El 26 de junio la Cámara de Diputados de Argentina aprobó que Marisa Graham, abogada a favor del aborto, sea la responsable de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los parlamentarios que estaban en contra del nombramiento no pudieron exponer sus argumentos ya que la votación fue muy breve y a mano alzada.
Al menos 47 parlamentarios presentaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la decisión. Algunos manifestaron su protesta en redes sociales, como la diputada Cornelia Schmidt. “Quiero dejar asentado que mi voto para la candidata a Defensor del Niño es negativo. Una Defensora del Niño no puede militar su posición pro aborto”, escribió.
Cuando la activista pro-aborto fue propuesta por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el pasado 25 de abril ya se expresaron en contra muchas asociaciones. La ONG Más Vida presentó un recurso de amparo para pedir la impugnación del nombramiento y desde el partido Demócrata Cristiano de Buenos Aires presentaron un recurso jerárquico al Congreso de la Nación para que la propuesta quede sin efecto. Sin embargo, todas estas acciones no fueron consideradas por los legisladores.
La designación de Marisa Graham y de los defensores adjuntos, Juan Facundo Hernández y Fabián Repetto, elegidos también ese día, debe aún ser ratificada por la Cámara de Senadores.
El cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes lleva vacante desde que se creó en 2005 con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es velar para que el Estado garantice los derechos de los menores de edad.
El aborto en Argentina: el coladero de "riesgo psíquico"
El aborto en Argentina es legalmente un delito y así está descrito en el Código Penal. Sin embargo, el Código penal lo despenaliza en caso de violación y cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer. En 2007, el Ministerio de Salud dictaminó que "salud" implica "daño psicológico o emocional", por lo que puede usarse como coladero para despenalizar prácticamente cualquier aborto.
Sin embargo, debido a que muchos médicos, hospitales y juristas mantienen firmes valores provida, el coladero del riesgo psíquico todavía no se ha explotado sistemáticamente como sí se hizo en España durante décadas (hasta que Zapatero estableció en 2010 la ley de aborto por plazos, que no requiere alegar causa alguna durante las primeras 14 semanas).