En la República Domincana, desde hace años, se está reclamando la aprobación del nuevo código penal que aborde, entre otros muchos temas importantes, el polémico asunto de la despenalización del aborto. La aprobación definitiva del Código Penal se vio de nuevo retrasada hace unos meses cuando el actual Presidente Medina, inesperadamente, propuso la despenalización en los tres conocidos casos: cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto, o cuando se determinase clínicamente que el feto contiene una malformación que haga inviable la vida del concebido, según informa Javier Ordovás, en Aleteia,
El Senado aprobó esta semana en única lectura el Código Penal Dominicano. El senador Rafael Calderón, que presidió la comisión que estudió el proyecto, presentó un informe rechazando las observaciones realizada por el Poder Ejecutivo al Código Penal y pidió al Pleno acoger el mismo para ratificar la iniciativa tal y como la aprobó el Senado el pasado 14 de diciembre del 2016.
Con esta decisión los legisladores desestimaron las modificaciones introducida al proyecto por el presidente Danilo Medina sobre la penalización del aborto, y favorecieron las posiciones de las iglesias, en especial la católica.
La Conferencia del Episcopado emitió este jueves un comunicado en el que agradece y felicita al Senado de la República por “ratificar el Código Penal tal como fue aprobado en ambas cámaras, respetando los largos años de debate a los que ha sido sometida esta importante pieza legislativa”.
El documento expresa: “La Nación ha dado una vigorosa señal en cuanto a la defensa de la vida como valor inviolable y como fundamento de la sociedad y de sus leyes. Nuestro país debe estar dispuesto a agotar todos los medios científicos y técnicos disponibles para intentar siempre salvar las dos vidas, la vida de la madre y la del bebé, hasta donde sea posible”.
Por esta razón, añaden “a nuestros senadores, que han llevado una gran presión social en todo este proceso, les expresamos que cuentan con la profunda gratitud de la Iglesia y del pueblo. Aunque ahora reciban algunas críticas, la historia les premiará, pues han defendido a los que no tienen voz, y han demostrado la grandeza de nuestra nación expresada en su protección a los más débiles”.
El comunicado sostiene, además: “Entendemos que con este proceso el país ha dado un importante paso adelante en la consecución de un Código Penal que provea adecuados mecanismos de prevención, persecución y sanción de crímenes y delitos, con los que se pueda garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y su seguridad, en atención a la realidad social actual”.