Sucede en España continuamente y sucedió más aún con el presidente socialista Rodríguez Zapatero: se dictan leyes ideológicas y altisonantes con rodillo parlamentario y mediático, sin base en la realidad social y luego los españoles no las aplican en la vida real. Cuando llega un caso a los jueces la reinterpretan para que la vida pueda proseguir con cierta racionalidad. 

Antes de 2005, la ley española permitía a los padres corregir a los menores «razonable y moderadamente» con un cachete o bofetón ocasional, que no causara lesiones.

Apoyándose en recomendaciones del Consejo de Europa, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero eliminó esa opción: ningún cachete ni bofetada de los padres a sus hijos es legal en España desde entonces. 


En esas fechas un 60% de españoles (según una encuesta en el CIS) consideraban que "un azote a tiempo educa y evita problemas" y probablemente siguen pensando así un porcentaje similar pese a doce años de prohibición.

La realidad es que los padres españoles han seguido dando cachetes y por lo general están convencido de que han sido justificados, eficaces y necesarios.  

A veces hay niños (o ex-cónyuges, o delatores) que denuncian al padre o la madre y lo llevan a los tribunales. Lo que suele suceder casi siempre es que los jueces, viendo que se trata de algún cachete ocasional y sin lesiones y que no son casos de maltratos, absuelven al padre denunciado o sentencian una sencilla amonestación. Dicho de otra forma: la ley va por un lado, y la vida real de familias y jueces va por otro. 


Además, hace 12 años, casi ningún niño tenía acceso a un teléfono móvil propio. Ahora son muchos los niños de once y doce años con móvil propio, en redes sociales y grupos de Whatsapp y con capacidad de decirse uno a otro "haz lo que quieras, y si te dan un cachete les denuncias".




El tema ha vuelto a ser actualidad con la reciente sentencia del juez José Antonio Vázquez Taín, en La Coruña, que absuelve a una madre que dió un fuerte bofetón a su hijo de 11 años por haber tirado al suelo un carísimo móvil y haberse negado a ayudar a recoger la mesa.

El juez examinó el caso, vio que el niño era egoísta, consentido, contestón y escribe que el bofetón era "justificado" frente a la actitud de "síndrome del emperador" de su hijo, por lo que ha absuelto a la procesada. 

"Como quiera que el menor hacía caso omiso a sus indicaciones de que colaborase poniendo el desayuno, pues permanecía escuchando música, y debido a que no solo no obedeció sino que llegó a arrojar el teléfono, a fin de que depusiese su actitud rebelde y violenta, le dio un bofetón muy fuerte la altura del pómulo izquierdo". En los hechos probados, el juez añade que con posterioridad a una nueva discusión entre madre e hijo, cuando el menor pretendía irse de casa, la mujer "intentó evitar que el pequeño saliese, para lo cual le agarró por la parte posterior del cuello, causándole un arañazo".

El juez Vázquez Taín destaca en su sentencia que "sorprende la calculada frialdad del menor" y añade que "trata de dirigir la declaración y controlar todo el testimonio". "Da pena comprobar su total falta de empatía", abunda el magistrado en el fallo.


 El juez José Antonio Vázquez Taín en su despacho en La Coruña; como muchos otros jueces, cuando llega la denuncia por cachete o bofetón, absuelven o reconducen la situación 

El menor reconoce que la madre le ordenó poner el desayuno y admite que "mantuvo su actitud pues estaba escuchando música en su teléfono nuevo de alta gama". "Y aunque niegue haber arrojado el teléfono, sus dudas al contestar indican que de algún modo lo tiró. Puede que simplemente lo lanzase al suelo, ni siquiera a su madre", concreta el juez.


"Está claro que la actuación del menor es totalmente equivocada", subraya el juez en el fallo, en el que añade que "por suerte su familia es acomodada y puede permitirse el tirar el dinero de un teléfono de alta gama, cuyo precio, es igual a los ingresos mensuales con los que se ven obligados a vivir más del 50% de la población española".

"Su comportamiento no solo muestra desprecio hacia la autoridad materna, sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar un salario con el que adquirir bienes. Y además incurre en el acto de violencia que supone arrojar el teléfono", puntualiza el juez. Por ello, sostiene en la sentencia que se trata de "una clara exhibición por parte del menor de una actitud de síndrome de emperador,que únicamente busca humillar y despreciar a su madre".


