La Conferencia episcopal de Filipinas, en un mensaje hecho público este 2 de julio, ha manifestado su absoluta contrariedad ante el intento de algunos grupos de presión por restaurar la pena de muerte en el país.
En la nota enviada a la Agencia Fides, los Obispos recuerdan el pasaje del Evangelio en el que Jesús dice: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10), y afirman: “Nuestra posición no puede ser diferente: predicamos el Evangelio de la vida”.
Pero esta posición, explican, puede ser compartida con motivaciones diversas de las religiosas.
De hecho, “la finalidad de la justicia no es imponer la pena de muerte. Un sentido de la justicia maduro lleva lo más lejos que sea posible del castigo”, hacia “la restauración de las relaciones rotas y de la coherencia social infringida por el acto criminal”.
“La ejecución de una persona - dicen - no contribuye a ninguno de los objetivos de la justicia”, es más sólo “un sistema jurídico débil y represivo pide la ejecución de los delincuentes con una venganza”.
Los obispos definen la pena capital “cruel e inhumana”, sobre todo por la terrible ansiedad que asalta los que esperan la ejecución, una espera “más terrible que una tortura”.
En segundo lugar, los miembros de la familia de las personas condenadas, quedan “estigmatizadas, llevando con ellos el precio de un crimen que nunca cometieron”.
El texto recuerda que cada sistema judicial “es, como todos los sistemas humanos, propenso a errores, pero la pena de muerte, una vez ejecutada, es irreversible y nada puede compensar el horrible acto de una persona ejecutada por error”.
Por último hay que señalar que las Filipinas firmaron el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, comprometiéndose a abolir la pena de muerte.
Filipinas es un país que vivió una dura guerra mundial, la guerra fría, la dictadura de Ferdinand Marcos y una guerrilla musulmana agravada en el s.XXI con grupos ligados a Al-Qaeda.
En este contexto, cuando la presidenta Gloria Macapagal Arroyo en 2001 decretó una moratoria en la pena muerte -como fruto del Jubileo del 2000- y en 2006 ratificó la abolición de esta pena, conforme al deseo del Papa Benedicto y antes de Juan Pablo II, lo hizo contra una tradición y unas condiciones duras, por la insistencia de la Iglesia, los obispos y los Papas.
El Senado en 2006 fue el primero en aprobar la propuesta de abolir la pena capital por 16 votos a favor y una abstención. En la Cámara, el resultado fue de 119 votos a favor, 20 en contra y una abstención.
La presidenta anunció en su mensaje de Pascua de 2006 que conmutaba la pena de muerte por cadena perpetua a los casi 1.300 condenados del país, incluyendo al español Paco Larrañaga.