Primer gran revés judicial a la ley del aborto aprobada en Argentina el 30 de diciembre y firmada por el presidente Alberto Fernández el 14 de enero: una juez de la provincia de Chaco la suspende en esta región norteña de 1,1 millones de habitantes hasta que el Tribunal Constitucional confirme su constitucionalidad.

Muchos expertos avisaron durante la tramitación de la ley de que esto sucedería, pues la constitucionalidad de la ley es más que dudosa y era cuestión de tiempo que jueces o autoridades regionales en distintas provincias empezaran procesos que eleven el caso al Constitucional. Han pasado sólo 2 semanas.

Así, la primera ha sido la juez Marta Aucar de Trotti, del Juzgado 19 de Chaco, respondiendo de forma positiva a una petición de medidas cautelares presentada por activistas provida. Dispone "la suspensión de la aplicación de la ley" de aborto en Chaco "hasta tanto se resuelva la acción principal".

La juez detalla que la práctica abortiva "restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia, el ejercicio y goce del derecho a la vida del niño por nacer, protegido por nuestro ordenamiento jurídico desde la concepción".

La decisión judicial ya fue notificada formalmente al gobierno de la provincia de Chaco. Incluso antes de esa notificación, la subsecretaria de Salud en Chaco, Carolina Centeno, que se declara médico y feminista, y es militante pro-aborto, declaró por Twitter: "La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes". (Por "personas gestantes" se refiere a mujeres embarazadas que declaran no ser mujeres sino de otro supuesto 'género').

Lobby abortista pide inhabilitar a la juez

Los lobbies abortistas internacionales han respondido a la juez Aucar denunciándola por "prevaricación" pidiendo para ella multas e inhabilitaciones, esperando amedrentarla a ella y a otros jueces de distintas regiones. En el caso concreto de Chaco, la denuncia la presenta "Católicas por el Derecho a Decidir", un grupo abortista que falsamente declara ser 'católico' y fue creado y es mantenido desde hace décadas con dinero de la patronal abortista internacional norteamericana Planned Parenthood (en Argentina, esta "Católicas por el Derecho a Decidir" recibió de Planned Parenthood de 2008 a 2016 más de 1,2 millones de dólares USA, como explicamos aquí).

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo que aunque personalmente está contra la ley del aborto no se puede suspender en la provincia. Pero precisamente al recurrir el gobierno provincial la decisión de la juez se hace efectiva la suspensión de la ley mientras se tramita el conflicto.

Marchas de activistas provida en Chaco, de 2018 y de 2020

Activistas provida de la sociedad civil de Chaco explican por qué se oponen al aborto: "es inconstitucional", recuerdan algunos.

700 sanitarios se entrenan en objeción de conciencia

Mientras empiezan los primeros pasos en la danza sobre la inconstitucionalidad del aborto, muchos sanitarios argentinos empiezan a entrenarse y a aprender sobre la objeción de conciencia para evitar participar en el aborto, una actividad contraria al Juramento Hipocrático, la ética médica y el deber médico de cuidar, no matar.

La Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) de Argentina reunió el 26 de enero a unos 700 profesionales de salud en una primera formación online sobre objeción. Participaron sanitarios de muchas especialidades: médicos, obstetras, enfermeros, instrumentadores, auxiliares y directivos de centros de salud públicos y privados...

Los ponentes fueron:
- Débora Ranieri, doctora en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina,
- María Teresa Mockevich, abogada de la Red Federal de Familias,
- Miguel Haslop, presidente de Prodeci

Explicaron que la ley del aborto exige al sanitario objetor a “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones” y que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable” y “no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto”.

El castigo a los sanitarios que obstaculicen el aborto es de “prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena". Esta ley premia a los médicos que matan niños y castiga con cárcel a los que intentan salvar vidas.

Para protegerse mejor, Prodeci da recomendaciones y modelos sobre cómo dejar constancia clara de la condición de objetor. “La presentación, en todos los supuestos, es de carácter confidencial: los datos sensibles consignados deben ser siempre resguardados”, alerta Prodeci.

Debido al masivo interés de los profesionales de salud, la institución ya anunció la segunda capacitación para el lunes 1 de febrero a las 7:00 p.m. hora local. Los documentos de objeción de conciencia preparados por Prodeci están aquí en su web.

Como ya explicamos en ReL, en España, tras más de 30 años de aborto local, los técnicos abortistas siguen siendo una casta especial, mal vista por el resto de los médicos y especialmente por los que se dedican a atender partos y bebés.

Los abortos los realizan siempre los mismos médicos en los mismos abortorios (muy pocas veces en hospitales) y estos negocios recurren a menudo a médicos pobres, inmigrantes o recién licenciados, jóvenes más o menos apurados, para realizar el aborto. Muchos de estos jóvenes dejan este siniestro oficio en cuanto pueden, y sólo perseveran los abortistas-empresarios endurecidos, que prácticamente no saben hacer casi nada más en medicina.

¿Objeción de conciencia de instituciones?

Otro tema que se va a debatir es la objeción de conciencia de instituciones sanitarias completas. El Hospital Privado Universitario de Córdoba (Argentina), anunció que objetará de conciencia al aborto siguiendo su ideario institucional que le pide “defender la vida”, ideario en el que forma a sus estudiantes. Así lo anunció el pasado 20 de enero.

El hospital admite que el texto de la ley "no contempló expresamente" el derecho a objeción de conciencia de instituciones pero "emerge también como derecho constitucional de las personas físicas el de ‘asociarse libremente y promulgar una concepción ideológica particular’ sobre los temas que determinaron la creación de las personas jurídicas que integran”, señala el comunicado.

“Ello constituye el ideario que impregnará su misión institucional. Se trata de objetivos y fines precisos que el ordenamiento jurídico debe salvaguardar”, precisaron desde el hospital.

Este hospital declara ser una “entidad creada por profesionales de la salud con el objetivo de brindar asistencia y cuidado a los enfermos, defender la vida y formar futuros profesionales inspirados en estos principios”, por lo que "con el objetivo de garantizar el respeto del derecho a la objeción de conciencia individual y la defensa del ideario institucional" [...] “se ha organizado un sistema de derivación".

Vídeo animando a los defensores de la vida  a seguir trabajando pese a la ley del aborto aprobada por Alberto Fernández