Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, reelegido en enero con un 60% del voto directo y catedrático de Derecho Constitucional, sospecha -o, más probablemente, ve muy claro- que la ley de eutanasia que aprobó el Parlamento portugués el 29 de enero es incompatible con la Constitución y la ha remitido al Tribunal Constitucional para que la examine. Después de que el Tribunal analice el texto, el presidente tiene la capacidad de vetar la ley.

Marcelo Rebelo de Sousa fue en su época líder del Partido Socialdemócrata (de centro-derecha liberal). Es muy popular entre los votantes y ha trabajado bien en colaboración con el gobierno socialista de minoría de centro-izquierda en la lucha contra el Covid-19. Al ser reelegido en enero por un 60% de los votantes, no se necesitó ni siquiera votar en una segunda vuelta.

Rebelo de Sousa, como catedrático de Derecho Constitucional, explicó en la carta que dirigió al Tribunal que la ley de eutanasia está redactada de forma vaga y llena de conceptos indeterminados e indefinidos.

Así, especifica que «el artículo 2 recurre a conceptos excesivamente indeterminados en la definición de los requisitos para permitir la despenalización de la muerte médicamente asistida», escribe el presidente luso en la carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional portugués, João Caupers, publicada en la página oficial de la Presidencia de la República.

Rebelo de Sousa indica que «al Parlamento portugués le competía haber especificado en su redacción con más detalle los requisitos en los que se podrá realizar la eutanasia sin ser penalizado por ello».

Considera que la ley "crea una situación de inseguridad jurídica que habría que evitar en una materia tan sensible".

Rebelo de Sousa explica que según se entiende del texto la ley «permitirá la eutanasia cuando así lo decida una persona mayor de edad por voluntad propia y en situación de sufrimiento intolerable», lo que, tal como está escrito, considera inconstitucional.

Precedentes y mecanismos

Como recuerda la agencia Efe, es la segunda vez que Rebelo de Sousa remite una ley al Constitucional desde que asumió la jefatura de Estado, en 2016. La primera vez fue en 2019, cuando pidió que revisase las alteraciones a la ley sobre la procreación médicamente asistida y la gestación subrogada. El tribunal declaró inconstitucionales algunos puntos y el presidente terminó vetando esa ley.

El jefe de Estado de Portugal puede remitir normas al Constitucional o también ejercer poder de veto, "absoluto" para las leyes aprobadas directamente por el Gobierno y "relativo" si proceden del Parlamento.

Otra opción que tenía el presidente portugués al recibir la ley era vetarla directamente, pero entonces volvería a la Asamblea de la República, los diputados volverían a votarla y, probablemente, a aprobarla.

Es bien sabido que Rebelo de Sousa es católico en un país donde los políticos tienden a ocultar su fe. En los meses anteriores, aunque no especificó su opinión personal, comentó que para que "avanzara" esta ley creía necesario "un gran consenso en la sociedad portuguesa y ser aprobada por más de los dos tercios de los diputados de la Cámara", lo que no ocurrió el 19 de enero. En total votaron a favor 136 diputados, en contra 78 (incluyendo 9 socialistas contrarios a esta práctica) y hubo 4 abstenciones.

Expertos constitucionalistas contra esta ley de eutanasia

El 4 de febrero se lanzó una campaña de juristas expertos en la Constitución contra la ley de eutanasia con el título "¿Eutanasia? “La vida humana es inviolable”. La campaña incluía carteles con el rostro de expertos juristas constitucionalistas recordando que en el artículo 24, párrafo 1, de la Constitución portuguesa se declara que “La vida humana es inviolable”.

Participaban los constitucionalistas Jorge Miranda, Jorge Bacelar Gouveia, Paulo Otero, Carlos Blanco de Morais, José Casalta Nabais, Fernando Alves Correia, António Cândido de Oliveira, Jónatas Machado, Fausto de Quadros y Maria da Glória Dias García.

Al día siguiente de aprobarse la ley en el Parlamento, la Asociación de Juristas Católicos de Portugal ya pidió por escrito al Presidente de la República que consultase al Tribunal Constitucional, por considerar que la ley “claramente viola los principios constitucionales más básicos”.

“La persona es su vida y por eso la protección de la dignidad de todas y cada una de las personas presupone, ante todo, la protección de su vida, en términos radicales (salvo situaciones de autodefensa, en las que la protección de la vida humana sigue estando siempre en juego)”, argumentaban los juristas católicos.

Según argumentaban, la eutanasia y el suicidio asistido violan la inviolabilidad de la vida humana y la dignidad humana. “De la combinación de estos principios se desprende que todas las vidas, en todas las situaciones y en todas sus fases, son igualmente dignas. La dignidad de la vida nunca se pierde. No hay vidas indignas de vivir. No hay vidas que por alguna razón no merezcan la misma protección. Y la supresión de la vida nunca podrá entenderse, obviamente, como una medida de protección”, sostenían los juristas católicos.

Ya en junio de 2020, 15 profesores de Derecho Público señalaron en un escrito que la ley de eutanasia "viola, en términos flagrantes, el primero de los derechos humanos fundamentales - el derecho a la vida - y la garantía de su inviolabilidad (artículo 24)" y "también viola el derecho a la integridad personal y la garantía de su inviolabilidad (artículo 25) y la dignidad de la persona humana, en el contexto de una sociedad solidaria y de derecho basada en el respeto y garantía de los derechos humanos y derechos y libertades fundamentales (artículos 1, 2, 9, 12, 13 y 18)".

Además de todos estos juristas, se pronunciaron contra la ley la Asociación de Médicos Católicos Portugueses, organizaciones católicas y provida, el Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y varias asociaciones de bioética, además de varios políticos socialistas (ReL recogió sus argumentos aquí). 

Atención desde España

La tramitación de la eutanasia en Portugal se sigue con interés desde España, cuya ley de eutanasia en trámite también ha sido señalada como incompatible con la Constitución española por muchos juristas. En octubre así lo denunciaban 82 catedráticos y 74 profesores titulares de 37 universidades en un manifiesto, señalando que “la Proposición de que se trata es contraria a los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución Española".

Sin embargo, en España una cuestión de inconstitucionalidad la ha de presentar un numeroso grupo de diputados y el Tribunal Constitucional puede demorarse infinitamente en responder.

Por ejemplo, han pasado 11 años desde que se planteó al Constitucional la posible inconstitucionalidad de la ley de aborto por plazos que implantó Rodríguez Zapatero y el Tribunal aún no ha respondido, en lo que muchos critican hace años como la mayor vergüenza (o desvergüenza) de este organismo.

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