El pasado 26 de junio se difundió y entregó al Senado argentino una carta firmada por 1.900 profesionales y estudiosos de Derecho, señalando que la propuesta de despenalización del aborto que analiza el Congreso no encaja jurídicamente con el marco legal argentino.

El proyecto de aborto, denuncian, “constituye una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional”.

Los letrados advierten que “el Congreso no puede sancionar una norma de rango inferior que viole de forma tan clara normas de jerarquía superior”, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. (Por ejemplo, esta convención pide que los Estados garanticen al máximo la supervivencia del niño y define niño como "todo ser humano menor de 18 años". Que el ser humano en su fase prenatal es un ser humano es cosa clara, como explica la Academia Nacional de Medicina).

También avisan que "se aspira a crear un derecho al aborto con fondos públicos que puede ser ejercido hasta el momento mismo del nacimiento, con amenaza de cárcel para los médicos" que se nieguen a realizar esta práctica.

Aborto prácticamente libre

Los juristas alertaron que la normativa obliga a profesionales y establecimientos de salud a “matar a todos los niños por nacer previo a la realización del aborto cuando tengan más de 20 semanas de gestación” debido a la amplitud de las causales.

La ley argentina usaría el protocolo “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud” de la Organización Mundial de la Salud (OMS)... que obliga a los médicos a la “inducción de la muerte fetal antes del procedimiento”.

Dado lo anterior, se matará “a personas por nacer con síndrome de Down, labio leporino, espina bífida o aun por razón de su sexo en cuanto el embarazo cause un peligro a la salud concebida en términos amplísimos”, advierten.

El Senado argentino debe examinar la propuesta de ley abortista que 1.900 juristas señalan como incompatible con el marco legal del país

Acoso a la objeción de conciencia

La carta también cuestiona la creación de un registro discriminatorio de objetores de conciencia y la prohibición “arbitraria” de la objeción institucional.

Al final de la carta se mencionan 13 constituciones de provincias argentinas que defienden la vida desde la concepción.

El proyecto de aborto fue aprobado el 14 de junio por la Sala de Diputados, entró en discusión en la Cámara Alta el 27 de junio y se calcula que será votado el próximo 8 de agosto.

La carta fue entregada el 26 de junio y en esta los firmantes expresan su intención de “velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución Nacional”. Por tanto solicitan a los senadores una revisión seria y profunda del proyecto.

“El proyecto de ley destruye la frágil base sobre la que descansa la convivencia de los argentinos y que no es otra que el respeto irrestricto del Estado de Derecho, en especial de la Constitución Nacional, condición necesaria para tener una sociedad libre, respetuosa del pluralismo y la diversidad”, describe la carta.

Los juristas sostienen que si se quiere “terminar con el aborto clandestino y sus nefastas consecuencias, los medios utilizados no son válidos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento positivo vigente”.

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Lea también aquí el análisis sobre el aborto y la maternidad de riesgo en Argentina de la Universidad Austral