¿Puede un país eutanasiador permitir centros que cuiden enfermos terminales negándose a aplicarles eutanasia o suicidio asistido?
La experiencia que vamos a contar de Canadá es que se les acosa, primero pidiéndoles que se llenen de trabajadores pro-eutanasia, después pidiendo que permitan eutanasias en sus locales y, si se niegan, quitándoles financiación y locales.
Después de todo, como señalaba la misma administración canadiense, por cada enfermo terminal al que se le mata con eutanasia se ahorran 8.600 euros.
El Hospicio Irene Thomas es una pequeña instalación de 10 camas para enfermos terminales en Delta (Columbia Británica, Canadá), con buenos cuidados paliativos, ligada a la Delta Hospice Society, que nació inspirada en el movimiento de cuidados paliativos de la prestigiosa Cecily Saunders, enfermera anglicana devota que modernizó el cuidado integral a moribundos, con un enfoque de origen cristiano y siempre provida, que recibió el Premio Templeton.
En concreto, la asociación de Delta nació en 1991 en la mesa de la cocina de una vecina del lugar, Nancy Macey, firmemente contraria al suicidio asistido, que fue la directora del hospicio hasta que fue despedida por un nuevo cuadro directivo pro-eutanasia en septiembre de 2019.
Ahora, las administraciones canadienses se encarnizan contra este hospicio porque sus responsables aún quieren mantener los valores provida que le dieron origen y por negarse a aplicar suicidios asistidos (legales en Canadá desde 2016) y por negarse a contratar personal que apoye esta práctica.
Una técnica: llenar el hospicio de activistas proeutanasia
Recientemente, un tribunal de apelación de Columbia Británica dictaminó que las normas del hospicio, tal como estaban redactadas, no le permiten negarse a contratar trabajadores activistas de la eutanasia y suicidio asistido.
La Delta Hospice Society cambió en primavera sus constituciones para declararse "una comunidad cristiana que ejerce principios bíblicos, incluyendo la santidad de la vida", pero el tribunal considera que eso no basta para que pueda negarse legalmente a contratar activistas pro-eutanasia, y no sólo como trabajadores sino como miembros de la asociación.
La presidenta de la asociación, Angelina Ireland, dice que se trata de una "ocupación hostil" de "ideólogos buscando imponer" el suicidio asistido. La asociación que quiere mantener sus principios provida ahora recurrirá al Tribunal Supremo canadiense.
"Nos dicen que si recibimos dinero del contribuyente, tenemos que proveer suicidios asistidos, pero las personas que cuidamos también son contribuyentes... estamos del lado de los contribuyentes que quieren tener un hospicio de cuidados paliativos", dice Angelica Ireland.
Angelica Ireland intenta que el Hospicio Irene Thomas siga siendo de cuidados paliativos, sin eutanasiar enfermos
"Llevamos 50 años con una disciplina médica de cuidar y no matar", declaró la presidenta. "Nos resistimos a la destrucción de los cuidados paliativos en Delta, en Columbia Británica y en el resto de Canadá. Nuestras acciones buscan defender y proteger los cuidados paliativos, que son un don para la humanidad".
Otra técnica: que "suicidadores" externos apliquen la eutanasia
Además, el Gobierno provincial está presionando a la asociación por negarse a realizar suicidios asistidos. El ministro de Sanidad amenaza con retirar fondos públicos al centro en febrero si no ofrecen la posibilidad de que se realicen allí suicidios asistidos, aunque al personal del centro no se les pediría realizarlos, sólo ofrecerlos. Los realizarían "suicidadores" externos que acudirían al lugar.
Los cuidados paliativos son caros y el 94% del coste de este hospicio lo cubría, hasta ahora, dinero público provincial. El terreno en el que está el hospicio también es propiedad de una administración pública sanitaria, la Fraser Health Authority, que ha amenazado con expulsarles si no aceptan "suicidar" enfermos.
Ante estas presiones, la asociación ha decidido despedir temporalmente a sus trabajadores de este pequeño hospicio. "No nos queda otra opción, dado que Fraser Health Authority cancela nuestro acuerdo de servicio de préstamo del terreno por 35 años. Fraser Health está a punto de desalojarnos y de expropiar 15 millones de dólares canadienses de nuestros activos sólo porque nos negamos a eutanasiar a nuestros pacientes en nuestro hospital de 10 camas", anuncia la asociación paliativa.
La asociación dice que aunque sea legal el suicidio asistido "nada en la ley canadiense pide que deba ofrecerse a todos, en todos los lugares, a todas horas". Esperan que ese argumento sea aceptado por el Tribunal Supremo.
La cultura de la muerte no permitirá ningún disenso
Wesley Smith, un experto analista de asuntos bioéticos, señala en National Review que justo al lado de este hospicio provida hay un hospital donde "los pacientes pueden ir a que les pongan una inyección letal, así que no es que los pacientes suicidas no puedan lograr su deseo de que les maten. Pero ese no es el problema. La resistencia de Delta manda un mensaje moral, que la vida humana tiene valor en sí misma, que matar médicamente está mal. No pueden permitirlo, la cultura de la muerte no admite ningún disenso".