Han apoyado el suicidio asistido el gobernador demócrata, John Hickenlooper, el antiguo fiscal general J.D.MacFarlane, el lobby laicista ACLU, el lobby abortista NARAL, grupos "espirituales" como MIND Science Spiritual Center y asociaciones médicas como la Boulder Medical Society, la Denver Medical Society, Pueblo County Medical Association y Pueblo Medical Society.
Contra esta propuesta y defendiendo la vida se organizaron rápidamente dos plataformas, No on Prop 106 y Coloradans Against Assisted Suicide. El político de mayor rango que se manifestó contra la norma no era de Colorado, sino el gobernador de Nebraska, John Ricketts, que incluso donó 10.000 dólares a la campaña provida.
Se manifestaron en contra del suicidio asistido la plataforma Focus on the Family, la Universidad Cristiana de Colorado y los mormones, pero el núcleo central de la defensa de la vida corrió a cargo de las diócesis católicas de Denver, Colorado Springs y Pueblo.
Las entidades contra el suicidio asistido lograron reunir 2,6 millones de dólares (la mitad que sus rivales), de los que 1,6 los aportaba la arquidiócesis de Denver, 500.000 los aportaba la de Colorado Springs y 135.000 la de Pueblo.
Además, de los grandes medios de comunicación locales analizados en BallotPedia.org, siete hacían campaña a favor del suicidio asistido y sólo cuatro defendían la vida.
El arzobispo de Denver, Samuel Aquila (peculiar por ser el único obispo que ha participado en un aborto, siendo sanitario en su juventud) llamó con insistencia a votar a favor de la vida y en defensa de los enfermos, pero no fue suficiente para contrarrestar la bien financiada campaña anti-vida.
Los defensores del suicidio asistido lo presentaban insistentemente como algo muy controlado y limitado:
-Para mayores de 18 años, residentes en Colorado
- Que dos médicos confirmen que el paciente esté en una enfermedad terminal, con menos de 6 meses de vida por delante
- Que el paciente sea mentalmente capaz
- Que el paciente lo pida él mismo, oralmente, dos veces separadas por un periodo de 15 días, y con una tercera petición por escrito con dos testigos
- Que el paciente se administre él mismo el cóctel que le matará
Pero el bando pro-vida señaló sus objeciones (más allá de las morales, de que matar o inducir al suicidio está mal):
- Un estudio de la John Hopkins University calcula que 250.000 americanos cada año mueren por errores médicos, por lo que dejar que dos médicos cualquiera profeticen que a alguien le quedan 6 meses de vida no es científico; la ley permite que dos oculistas o dermatólogos o técnicos abortistas firmen previsiones de vida de enfermos de cáncer, por ejemplo.
- La norma pide que el enfermo tenga capacidad mental para decidir, pero no establece que eso lo controle ningún psiquiatra ni psicólogo: de nuevo, cualquier titulado en medicina general podrá firmarlo; ante cualquier enfermedad, el enfermo tiende a buscar al mejor especialista; la norma 106 da decisiones de vida o muerte a cualquiera titulado sin especialización adecuada
- Carrie Ann Lucas, discapacitada, madre de familia, empresaria y directora de la asociación Disabled Parents Rights, señaló: "Es caro mantenerme con vida. He enfrentado negativas de Medicare a pagar por mi ventilador y equipo necesario para mi vida. He combatidos esfuerzos que hacían por colocar órdenes de no-resucitación en mis archivos médicos.En un sistema sanitario basado en el beneficio, la gente morirá innecesariamente cuando las compañías de seguros se nieguen a pagar las medicinas necesarias, y ofrezcan en su lugar una prescipción letal más barata. Ya vemos que eso pasa en Oregón, donde es legal. Sabemos que el suicidio es más barato que el tratamiento.
- Desde 1998, 1.545 personas en Oregón han pedido el cóctel mortal, y 991 han llegado a usarlo. Pero el número de usuarios aumenta cada año. Más aún, los suicidios en general, no medicalizados, han aumentado en Oregón, y los psiquiatras provida lo relacionan con esta cultura del matar: es difícil animar a vivir a los tristes o deprimidos cuando el Estado te facilita el suicidio.
Colorado se sumará así a otros 5 estados con suicidio asistido: Oregón lo implantó tras un referéndum, el estado de Washington también, en Vermont lo impuso su gobernador en 2013, en California lo aprobó el parlamento y el gobernador en octbre de 2015, en Montana lo implantó una sentencia judicial.