El juez escribe que es necesario corregir al menor para que mejore su comportamiento. "De no mediar una inmediata corrección, el menor trasladará dicho comportamiento a terceros y comenzará a comportarse igual con compañeros, vecinos, etcétera.", sostiene el magistrado, que considera que "acudir a una corrección física moderada está justificado". "Y así se hizo", concluye.

"La acusada no abofeteó a su hijo para causarle una lesión, su intención era clara y trataba de poner fin a la actitud violenta del menor, que es el que primero acude a un acto físico de fuerza, y a su comportamiento totalmente despectivo hacia ella, negándose a algo tan lógico como poner el desayuno", sentencia el juez, que absuelve a la procesada de las acusaciones.


  El popular juez de menores Emilio Calatayud pide que se recupere el derecho a "corregir físicamente de forma moderada y razonable", como se recogía en la ley antes de Zapatero... y como hacen en la vida real cientos de miles de familias


El popular juez de menores Emilio Calatayud lleva doce años repitiendo en tertulias mediáticas y encuentros de padres, familias y juristas que es necesario reestablecer el derecho legal de los padres al cachete educativo, a lo que la ley antes de 2005 llamaba "corregir razonable y moderadamente". 

«Ahora mismo le pegas un azote a tu niño y te encuentras con que los vecinos te llaman la atención porque lo estás maltratando. Pero un buen azote cuando un crío coge una rabieta viene muy bien», ha afirmado varias veces Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. «En derecho ya tenemos los mecanismos suficientes para saber si estamos ante padres maltratadores o padres preocupados por la educación de sus hijos sin necesidad de prohibir el bofetón por ley».

El juez sostiene que «un cachete o un bofetón en el momento justo y con la intensidad adecuada es una victoria».


Otros expertos que se muestran en contra del cachete siempre y creen que nunca es pedagógico, también creen que la ley actual, que lo prohíbe, es más perjudicial que beneficiosa, porque introduce más conflicto y dificultades en la familia. Varios de ellos han hablado esto días en la prensa gallega y en otros medios.

Por ejemplo, el psicólogo Javier Urra, que fue primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, es contrario al cachete, no lo ve educativo, pero  tiene claro que «aunque se deba evitar siempre, no es maltrato; maltrato es algo más grave, continuado y dañino». Cree que se puede y se debe educar a un niño sin darle nunca un bofetón, pero reducir el poder de los padres no lo ve bien: «es esencial para el bien de los menores que sus padres se empoderen». 

El jurista Ignacio Espinosa, abogado en La Coruña, califica la sentencia dictada por Vázquez Taín de «justificada, racional y fructífera». Entiende este letrado que «abre un camino que no es la interpretación cuadriculada de la ley». Espinosa sostiene que «condenar [judicialmente] por una bofetada puntual y sin causar lesión daña aún más la relación paterno-filial». 

La abogada de familia Rosario Crespo señala el absurdo de que la denuncia de un niño llegue a los tribunales, cuando podría haberse quedado en una mera indagación o mediación. «Si un menor denuncia a sus padres, es lógico que se investigue, pero ¿llegar al juicio oral? Tal vez sería mejor, o bien hacer una instrucción por parte de la Fiscalía, o bien pasarlo a mediación y no ir directamente a juicio». Es decir, que se cite al menor, a sus padres, sus tutores, médicos, familia... a aquellos que se considere para saber si el niño sufre malos tratos o lo ocurrido fue una sanción puntual a un hecho reprobable. 

La psicóloga infantil Eugenia Insua detecta que los padres se quedan sin poder ni autoridad y entonces tiene que venir el Estado a intervenir en cosas que las familias sanas deberían poder gestionar por sí mismas. «La familia se ha democratizado y diversificado: eso resquebraja la autoridad y viene el Estado a poner orden». «El juez ha actuado con mucho sentido común», porque a los padres la sociedad no solo les permite corregir, sino que espera que lo hagan.

Además, «una bofetada no es violencia siempre que sea una sanción puntual, sin lesiones y tenga un contenido simbólico». Es un portazo, un límite: «Esto me lleva a preguntarme por qué el niño denuncia. Tal vez, sin conocer el caso, claro, el niño esté pidiendo un límite, algo de autoridad que necesita y no encuentra».