Mientras Estados Unidos se prepara para lo que podría ser un histórico fallo que reduzca drásticamente la cifra de abortos, en España se acaba de anunciar la tercera ley del aborto socialista, que sucede a la de Felipe González de 1985 y a la de Rodríguez Zapatero de 2010. De salir adelante, las menores podrán abortar legalmente en centros públicos sin el permiso de los padres y los objetores serán inscritos en un registro a modo de "lista negra", quedando regulado este derecho.

Estas son solo algunas de las novedades que presenta el borrador de nueva la ley del aborto, al que ha tenido acceso Cadena SER. 

El documento, que se discutirá el próximo martes en el Consejo de Ministros, afirma que las niñas menores de 16 y 17 años podrían abortar sin el consentimiento paterno, en contra de lo que viene ocurriendo desde 2015. Además, estas podrán hacerlo en el centro público más cercano a su solicitud. De no ser posible, se garantizará a las menores que puedan abortar en una clínica privada.

Otra de las novedades será la inclusión de los objetores en una "lista negra". Según avanzó la ministra de Igualdad Irene Montero este mes de febrero, su intención era "blindar el derecho" al aborto desde los 16 años,  para lo que se hace necesario regular la objeción de conciencia, crear un registro de objetores y que estos no puedan impedir al acceso al aborto.

En cuanto a los plazos, la nueva ley mantendría el sistema actual que garantiza el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y las 22 semanas bajo los supuestos del peligro para la vida de la madre o la salud y el bienestar del niño, que fallece de este modo en el acto.

Los vientres de alquiler, "una forma grave de violencia"

Por otro lado, la nueva legislación pretende reconocer la gestación subrogada o vientres de alquiler como "una forma grave de violencia reproductiva", pudiendo así "tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución penal".     Al considerarse como una forma de "violencia contra la mujer", esta práctica no será castigada solo en España, sino que los tribunales podrán perseguir a quienes recurran a esta práctica más allá de las fronteras españolas.

Además, la nueva ley penará como publicidad ilícita a aquellas agencias o clínicas de intermediación que promuevan las prácticas comerciales para la gestación por sustitución, tipifica esta práctica como delito y los medios que promocionen o difundan publicidad sobre esta práctica podrán ser sancionados.

Según el borrador, la nueva ley también reconocerá el derecho a la "salud menstrual", concediendo bajas por "reglas dolorosas" de hasta tres días y la concesión de los productos de higiene femenina en colegios a las alumnas que los necesiten. Asimismo, se eliminará el IVA para estos productos, que serán gratuitos para las mujeres "en riesgo de exclusión".  

Con la aprobación de esta nueva ley, quedaría derogada de forma automática la ley vigente de 2010, que fue recurrida por el Partido Popular tras su aprobación ante el Tribunal Constitucional. De este modo, el recurso quedaría igualmente desactivado.