finales de la vida.
También plantea los orígenes de las solicitudes de eutanasia en problemas causados por injusticias sociales. Menciona un caso reciente, en Canadá, que además aúna las difíciles condiciones de vida, las presiones externas y la falta de libertad a la hora de solicitar la eutanasia: "Sofía, diagnosticada de Sensibilidad Química Múltiple, necesitaba un piso con mejor ventilación para poder sobrevivir. Tenía pocos recursos. Pidió ayuda al Gobierno para poder tener esa vivienda, no se la concedió y pidió la eutanasia. Se la concedieron enseguida".
"Se están empezando a dar casos así, de muchas personas en el umbral de la pobreza alas que no se les da ayudas, pero se les concede rápidamente la eutanasia", denuncia.
6º La sociedad puede dar respuestas a las causas
Recurre nuevamente a las cifras y estadísticas para exponer las elevadas solicitudes de eutanasia por "considerarse cargas" o por depresiones.
En el primer caso, "el 34% de los que solicitaron la eutanasia en Canadá lo hicieron por considerarse una carga, en Oregón el 44% y en Washington el 51%".
Respecto a la depresión, resalta que esta predomina al final de la vida ya que el 70% de las eutanasias del mundo son [solicitadas] por enfermos de cáncer y que el 51% de ellos tiene depresión clínica. Por ello, lejos de ser una decisión libre y autónoma, Díaz se dirige al papel de la sociedad no solo para valorar a los ancianos y enfermos y que no se sientan cargas, sino también para "acompañar" y "enseñar a enfrentar el sufrimiento y la negación de la muerte".
Por último, expone que más allá de las incongruencias de la legislación, la sociedad tiene un importante papel a la hora de enfrentar la eutanasia.
"Tenemos que acompañar lo que significa ese deseo de acabar con la vida, acoger hasta los tuétanos ese profundo dolor, pero no quedarnos ahí, sino acompañarlo y esclarecer también lo que muchas veces significa un deseo vivir de otra manera, de no estar solo, de que el balance de vida no sea negativo o de una reconciliación al final de la vida… lo que necesita nuestra sociedad son personas que escuchen, acompañen y exploren ese deseo de lo que significa morir", concluye.