Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia español desde hace ya 17 meses, anunciaba en 2012 que para inicios de este año presentaría una nueva Ley del aborto "de supuestos, no de plazos". Después, el 15 de enero, declaró al diario La Razón, que la ley se presentaría "en el primer trimestre de este año". Han pasado ya dos semanas desde que acabó el primer trimestre (con más de 300 abortos cada día), y este lunes por la tarde declaró en un acto en el diario La Razón que la ley es "para muy pronto".

En su discurso ante los directivos del diario del Grupo Planeta y ante diversas autoridades del Partido Popular, Gallardón no se refirió al aborto. Pero lo hizo cuando le preguntó el periodista Javier González Ferrari. 

- ¿Para cuándo habrá una tutela judicial efectiva también para los no nacidos? -le preguntaron.

- Para muy pronto -respondió el ministro de Justicia. -Yo creo en el principio de lealtad institucional en España y que nos compete hacer aquello que nos marca la Constitución. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 1985 como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad en la que estableció cuáles eran los criterios. Mirando la sentencia del Constitucional podemos saber cómo va a legislar el Gobierno: que el nasciturus es un bien jurídico protegido y tiene relevancia en la vida humana desde su concepción. Eso se traduce en que el sistema tiene que ser de indicaciones, no de plazos.

Y añadió:

- Dentro del sistema de indicaciones, si recordamos que las dos más importantes –el peligro para la salud física y psíquica de la mujer– no deben ser pretextos para hacer cosas distintas de lo que dijo el Constitucional, se deberán acreditar esas condiciones. Si recordamos que el Constitucional nos dijo que la ausencia de reproche penal tenía que ser un último recurso, introduciremos mecanismos de información que den opciones reales a una mujer en situación de conflicto para tener libertad para optar por la vida.

También se refirió a los abortos de bebés con enfermedades:

- Por último, partimos de un concepto que tenemos asumido: no hay una vida menos valiosa que otra, y menos por una discapacidad. Por ello, la actual regulación del aborto eugenésico es incompatible con este criterio. Y si a éso se le suma que no consideramos que un menor, sin conocimiento de sus padres, pueda adoptar una decisión de esta trascendencia, y que debe regularse el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, podrá deducir cuáles son las tramitaciones en las que trabajamos.


Aunque la agencia Europa Press emitió una nota titulada "Gallardón anuncia que el peligro en la vida de la madre deberá acreditarse", lo cierto es que Gallardón no habló de "la vida de la madre" sino de peligro para "la salud de la madre".

Es muy distinto, porque para las entidades abortistas, que una mujer declare sentirse "mal" con su embarazo es prueba suficiente de que corre un "riesgo para la salud psíquica" de la mujer.

Y, en cualquier caso, la "acreditación" perfectamente puede consistir en que un psicólogo de la clínica abortista firme un papel... que era lo que pasaba con la Ley vigente desde 1985 hasta 2010, un "coladero" que permitía 100.000 abortos al año.


Si de verdad lo que se acreditase fuera un "peligro de muerte evitable sólo mediante el aborto" ningún aborto sería legal. Por ejemplo, tal como lo expresa Niamh Uí Bhriain del Life Institute de Irlanda, "hemos mantenido la prohibición del aborto durante casi 30 años en Irlanda y en ese tiempo ni una sola mujer ha muerto porque no pudiera tener un aborto. Los ginecólogos y obstetras más reputados del país han declarado públicamente que el aborto no cura nada ni preserva vidas".

Incluso el oncólogo irlandés John Crown, que no es pro-vida y es especialista en quimioterapia durante el embarazo asegura: "no creo haber tenido nunca un caso en que un aborto fuera necesario para salvar a la madre".

Y el Comité de Excelencia en Salud Materna en Irlanda (CEMH, en inglés) demostró que ninguna irlandesa viajó al Reino Unido entre 1992 y 2010 para efectuarse un aborto de categoría F (la que según la Abortion Act británica es "para salvar la vida de la madre") y tampoco ninguna irlandesa en Reino Unido recurrió a la categoría G ("impedir un grave daño permanente a la salud física o mental de la embarazada"). Son datos actualísimos de dos países modernos vecinos y europeos: uno que prohibe el aborto (Irlanda) y otro que lo permite (Reino Unido).

Por eso, el CEMH, compuesto de expertos en obstetricia y ginecología afirmó en su Declaración de Dublin de septiembre de 2010 que "la prohibición del aborto no afecta, de forma alguna, a la accesibilidad a un cuidado óptimo de las embarazadas".




Incluso el "riesgo psíquico", si se estudia seriamente, demuestra ser irrelevante para el aborto, según un novísimo estudio del Departamento de Medicina Psicológica de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda (en el número de abril del Australian and New Zealand Journal of Psychiatry), que examina 8 estudios recientes de Nueva Zelanda sobre ansiedad, depresión, abuso de alcohol, drogas y tendencias suicidas en mujeres que abortaron comparadas con las de quienes dieron a luz. Los profesores Fergusson, Horwoodd y Boden concluyen: "la evidencia creciente es que el aborto no tiene beneficios terapéuticos, algo que no puede ser ignorado indefinidamente". En Nueva Zelanda, como en España hace poco, el 98% de abortos se realiza por "riesgo para la salud psíquica".

Por el contrario, el aborto sí es causa de problemas de salud mental, según demostró un estudio del 2011 en el British Journal of Psychiatry con más de 800.000 mujeres.


El Partido Popular ya gobernó España entre 1996 y 2004, mantuvo la Ley del aborto de 1985 y no estableció mecanismo alguno para que se aplicasen sus supuestos de forma estricta. De hecho, fue el PP quien introdujo en España la píldora abortiva en febrero del año 2000.

La declaración de Gallardón de que “debe regularse el derecho a la objeción de conciencia de los médicos” tampoco es vista necesariamente como una mejora desde los sectores pro-vida.

Con la actual ley de Zapatero es difícil objetar porque presenta el aborto como un "derecho", pero en la práctica la Constitución recoge el derecho a la objeción de conciencia, de forma muy amplia, y favorece a los sanitarios que quieran acogerse a ello para no participar. Una regulación podría, en la práctica, dificultar la objeción.


En el acto en el Foro de La Razón estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro o la titular de Sanidad, Ana Mato (que tampoco ha empleado estos 17 meses de Gobierno para reducir de modo alguno el número de abortos, exigir inspecciones en las clínicas, plantear reglamentos restrictivos, etc...).

Entre los asistentes, se encontraban también varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.