Ambos escenarios son ilegales, aunque tal vez no por mucho tiempo. Con la legalización de la eutanasia por inyección letal en todo Canadá, es previsible que se hayan puesto en marcha los mecanismos que permitan a los pacientes redactar órdenes escritas vinculantes para que les maten si pierden su capacidad mental.
Esto ya es legal en Holanda y Bélgica, dos países que parecen competir entre sí para redactar la ley más radical sobre la eutanasia. Pero, ¿qué pasa si el paciente con Alzheimer, después de perder la capacidad de tomar sus propias decisiones, no está sufriendo para nada? Pues... ¡qué se le va a hacer! Se considera que la voluntad expresada con anterioridad es la que prevalece sobre su actual estado de felicidad. De hecho, en un terrible caso de Holanda, una anciana con Alzheimer fue sujetada por su familia mientras luchaba para que no le pusieran la inyección letal. La autoridades holandesas determinaron que el homicidio había sido lícito porque "el doctor actuó de buena fe".
Ojalá los defensores de la eutanasia pudieran ser denunciados por defender lo falso. Durante años han asegurado con tono tranquilizador a la sociedad, recelosa, que sólo tendrían acceso a la eutanasia las personas que tuvieran la capacidad de elegir ser asesinadas.
Esta promesa fue siempre muy cuestionada. La "elección" nunca ha sido el punto central de la eutanasia, porque entonces la eutanasia debería estar disponible para todos aquellos, enfermos o sanos, que elijan morir. El objetivo ha sido más bien normalizar el hecho de matar como un remedio aceptable al sufrimiento, incluso cuando el paciente es incapaz de tomar una decisión racional, como en el caso de los pacientes con Alzheimer.
Aunque el suicidio asistido es legal en los Estados Unidos, sigue sin estar permitido en el caso de personas que no tienen capacidad de tomar decisiones. Esta restricción puede ser una cuestión de táctica política más que un principio fundamental. Hace unos años, Barbara Coombs Lee, jefa de la organización en defensa del suicidio asistido Compassion and Choices, dijo que el suicidio asistido para pacientes con Alzheimer era "una cuestión a tratar más adelante, pero no menos imperiosa" que la legalización de la eutanasia para los enfermos terminales con capacidad de decisión; lo que implicaba que la legalización de la eutanasia de personas con demencia sería lo siguiente, una vez que el país hubiera aceptado los planes de Compassion and Choices.
El objetivo de Compassion and Choices son personas ancianas que dejen instrucciones de suicidio mediante la privación de comida, procedimiento conocido en la jerga del movimiento pro-eutanasia como "renuncia voluntaria a comer y beber" (VSED, Voluntary Stop Eating and Drinking).
En su Guía de Instrucciones leemos: "Mucha gente lucha con el sufrimiento continuo de una enfermedad crónica o incurable y progresiva. Hay personas que, en cambio, deciden que simplemente ya están 'acabados' después de ocho o nueve décadas de una vida vivida plenamente".
Es alarmante que la American Nursing Association haya adoptado una política en apoyo del derecho a cometer VSED sin intervención por parte de nadie, y haya declarado que "la decisión de un paciente en lo que respecta a la VSED es vinculante, incluso si el paciente pierde después su capacidad [de tomar decisiones]".
Presumiblemente, la VSED es legal. Pero, ¿qué pasa si un paciente demente sin capacidad de tomar decisiones, que come y bebe voluntariamente, ha dejado instrucciones previas en las que declara que quiere que se le niegue el alimento cuando ya no tenga capacidad de decisión?
Cada vez más, prominentes bioeticistas sostienen que hay que obligar a los cuidadores a que "dejen de alimentar con cuchara a los pacientes", lo que significa literalmente que hay que dejarlos morir de hambre. Por ejemplo, en el Hastings Center Report de mayo-junio de 2014, Paul T. Menzel y M. Colette Chandler-Cramer argumentan: "El principio subyacente [a las directrices médicas anticipadas] es que las personas no pierden sus derechos cuando no tienen capacidad de tomar decisiones; simplemente alguien tiene que ejercer estos derechos por ellas. El elemento conductor detrás de la VSED es que forzar a las personas a ingerir alimentos es una intrusión tan inaceptable en su integridad, privacidad y libertad corporal como imponer un tratamiento médico no deseado. Por lo tanto, si las personas sin capacidad de tomar decisiones no pierden sus derechos cuando se niegan a recibir tratamientos que puedan salvarles la vida, tampoco los pierden en lo que respecta a la VSED".
Es como una adaptación al dispositivo. Directrices previas deciden si hay que aplicar o no tratamiento médico. Un paciente puede rechazar por adelantado la intubación, porque "la nutrición e hidratación artificial" se consideran, por ley, un tratamiento médico. Pero "alimentar con cuchara" no es un tratamiento, es una atención y cuidado humanos, no diferentes éticamente a girar al paciente en la cama para evitar las llagas de decúbito, o proporcionarle una higiene adecuada. Del mismo modo que se ignoraría una directriz que ordenara que un paciente no debe mantenerse limpio, lo mismo vale con una directriz que ordenara que hay que privar de comida a un paciente hasta que muera.
Hay un último punto al que hay que prestar atención. El sufrimiento que causa la enfermedad del Alzheimer recae normalmente mucho más en los cuidadores que en los propios pacientes. Ciertamente muchos, al final del difícil camino, dicen que ha sido un honor cuidar de sus seres queridos incapacitados. Pero no debemos edulcorarlo: el cuidado y la atención de estos pacientes puede ser agotador y muy doloroso y, en algunos casos, peligroso para la salud de los cuidadores. Lo sé porque lo he vivido personalmente muy de cerca. Mi mujer y yo cuidamos de mi anciana madre en nuestra casa durante los últimos cinco meses de su vida, cuando su Alzheimer ya era muy avanzado. Créanme, la pérdida de la memoria es lo menos importante de esta enfermedad.
Es correcto que a los cuidadores se les autorice a rechazar tratamientos médicos intensivos que alargan la vida. Luego, cuando la muerte llega, es una cuestión de la naturaleza que sigue su curso. Pero permitir que los cuidadores ordenen a doctores o a personal sanitario que acaben con la vida del paciente es ir demasiado lejos. En algunos casos, esto lo que permitiría es que los cuidadores eliminaran a los pacientes debido a su propio sufrimiento, el de los cuidadores. Si a esto le añadimos cuestiones de conflicto de intereses, como herencias y costes del tratamiento, tenemos un abuso de personas mayores en potencia.
Por muy malo que pueda ser el Alzheimer, incluso las personas con Alzheimer profundo pueden experimentar momentos de claridad y alegría. Y cuando esto ya no es posible, estas personas indefensas siguen siendo miembros plenos e iguales de la comunidad moral, y tienen derecho a la mejor atención que podamos ofrecerles. Si una sociedad es juzgada por el modo como trata a sus miembros más vulnerables, nosotros rechazamos los planes descontrolados cuyo objetivo es matar a los pacientes de Alzheimer, centrándonos en mejor nuestra capacidad de cuidado y atención de los mismos.
Artículo de Wesley J. Smith publicado en First Things.
Wesley J. Smith es miembro senior del Discovery Institute's Center on Human Exceptionalism y consultor del Patients Rights Council.
Traducción de Helena Faccia Serrano.