La promoción de los cuidados paliativos y la legalización de la eutanasia «no van en absoluto de la mano. La clase política no está a la altura de la sociedad jugando a cambiar cromos con una situación tan difícil y complicada». Rafael Mota, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), critica con dureza en declaraciones a Alfa y Omega los intercambios políticos que llevaron, la pasada semana, a la aprobación en el Congreso de la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. El siguiente paso será su tramitación en el Senado. Si no hay enmiendas, la redacción aprobada será la definitiva.
La proposición de ley, presentada por Ciudadanos en 2016, fue admitida a trámite en marzo de 2017 con un amplio consenso, desde el PP hasta Podemos. Sin embargo, después quedó paralizada. La presentación en mayo de una proposición del PSOE para legalizar la eutanasia y su posterior adopción como uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista cambió la narrativa. Ciudadanos condicionó su apoyo a la eutanasia a que saliera adelante la proposición sobre el final de la vida, y muchos han presentado ambas leyes como dos caras de la misma moneda.
«Siempre habrá quien pida la eutanasia»
Nada más lejos de la realidad. Para Pablo Requena, delegado del Vaticano en la Asociación Médica Mundial y autor del libro ¡Doctor, no haga todo lo posible! (Comares), la opción por los cuidados paliativos y la eutanasia «son dos modos muy distintos de afrontar un problema». Y la última «es totalmente ajena a la medicina –asegura a Alfa y Omega–. Es curioso que ahora que tenemos medios para tratar los síntomas al final de la vida, se plantee la eutanasia».
Lo atribuye a que, en el fondo, «lo que mueve a pedirla es un problema existencial: no encontrar sentido a la vida en una situación de sufrimiento. La medicina puede ayudar, y mucho», en aspectos como el tratamiento de síntomas. «Pero no se le puede pedir que solucione eso», y menos aún acabando con la vida del enfermo. Para un médico, asumir esta petición es «una forma radical de abandono del paciente, porque se abdica de la misión de acompañarle terapéuticamente al final de la vida».
Requena reconoce que, por mucho que mejoren los paliativos, «siempre habrá casos de personas lúcidas que quieran la eutanasia. Pero, al solucionar el problema a esos pocos, se lo crearán a otros muchos. Pienso en tantísimas personas vulnerables –cada vez más, y sin el contexto social y familiar adecuado– que se plantearán que si no piden la eutanasia están siendo una carga. Una sociedad que responde así a este problema, me parece poco solidaria».
«Ha faltado valentía»
Los expertos en cuidados paliativos aplauden que la nueva ley ofrezca un marco nacional para su aplicación, que recoge algunas de sus propuestas. Pero lamentan que su contenido sea muy genérico. «Ha faltado valentía para hacer una ley más integral», critica Mota. No se ha recogido, por ejemplo, la que viene siendo una de las principales reivindicaciones de SECPAL: que se cree una especialidad y se exija para entrar en los equipos de cuidados paliativos. En la actualidad no es así, con lo que en una unidad de paliativos puede no haber personal con la formación necesaria.
Mota también lamenta que no se ofrezca al cuidador principal de un enfermo terminal algún tipo de permiso laboral. «Cuando hay un nacimiento se ve clarísima la necesidad de disponer de ese tiempo. ¿Por qué no en este caso? Siguen teniendo que recurrir a [subterfucios como] una baja por depresión». El hecho de que el proyecto de ley se haya aprobado sin asignación presupuestaria le hace temer además que, al igual que las leyes autonómicas de los últimos años sobre esta materia, no llegue a cumplirse. «Somos optimistas a medias. Pero hace falta un desarrollo real de los paliativos. Ya está bien de medidas solo para salir en la foto».
Más allá del testamento vital
Requena considera fundamental que se siga trabajando para que «los cuidados paliativos puedan llegar a todo el mundo». En la actualidad, 75.000 pacientes en España que se beneficiarían de ellos no los reciben. También se debe avanzar en una correcta aplicación de la autonomía del paciente. «En ese ámbito queda mucho por hacer, porque aunque se lleva años hablando de ello, al final de la vida en muchos casos todavía decide el médico» sobre si aplicar o retirar tratamientos.
Pero para alcanzar este objetivo –advierte–, los llamados testamentos vitales impulsados por las diversas legislaciones –autonómicas y nacional– «tienen un valor relativo» cuando los realiza y los registra ante la Administración una persona sana. «Si ya es difícil elegir pudiendo hablar con el médico, imagine si se decide» sin su asesoramiento y elucubrando sobre una situación futura. «Sí pueden ser muy útiles –matiza– si se hacen con sentido común, después de una buena conversación con el médico que te conoce y te ha seguido».