La Fundación RedMadre, una organización que ayuda a mujeres embarazadas en dificultad, ha realizado el Mapa de la Maternidad, un amplio estudio sobre las partidas económicas que se destinan en España a la maternidad, prestando especial atención a las mujeres vulnerables o en riesgo de exclusión social.
El informe, que se ha realizado mediante el envío de instancias a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos solicitando información acerca del gasto dedicado a esta materia, concluye que en España solo se gastan 4.162.599 euros en ayudas específicas a la mujer embarazada vulnerable. A la vez, se ha calculado que el Estado destina más de 30 millones de euros en la financiación del aborto practicado en clínicas privadas.
“Avalada por los datos de este estudio, Fundación RedMadre exige una vez más al Estado una Ley de apoyo a la maternidad, con ayudas concretas, que ampare especialmente a las mujeres embarazadas vulnerables y en situación de riesgo de exclusión social para que puedan llevar a cabo su maternidad”, dice Antonio Torres, Presidente de Fundación RedMadre.
A más ayudas, menos abortos
Analizando los nacimientos, abortos y gasto público correspondientes a 2016, este estudio concluye que en los territorios donde se destinan más recursos económicos a la maternidad (ayuda a la mujer embarazada vulnerable y ayuda por hijo nacido), la tasa de aborto es inferior a la media nacional, que es del 18%.
Así, en Galicia o Extremadura donde la inversión económica fue mayor, las tasas de aborto no superaron el 15%; mientras que donde no existen ayudas, como es el caso de Murcia o Asturias, las cifras de aborto se dispararon hasta el 25% en algún caso.
Si se apoya a la mujer, el embarazo sigue adelante
Según las respuestas obtenidas de las administraciones públicas, se deduce que “los programas de apoyo a la maternidad, en concreto a la vulnerable, son casi inexistentes en España. Las pocas medidas implementadas no están enfocadas a proteger a la mujer embarazada en situaciones especialmente difíciles y a ayudarle a ejercer su maternidad, sino que tienen como meta el fomento de la natalidad por cuestiones demográficas en general”, precisa Amaya Azcona, directora general de esta organización.
Este Mapa de la Maternidad refleja que no existen ayudas a la mujer por el hecho de estar embarazada o en situación de exclusión social, sino que las prestaciones existentes son a los padres trabajadores.
Antonio Torres ha señalado también que “es incongruente que en España se hable cada día más de derechos de la mujer y, sin embargo, no exista una política concreta de apoyo a la mujer embarazada con dificultades para ser madre”.
“Tras diez años asistiendo a mujeres vulnerables, podemos confirmar que cuando a una mujer se le apoya sigue adelante habitualmente con su embarazo”, dice Amaya Azcona, que añade que “nueve de cada diez mujeres que piden ayuda en nuestras asociaciones repartidas por toda España continúan con su embarazo. Solicitamos la implicación de las administraciones en el apoyo de la maternidad de la mujer vulnerable”.
No se afronta de verdad el problema demográfico
Antonio Torres ha destacado que “en España empieza a hablarse cada vez más del problema demográfico pero solo desde una óptica abstracta o política, olvidando a las mujeres concretas que afrontan una maternidad problemática. Hay que pensar en las personas y hacer políticas para ellas”.
En el apartado en el que se analiza el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 se refleja que, de los cerca de 5.400 millones de euros de gasto anual en personas en situación de riesgo, solo se destinan 4,1 millones a la inclusión de las mujeres embarazadas vulnerables. Es decir, el Estado solo invierte un euro de cada mil en las mujeres de este colectivo de riesgo. Se muestra un gráfico que expresa que, frente a los 4,1 millones de euros destinados a ayudar a las mujeres embarazadas, el Estado gasta casi 30 millones de euros en financiar el aborto.
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