Una organización católica en Estados Unidos acaba de obtener la más reciente victoria en contra el ‘Obamacare’, la imposición proabortista que implantó el anterior presidente de Estados Unidos. De esta manera pone fin a una batalla legal que comenzó en 2014, cuando un juez federal falló a favor de la Catholic Benefits Association y suspendió de manera definitiva la obligación de los asociados de esa institución de incluir fármacos abortivos, de esterilización y anticonceptivos en las coberturas obligatorias de salud, y revocó las muy costosas multas que se habían acumulado por el incumplimiento, señala la agencia Gudium press.
"Esta es una tremenda victoria", afirmó el director de la asociación, Douglas G. Wilson. "La primera libertad en la Carta de Derechos es el derecho a la libertad de religión, incluida en la Primera Enmienda. La Corte ha sentenciado con razón que los empleadores no deberían ser forzados a violentar a sus creencias y cubrir opciones electivas y frecuentemente de bajo costo que son problemáticas moralmente".
La importancia de la sentencia es que la Asociación reúne a más de mil proveedores de servicios de salud católicos y representaba el caso singular más grande en contra del mandato antinatalista. El éxito en las cortes representa la eliminación de multas que llegan a un total de 6.9 mil millones de dólares. La sentencia no es una suspensión temporal sino definitiva, por lo cual protege no sólo a la administración actual sino a las administraciones futuras de los intentos de violentar su conciencia en la misma materia.
La controversia a causa del llamado mandato antinatalista del Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzó en 2012 cuando se incluyó en el sistema de salud conocido popularmente como Obamacare la obligación de proveer cobertura a la anticoncepción y los fármacos abortivos. Mientras que se hizo una excepción a las instituciones religiosas, la definición de dicha excepción dejó por fuera en numerosas instituciones como obras de beneficencia, escuelas, universidades y hospitales, lo cual ocasionó demandas por parte de numerosos grupos e instituciones como las Hermanitas de los Pobres cuyo caso obtuvo su victoria en la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2016.
Finalmente, en octubre de 2017, las reglas del llamado mandato antinatalista fueron cambiadas por parte de la Administración Trump. La autoridad amplió las excepciones para incluir a los empleadores religiosos que tengan objeciones morales frente a la norma.