«Hemos venido aquí porque en Zamora no le permitían hacerse el aborto. Estaba de mucho tiempo».
Ana Belén llegó a Madrid el viernes 23 de noviembre del año pasado. Acompañaba a su amiga Vanesa a una clínica abortista. Por su forma de actuar, era la primera vez que entraba en un centro como éste.
Se mostraba confusa y con necesidad de desahogarse con alguien, describen las personas a las que les relató sus historia, a unos 500 metros de la clínica.
Tanto ella como la mujer que en ese momento se encontraba dentro del centro eran jóvenes, con muchas ganas de vivir su juventud. La conversación que Ana Belén mantiene fuera está grabada, con su permiso, y forma parte de una denuncia que presentó, días después el sindicato Manos Limpias y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
El caso de la amiga de Ana Belén es sólo un botón de muestra de las irregularidades que se producen dentro de este centro.
La capital de España no fue la primera opción que manejó Vanesa ante la negativa de los médicos de su ciudad natal.
«Fue a Valladolid y de allí la mandaron aquí». Antes pasaron por Salamanca y «allí le dijeron que corría mucho riesgo». Ante tantas negativas, Ana Belén le insistía a su amiga: «¡Ves, ya no te lo puedes hacer!».
Pero en la clínica madrileña no hay límite y, como relata en la calle, a la joven, embarazada de más de 20 semanas, le dieron cita para el día siguiente.
Incumplieron, por tanto, el margen de tres días que, según la norma de la Comunidad de Madrid, deben transcurrir desde que visita por primera la clínica y le dan el sobre con toda su documentación, hasta que se le interrumpe el embarazo, para que la mujer pueda reflexionar y determinar si quiere seguir adelante con el proceso. «Se lo hacen todo hoy. Porque al estar de tanto tiempo debían hacérselo ya».
Sin embargo, en la Dator le hacen el «pack completo» en 24 horas. Es más, la propia psicóloga del centro, «al verla dudar, le ha dicho que está de una semana más y la ha metido a abortar». Este tipo de procesos no los cubre la Seguridad Social y «ha pagado 1.100 euros» para que se lo hiciesen de urgencia.
Uno de los motivos por los que podría interrumpir su embarazo, de acuerdo con la «ley Aído», es el supuesto de malformación. Ya que la joven supera las 14 semanas de gestación y éste es el límite del aborto libre, despenalizado. Pero el niño de Vanesa «estaba perfecto», según asegura su amiga.
No apoya el aborto y en una de las conversaciones que mantiene a las puertas de la clínica asegura que, «en vez de legalizar ésto, deberían dar más ayudas».
Le cuesta entrar en los detalles que han llevado a su amiga a pasar un día ingresada en el centro, pero lo tiene claro: «Si a mi amiga la hubieran dejado, nos hubiéramos ido a casa y no lo habría hecho». Parece que a la joven no la informaron bien.
Lo que si tiene muy claro es el coste de este aborto ilegal: «En su web lo pone: como está de cinco meses le cobran 1.000 euros, pero cada semana más de embarazo sube 100 euros».
Casi al final de la conversación, los que presencian el testimonio de la joven llaman a la Policía. Lo que les está relatando la mujer, si es así, es un delito, ya que la situación de Vanesa no se ajusta a ninguno de los supuestos contemplados por la norma de 2010: ni el feto sufre graves anomalías, ni la salud psíquica de la mujer está en peligro. Por tanto es ilegal.
Sin embargo, desde el 091 no responden a sus tres llamadas. No acude ningún agente a la clínica a investigar si es cierto que se está perpetrando un delito.
Ésta es sólo una más de las posibles irregularidades que se están cometiendo en algunos centros abortistas donde se interrumpen embarazos fuera de plazo como ya demostró LA RAZÓN con certificados psiquiátricos muy similares entre ellos.
Es a ese supuesto al que se acogen el número más elevado de interrupciones del embarazo. De acuerdo con las cifras oficiales, el 98% de las mujeres que ponen fin a la vida del «nasciturus» se acogen a este supuesto. Y éste es uno de los puntos que quiere atajar la futura reforma en la que está trabajando Gallardón, que verá la luz en mayo y que planea terminar con el supuesto de malformación del feto.
En lo que se refiere al riesgo de la mujer, desde el Ministerio de Justicia quieren ampliar el número de facultativos que «acreditan» la situación psíquica de la mujer. Así, serán dos médicos, ajenos a la clínica abortista y, preferiblemente, de la Sanidad pública. Pero aún deben concretarse los titulares que el ministro ha ido adelantado y que han generado un gran revuelo fuera y dentro de su partido.
Una campaña llena de injurias, mentiras y demagogia
Casos como el protagonizado por la diputada del PP Beatriz Escudero, amenazada por sus opiniones contrarias al aborto, son fruto de una campaña «basada en mentiras, injurias, descalificaciones y demagogia», según afirmó ayer el Foro de la Familia. Así, «se está llegando a la agresión delictiva» sólo «por defender en el Congreso el derecho a la vida». Por eso, el Foro animó ayer a «no dejarse apoquinar por esta marea de violencia».