El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Uruguay falló en contra del gobierno y a favor de los médicos ginecólogos del país, a quienes reconoció el derecho a la objeción de conciencia y abstenerse así de practicar un aborto en cualquiera de sus fases.
Alrededor de 100 ginecólogos demandaron al gobierno uruguayo impugnando 11 de los 42 artículos de su reglamento de la ley del aborto.
Para los médicos, el documento restringía “ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud”.
En la sentencia, firmada el 11 de agosto y difundida recientemente, el TCA da la razón a los médicos en 7 de los 11 artículos imputados.
Con este nuevo fallo, todos los ginecólogos del país podrán negarse a participar en las fases que atraviesa una mujer para someterse a un aborto, incluida la primera consulta de la mujer con un equipo médico interdisciplinario.
En declaraciones para el diario uruguayo El Observador los abogados de los médicos, Gianni Gutiérrez y Agustín Amonte, aseguraron que “la sentencia del TCA es contundente en la defensa de la libertad y del ejercicio de la profesión médica”
Por su parte, Carlos Polo, director de la Oficina para América Latina Population Research Institute, destacó que esta sentencia “es un primer paso para luchar contra el asesinato legal de niños por nacer en Uruguay”.
“Su importancia reside en el espíritu combativo que han mostrado los médicos ginecólogos para evitar esta odiosa imposición”, señaló.
Polo subrayó que “al final, no son los políticos quienes tienen que cortar en pedazos a un niño sano. Tampoco es la cúpula de abortistas. El aborto legal obliga a matar a un médico que sintió la vocación de salvar vidas”.
“Con las recientes revelaciones del escandaloso tráfico de órganos de bebés abortados de Planned Parenthood, muchos médicos y personal de salud querrán librarse de la barbarie a la cual conduce el aborto legal”, aseguró.
El aborto se despenalizó en Uruguay hasta las doce semanas de embarazo, con una ley aprobada en 2012 durante el gobierno del socialista José Mujica. Un proyecto de ley similar había sido vetado cuatro año antes por el entonces presidente Tabaré Vázquez, electo nuevamente para el periodo 2015 – 2020.