Desde la Plataforma ´Juristas y Derechos´ (www.juristasyderechos.org), más de 280 juristas de toda España y que proceden del ámbito académico, político y del ejercicio de la abogacía han elaborado un manifiesto, presentado este miércoles, 16 de julio, en el que apelan a la responsabilidad del Estado de tutelar los derechos fundamentales con la reforma de la ley del aborto.

El Manifiesto se puede leer y apoyar AQUÍ.

Este colectivo insta conjuntamente a través del manifiesto a aprovechar el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada para progresar en el respeto de los derechos fundamentales mediante la protección efectiva de la vida humana en la etapa prenatal.

En el texto presentado en el Club Financiero Génova de Madrid, los firmantes consideran que el debate abierto ante la propuesta de reforma de la ley del aborto planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es una oportunidad única para que la sociedad avance en el plano ético y social con el pleno reconocimiento de los derechos jurídicos del concebido y la protección social de la mujer ante la maternidad.

El manifiesto se plantea como reflexión –y por tanto con el deseo de diálogo y consenso político y social– los criterios jurídico-constitucionales que deben estar presentes en la reforma.


En primer lugar, el texto pone de relieve los derechos constitucionales del concebido: el derecho a la protección de su vida; y destacan la obligación que tiene el Estado de tutelarla como ser individual distinto a su madre, a través de un sistema de normas que protejan efectivamente su vida".

Destacan que si el Legislador opta por la despenalización del aborto en supuestos concretos, al tratarse de un supuesto de ponderación de derechos de la mujer y del no nacido -por ejemplo, ante un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada-, debe asegurarse de que se trate de casos siempre rigurosamente demostrados.

La protección constitucional de la que goza el concebido incluye la protección máxima, las normas penales, y obliga al Estado en los supuestos de despenalización del aborto a llevarla a cabo por otros medios, como la protección social.

También destacan la dimensión social del aborto, íntimamente conectado con el concebido en desarrollo, además de su dimensión privada, y reafirman que no es un derecho de la mujer según la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


Al mismo tiempo, destacan la necesidad de “una adecuada protección social de la maternidad” que apoye a la embarazada y le facilite información sobre las ayudas a las que tiene derecho y las consecuencias médicas del aborto.

Finalmente, advierten que la regulación del aborto debe respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieran participar en ese tipo de prácticas.


En la firma del manifiesto destaca el ámbito académico, con más de un centenar de profesores de 39 universidades españolas y otras, de ellos 40 catedráticos. Son docentes de hasta diecinueve áreas del Derecho, siendo la más numerosa la del Derecho Constitucional.

Cabe señalar la firma de catedráticos constitucionalistas como:
Francisco J. Díaz Revorio,
Joan Oliver Araujo,
Ángel Gómez-Montoro
o Manuel Martínez Sospedra (también ex Senador),

y entre los penalistas la de los catedráticos:

Jesús Mª Silva,
Carlos Pérez del Valle
y Pablo Sánchez-Ostiz.

Hay numerosas adhesiones de juristas en el ejercicio de la abogacía y una presencia significativa de juristas que son diputados o senadores. En suma las firmas proceden de prácticamente todo el territorio español, desde Cádiz hasta los Pirineos y las Islas Baleares y Canarias.

Encabezan las adhesiones juristas de gran prestigio y expertos constitucionalistas como, entre otros, José Gabaldón y Ramón Rodríguez Arribas.

Así mismo, hay una presencia de juristas que han ejercido o ejercen funciones en altas instituciones del Estado y de la Justicia, como:

Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado;
José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo y ex Vocal del Consejo General del Poder Judicial;
Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo;
Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional;
Rafael Losada, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria;
Rafael Perera, magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares;

Firmán también abogados del Estado, letrados de las Cortes y del Consejo de Estado, entre otras instituciones.

Firma también Rafael Navarro-Valls, Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y miembros de distintos organismos públicos y organizaciones sociales como Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia.

En la presentación del Manifiesto de Juristas intervinieron José Gabaldón López y Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidentes eméritos del Tribunal Constitucional, Verónica Ester Casas, abogado del Estado en la Audiencia Nacional, y la profesora María Calvo, titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.