La Declaración ha sido suscrita por 2.000 expertos de 45 países. Los firmantes pertenecen a más de 15 profesiones, aunque predominan educadores, médicos (mayoritariamente pediatras), juristas, científicos y psicólogos.
Por países, predominan los profesionales de España, Argentina, México y Croacia aunque también hay firmantes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Polonia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras, Australia y Kenya, entre otros países.
Han firmado la Declaración personalidades de especial relevancia pública como los magistrados Mariano Azuela (México) o José María Marín Correa (España) y legisladores (parlamentarios, diputados o senadores) como Wakhungu Chrisantus Wamalwa (Kenya), Paola Binetti (Italia), José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado (España) y José Alfredo Botello (México).
Igualmente, han suscrito la Declaración Internacional catedráticos de varias especialidades. Entre ellos, Nicolás Jouvé de la Barreda, Juan Viñas, Rafael Rubio de Urquía, Javier Saez, Pelayo Camps, Rafael Domingo Osle, Nuria Chinchilla (España) y Piotr Mazurkiewicz (Polonia).
La Declaración, que puede leerse íntegra aquí, afirma que la gestación por sustitución, también conocida como «maternidad de alquiler», constituye una violación de los derechos fundamentales de la madre gestante y del hijo concebido. Igualmente, se recuerda que los deseos de paternidad, tienen como límite la dignidad de las personas y la protección de sus derechos fundamentales. Finalmente, se hace referencia a la vulnerabilidad y desinformación de numerosas mujeres, que son explotadas por los intermediarios de la maternidad subrogada, y a la ruptura premeditada del vínculo natural entre madre e hijo.
Los firmantes solicitan que los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales (como garantes del respeto a los derechos humanos) se comprometan en la abolición universal de la maternidad subrogada. Como explica Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética, “esta entrega de firmas es una de las acciones de movilización internacional para abolir esta práctica. Seguiremos recabando apoyos hasta lograr que las instituciones supranacionales y los gobiernos proscriban la maternidad de alquiler, que es contraria a la dignidad de la mujer y a los derechos fundamentales de los niños.