Blindar los abortorios y evitar que los rescatadores ayuden a las mujeres es una de las tradicionales reivindicaciones de los centros abortistas, que además ven en ello una pérdida millonaria de dinero. El nuevo Gobierno conformado por PSOE y Podemos está dispuesto a satisfacer estas exigencias y ya en su acuerdo programático aseguraba que garantizarían “la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación”.

Esta semana ha sido el Defensor del Pueblo el que ha enviado una petición al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para que impidan que los rescatadores puedan ofrecer información alternativa al aborto y ayuda a esas mujeres.

Al dictado de la patronal abortista

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, ha estimado así las peticiones de ACAI, la patronal del aborto en España, y que recientemente fue condenada por la Justicia emitir publicidad engañosa a través de su web al ocultar los riesgos del aborto.

Tanto el Gobierno, marcadamente proabortista, como el propio Defensor del Pueblo, han comprado el mensaje de los centros abortistas, que hablan de acoso a las mujeres que acuden a abortar.

Pablo Iglesias (vicepresidente) y Pedro Sánchez (presidente) se han comprometido a crear "zonas de protección" alrededor de los abortorios

Miles de niños salvados

Sin embargo, Marta Velarde, presidenta de los Rescatadores Juan Pablo II, recordaba recientemente  que “no coaccionamos” y “no tenemos ninguna denuncia contra nosotros. Pero sí señaló que son los rescatadores los que sí han sido agredidos por el personal de algunos abortorios, y que les han ganado todas las denuncias a estos centros.

Aparte del perjuicio económico que generan los rescatadores a los abortorios, los rescatadores tienen claro que detrás de esta medida se ocultan otras más graves. Por un lado, los 4.000 niños salvados tan sólo por los Rescatadores Juan Pablo II ponen de manifiesto que muchas mujeres no quieren abortar y que en realidad son ellas las que en muchos ámbitos son presionadas a abortar. En cuanto ven una pequeña luz se agarran a ella para no abortar.

Una creencia errónea

La propia Velarde explicaba que  “esa creencia de que la mujer ya tiene decidido abortar cuando acude no es muy cierta, es un concepto que tiene la gente cuando viene a rescates. Cuando viene ve que la mujer lo que quiere es una mano tendida. Es muy impresionante porque todas las que salen del abortorio nos escuchan. Todas”, cuenta Velarde.

“Nosotros nos colocamos bastante lejos. A treinta o cuarenta metros del abortorio. Y les decimos que están en su libertad de entrar o no. Y todas nos escuchan”, recalca.

Pero el otro motivo, más grave si cabe, es el intento de los abortorios de mantener e incluso ampliar la impunidad si logran conseguir su objetivo de prohibir la labor de los rescatadores  cerca de sus centros.

"Vemos muchas cosas que no quieren que veamos"

Contestando a esta ofensiva, los propios rescatadores avisan desde su web: “Vemos muchas cosas que los abortorios no quieren que veamos”. Y esta puede ser una de las claves.

Sobre este punto, Marta Velarde relataba que “al estar en las cercanías de los abortorios nos enteramos de muchas cosas que hacen allí. Hemos visto ataúdes de adultos sacados por la funeraria de dentro del abortorio. Y las fotos nos las hemos hecho nosotros, si no los vecinos”.

Y pone un ejemplo. Tan sólo del abortorio Dator y en el pasado mes de octubre tienen las fotos de dos ataúdes saliendo. “Y si nosotros tenemos de dos, ¿cuántos habrá?”, se pregunta. La salida de uno de estos ataúdes se produjo a las 18 horas y la gente empezó a hacer fotos. Cuenta Marta Velarde que “el abortorio llamó a la Policía Nacional y bloqueó toda la calle con furgones para que nadie accediera”. “Nosotros nos enteramos porque la gente sabe que estamos por ahí. Los vecinos nos ayudan mucho”, afirma ella.

Pero este es sólo un ejemplo. En su blog los rescatadores cuentan de casos graves que incluirían incluso a mafias. Blindar el abortorio aumentaría esta impunidad. Este es el escrito publicado por los rescatadores Juan Pablo II:

Los rescatadores vemos MUCHAS cosas que los abortorios NO quieren que veamos

Dos mujeres, una de ellas menor, fueron obligadas a abortar por los proxenetas después de quedarse embarazadas de clientes. La Policía Nacional ha liberado a tres víctimas que ejercían la prostitución en el polígono Marconi. La jefa de la organización era la hermana de dos de las víctimas. La Policía Nacional investiga a la conocida Clínica Dator de Madrid, especializada en practicar abortos, por prestar servicios a una mafia nigeriana. Las investigaciones, que llevan en curso desde principios de año, se centran en el papel de la clínica en dos abortos, uno de ellos a una menor de edad, realizados a dos mujeres que eran obligadas a prostituirse.

La historia comienza con Sandra, una proxeneta nigeriana. Dejó a sus dos hermanas pequeñas y a una chica menor edad en manos de las mafias que atraviesan África rumbo a Europa, donde las violan y pegan para que no molesten durante el viaje. Las trajo desde Italia a España a base de palos, prostitución y miedo.

Cuando llegaron a Madrid, en septiembre del año pasado, las tres muchachas nigerianas se convirtieron en objetos: prostituidas en el polígono Marconi día y noche, endeudadas hasta la saciedad con la mammy, esa hermana mayor que les había hecho el supuesto favor de acogerlas en la civilización europea donde ella ya vivía.

Y por fin, a la clínica. Dos de las jóvenes, la menor de edad y una de las hermanas de la proxeneta, se quedaron embarazadas de algunos de los clientes. Entonces, con apenas una semana de diferencia, las llevaron a la Clínica Dator, donde en teoría no repararon en que las dos mujeres, de distinta edad y grupo sanguíneo (aspectos que se miran en el centro), tenían en cambio el mismo NIE. O sea, que las dos fueron con la misma documentación a abortar.

Tampoco, según relata la Policía en sus informes, se debieron de dar cuenta en la clínica de que sólo pasó un día desde que acudieron al centro con intención de abortar hasta que les dieron cita. Un día, no los tres de reflexión preceptivos. Ni que una de ellas, embarazada ya de 18 semanas, no aportó ningún informe médico sobre posibles daños psicológicos o malformaciones del feto, como indica la Ley que debe hacerse a partir de la semana 14. Cada una pagó 450 euros por abortar, que fueron abonados por los proxenetas que las controlaban.+ ElMundo, ConSalud, abc, etc.