Las asociaciones convocantes de la multitudinaria manifestación en defensa de la vida del pasado 22 de noviembre en Madrid interpondrán un recurso administrativo para exigir al Consejo de Ministros que explique las razones de la retirada del anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada el pasado mes de septiembre.
Satisfechos con la repercusión pública que ha tenido la concentración en la plaza de Colón, el presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, aseguró este jueves que con el 22-N «las medidas de protestas no han terminado sino que acaban de comenzar». Por este motivo, pedirán al Gobierno que «cumpla con el derecho de los ciudadanos a conocer por qué fue retirada la reforma del aborto». «Si no conseguimos una respuesta por vía administrativa iremos por la vía contencioso-administrativa», advirtió.
Durante una rueda de prensa para presentar el balance del 22-N, Benigno Blanco también adelantó que ya han pedido al presidente del Gobierno que reciba en La Moncloa a los convocantes de la manifestación.
«En 2005, tras la manifestación del 12 de noviembre contra la LOE en defensa de la libertad de educación, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con nosotros en Moncloa. Esperamos que, ahora Rajoy haga lo mismo», señaló el presidente del Foro Español de la Familia, la principal de las 150 asociaciones que convocaron y se adhirieron a la manifestación.
Después de cuatro años sin respuesta, Benigno Blanco también apeló al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva «cuanto antes» el recurso de inconstitucionalidad contra la ley Aído, que interpuso el PP en 2010.
«Desprestigia al TC tener congelado por razones políticas durante años un recurso del que dependen vidas humanas. No ayuda nada a la regeneración de nuestra democracia este servilismo político del TC que le lleva a no dictar sentencia sobre los temas que pueden ser incómodos para el poder político», señaló.
Ante la promesa del Gobierno de introducir una reforma en la actual norma para impedir que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno y la puesta en marcha de un plan de familia, Blanco aseguró que ambas medidas «no convencen ni satisfacen».
«En materia de aborto, la iniciativa del Gobierno es un pequeño retoque y en cuanto al plan de familia no aportan nada a la mujer embarazada en situación de desamparo social. Ambas propuestas no sustituyen el daño infringido a las mujeres con la retirada del anteproyecto de la nueva ley del aborto que incluía medidas de protección a la maternidad», apuntó el presidente del FEF, al tiempo que recordó que la próxima manifestación tendrá lugar el 14 de marzo.
La multitudinaria protesta del pasado sábado costó a las asociaciones convocantes 150.000 euros, de los cuales 110.000 se lograron cubrir con donativos de los particulares.
Así lo explicó su coordinador, Ignacio García Juliá, quien añadió que la convocatoria también fue «un éxito en las redes sociales», al conseguir más de un millón de impresiones en Twitter y convertirse durante más de ocho horas en trending topic el 22-N.